Jesús María Valle, en la conciencia de Álvaro Uribe

Hace ya 16 años, en la tarde del 27 de febrero de 1998, sicarios de la tenebrosa banda de La Terraza asesinaron en su oficina al abogado Jesús María Valle Jaramillo, un férreo defensor de derechos humanos de Antioquia que entregó su vida defendiendo a campesinos pobres de su tierra natal, Ituango, y pregonando la barbarie que cometían contra su pueblo las huestes criminales de Carlos Castaño Gil en connivencia con autoridades civiles y militares.

En la conciencia de Álvaro Uribe Vélez, exgobernador de Antioquia, expresidente de la República, y candidato al Senado, debe gravitar el asesinato de Valle Jaramillo, entre otras razones porque los señalamientos del jurista siempre lo comprometieron. Así quedó registrado en una declaración que rindiera el defensor de derechos humanos ante un fiscal regional el 6 de febrero de 1998, tres semanas antes de su homicidio:

“Yo siempre vi y así lo reflexioné que había como un acuerdo tácito o como un ostensible comportamiento omisivo, hábilmente urdido entre el comandante de la IV Brigada, el comandante de la Policía de Antioquia, el doctor Álvaro Uribe Vélez, el doctor Pedro Juan Moreno y Carlos Castaño. Todo el poder de los grupos de autodefensa se ha consolidado por el apoyo que ese grupo ha tenido con personas vinculadas al gobierno, al estamento castrense, al estamento policivo y a prestantes ganaderos y banqueros del departamento de Antioquia y del país”.

La falta de respuestas por parte de las autoridades, tanto civiles, como militares y de policía, fue una constante frente al accionar paramilitar en el municipio de Ituango y en buena parte de los municipios del norte del departamento, justamente donde la familia Uribe Vélez tenía una enorme finca, llamada La Carolina. En su declaración ante la Fiscalía regional, llamó la atención sobre ese silencio estatal: 

“El grupo paramilitar sembró el terror en Ituango. En un solo día había hasta cuatro asesinatos en la plaza en presencia de todos, de todas las autoridades del Ejército y la Policía y no había ni respuesta del gobernador de Antioquia, ni del secretario de Gobierno, ni del comando de la Policía, ni del comando del Ejército; y así, de 1996 a 1997 diciembre 31, fueron asesinados más de ciento cincuenta (150) ciudadanos de la región, entre ellos dirigentes de la acción comunal, campesinos humildes, dueños de tiendas comunitarias, profesores y transportadores”.

Tuve la oportunidad de cubrir para un periódico regional el sepelio del defensor de derechos humanos. En esa ocasión entrevisté a uno de sus alumnos de Derecho de la Universidad de Antioquia y apesadumbrado me dijo algo que por estas épocas vuelve a mi memoria: “sabe que a mí no me sorprendió la muerte de Jesús María. En el ambiente se notaba que él ya estaba condenado. Sus verdades el año pasado acerca de la complicidad del Ejército con los paramilitares en Antioquia le dolieron a muchos. De ahí sabíamos que lo iban a matar”.

Antes que atender la crisis humanitaria que se cernía sobre Ituango, el entonces gobernador Uribe Vélez y el comandante de la IV Brigada del Ejército, Carlos Alberto Ospina Ovalle, se fueron lanza en ristre contra el presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia. El primero resaltó en medios radiales que esas críticas eran producto de su animadversión por las Fuerzas Armadas; y el segundo siempre negó la presencia paramilitar en esa población, pese a que cuatro meses antes una facción de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) arremetió contra los pobladores del corregimiento El Aro, y asesinaron a 15 personas, abusaron de las mujeres, incendiaron varias viviendas y robaron decenas de cabezas de ganado.

Esas omisiones, que no me cabe duda, fueron premeditadas, así como la irresponsabilidad de atacar a quien denunciaba las atrocidades cometidas por paramilitares en connivencia con sectores de las Fuerzas Militares, ocasionaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado colombiano, en sentencia proferida el 27 de noviembre de 2008. 

En su decisión, este tribunal sostuvo que, en este caso, “prevalece la impunidad en el presente caso en razón de que los procesos y procedimientos internos no han constituido recursos efectivos para garantizar el acceso a la justicia; investigar y eventualmente sancionar a todos los participantes en la comisión de las violaciones, incluyendo la posible participación de agentes estatales”. Más de cuatro años después, esa situación continúa en relación con la participación de sectores estatales en la comisión del crimen.

Y no puede descartarse la participación de agentes estales, si se tienen en cuenta las confesiones entregadas a fiscales de Justicia y Paz por Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, en una audiencia realizada en Medellín en febrero de 2012, quien admitió que el asesinato del jurista fue una respuesta de a sus denuncias y señaló a Pedro Juan Moreno Villa, el entonces secretario de Gobierno Departamental de la administración Uribe Vélez como el incitador del crimen.

Cuando uno lee esas declaraciones y le suma lo que hace más de 16 años declaró Valle Jaramillo, cobran validez las palabras que a finales del año pasado dejó consignadas en una decisión judicial el magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, con respecto a Uribe Vélez: “No es posible estar dentro de una piscina y no mojarse”.

Razón tenía el jurista asesinado cuando en uno de sus últimos discursos, pronunciado el 25 de agosto de 1997 en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, dijo que el “meridiano de la violencia pasa por Antioquia” y se lamentó de que desde este departamento se estuviera “exportando, a través de una concepción equivocada del orden público, violencia para departamentos pacíficos como los de la Costa y Chocó”. 

Detrás de esa exportación estuvo Álvaro Uribe Vélez, a quien el homicidio de Valle Jaramillo le debe gravitar en su conciencia, pues los señalamientos en contra del abogado defensor de derechos humanos ocasionaron que se activara un aparato sicarial que lo acribilló en su oficina del centro de Medellín. Lástima que la justicia no tenga la capacidad de determinar la relación causal de las palabras del ahora candidato al Senado con aquellos que accionaron el gatillo.