El voto para los militares, el plebiscito y la caja de pandora

El país está atravesando difíciles momentos de confusión: El Presidente le propondrá al país un Plebiscito en el cual se juega la paz o la guerra, según sus propias palabras, con las Farc. Pero también se juega su puesto o por lo menos su legitimidad y gobernabilidad porque este Plebiscito, como todos los Plebiscitos que merecen este nombre, pone a consideración del electorado una propuesta que hace el titular del Gobierno, de manera que el resultado afecta por igual a la pregunta y a quien la fórmula.

El Plebiscito que no se necesita ni para aprobar, ni para legitimar, ni para implementar los Acuerdos de Paz, ni para darles validez, compromete tanto la paz con las FARC como la estabilidad del Presidente de la República en su cargo. Estamos a punto de abrir una Caja de Pandora. La Corte Constitucional, por su parte, determina que el resultado del Plebiscito es jurídicamente vinculante para el Presidente de la República: “si el plebiscito no es aprobado… el efecto es la imposibilidad jurídica de implementar el Acuerdo Final”… Esto le ata las manos al Presidente respecto de los Acuerdos desaprobados por el electorado, lo que no tiene nada de imposible si le
creemos a la encuesta de Datexco publicada anteayer: El 27,0% de los encuestados votaría por el “sí” a los Acuerdos; el 35,9% votaría por el “no”, el 29,1% se abstendría; el 6% no sabe; el 2% no responde. Si estas cifras persisten el Gobierno perdería el Plebiscito doblemente, primero, porque sobre una votación improbable, por ejemplo, de 15 millones, no alcanzaría el número de votos para ser aprobado pues requeriría más de 4.520.000 y el 27% de 15 millones es apenas 4.050.000;
perdería, así mismo, porque el “no” le ganaría al “sí”. Es que definitivamente estamos decididos a abrir la Caja de Pandora.

En febrero de 1.945 bajo el gobierno del doctor Alfonso López Pumarejo y las enseñanzas que arrojaba nuestra experiencia histórica, es aprobado el Acto legislativo No.1 de ese año que en su artículo 74 dice: “Los miembros del Ejército, de la Policía Nacional y de los Cuerpos armados de carácter permanente, no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en debates políticos”.
El artículo 168 de la Constitución del 86 con la adición señalada fue incorporado casi con la misma redacción a la Constitución del 91. Nos ha ido bien a los colombianos con la prohibición a los miembros de la Fuerza Pública de ser deliberantes y de ejercer el derecho político del sufragio mientras permanezcan en servicio activo.

También le ha ido bien a esta Institución. Ello nos ha permitido, hasta cierto punto, que nuestras Fuerzas Armadas mantengan su unidad al no ser carcomidas por el gusanillo de la política partidista o de grupo, de la politiquería y del clientelismo. Ahora hay quienes quieren cambiar ésto dentro de la afición colombiana de odificar todo lo que funciona bien. Es el gracejo según el cual “ya que estamos tan bien aquí, ¿por qué no nos vamos para otra parte?”

Los votos sirven para decidir sobre políticas que determinan el rumbo del país. Para decidir sobre opciones políticas. Por eso es un derecho político elegir y ser elegido. Un reservorio de
aproximadamente 500.000 votos no le será indiferente a los líderes políticos que terminarán dirigiéndose a los militares para que apoyen sus ideas, sus partidos, sus opciones de poder.

Así, darles el voto a los militares es por definición introducir el virus de la acción electoral en sus filas. Y se oyen los más disparatados argumentos: por ejemplo, que los militares y los policías irían silenciosos, vestidos de civil, sin armas a votar. El día de las elecciones no tendríamos para la seguridad del país la totalidad de la Fuerza Pública armada para el cumplimiento de sus funciones esenciales porque un número considerable de su medio millón de hombres y mujeres, estarían,
haciendo filas en los puestos de votación o preparándose para concurrir a ellos. En sus cuarteles, en sus reuniones, en sus relaciones de amistad no hablarían los unos con los otros respecto de por quién votar, ni por qué partido, ni la razón de hacerlo. No entablarían conversaciones al respecto ni discutirían de la ideología, del programa de gobierno o de la personalidad del candidato que atrae su apoyo. Los afines no se congregarían para conversar académicamente sobre sus convicciones. Serían unas especies de Robinson Crusoe, aislados, silenciosos, tristes, sin instintos gregarios, y todo ello en medio de la multitud de sus compañeros, con quienes no cruzarían, ¡a quien podría ocurrírsele! una palabra respecto de sus preferencias electorales.

Serían desde el más alto General o Almirante hasta el más humilde de los soldados, marineros o policías una comunidad, desde el punto de vista del derecho político del voto, de seres perfectos, puros, limpios, incapaces de sugerencias o presiones, de pasiones o reacciones de bandería. Menos aún capaces de hacerle esguinces a la ley. Votarían sin ilustrarse, sin enriquecerse con el dialogo creativo sobre los diversos temas, sin buscar que otros defiendan con su voto lo que ellos defienden con el suyo. Se les daría el derecho al voto pero sin el complementario derecho de expresión. Podrían formarse, por ejemplo, “comunidades del anillo” o de otro tipo, pero no
sociedades secretas de votantes. De este proyecto de artículo sí que se podría decir que está concebido para ángeles.

Si las Fuerzas Armadas votan, entran, por la naturaleza misma de las cosas y del voto, en la arena política, y como decía Alberto Lleras: “Si las Fuerzas Armadas entran a la política…entran inevitablemente en la disputa sobre si el Gobierno es bueno o malo. Inmediatamente se forma un partido, el suyo, y otro el adversario del Gobierno. Dividen a la Nación, en vez de unificarla… La política mina la moral y la disciplina de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, al transgredir el límite de sus funciones, entran a la política y la dañan, la dañan simplemente porque nadie las invita a entrar a la política sino con el ánimo de que echen bala por su cuenta,
pongan los muertos, destruyan a sus enemigos y defiendan intereses ajenos a las conveniencias generales de la República”. (Discurso en el Teatro Patria, 9 de mayo de 1.958) Si hemos padecido los llamados “falsos positivos”, sin que la política entre a los cuarteles por la vía del derecho político del voto, bien podemos los colombianos imaginarnos lo que sucedería cuando ellos puedan sufragar e inevitablemente se formen cofradías.

Desde otro punto de vista, la influencia de los superiores sobre los inferiores en una institución totalmente jerarquizada y consagrada a la obediencia sin discutir la orden no se haría esperar, ya bajo el discurso con alusiones indirectas, lenguaje sibilino, silencios que hablan, o ya bajo omisiones conscientes. Todos estos instrumentos permitirían, sotto voce o de manera abierta, expresar la inclinación política del superior en la esperanza de que sus subordinados hagan lo propio. Adicionalmente, para esa tarea estarían las organizaciones que agrupan a los militares en retiro, como Acore.

Los militares y los policías son servidores públicos. Y como todos los servidores públicos están sometidos a prohibiciones, a incompatibilidades e inhabilidades. La incompatibilidad es la prohibición que impone la Constitución o la ley a los servidores del Estado para desarrollar ciertas funciones por razón del cargo que se ocupa y mientras lo ocupan. Por ejemplo, los servidores públicos no podrán nombrar como empleados a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, tampoco podrán celebrar contratos con entidades públicas. Son limitaciones al ejercicio de sus derechos y de los derechos de sus parientes.

La Inhabilidad es la prohibición a quienes desempeñan o han desempeñado ciertos cargos a ejercer determinadas funciones en el futuro. Por ejemplo, quien es Presidente de la República o lo ha sido está inhabilitado para volver a serlo. Se le ha denegado el derecho político a ser elegido. Lo mismo sucede con los militares respecto del derecho al voto. Por razones de conveniencia pública de nuestra Democracia se les limita el derecho político a elegir y a ser elegidos pues son una fuerza permanentemente armada. Es una limitación temporal mientras se desempeñan como tales. Creo que es desde este ángulo que debe verse la prohibición consagrada en 1.945,
sabiamente, a nuestra Fuerza Pública respecto del derecho al sufragio.

¿Será que nos estamos volviendo locos y queremos abrir también esta otra Caja de Pandora?