En caso que gane el 'No', ¿estará todo perdido?

Los amigos del Proceso de Paz con las FARC tenemos motivos legítimos de preocupación por cuenta de que el Gobierno, al tiempo que se juega íntegro por el triunfo del Proceso y del Acuerdo Final, hace y dice tantas cosas que redundan en perjuicio de los mismos, que a veces uno termina confundido.

La primera sorpresa fue que el Presidente tomara apoyo en la referencia del “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto”, a los “Mecanismos de Refrendación de los Acuerdos”, para prometer unilateralmente que el Acuerdo Final con las FARC sería sometido a la consideración del “pueblo”. Esto no tiene precedente de ninguna naturaleza en la historia de Colombia, tan pródiga en acuerdos de paz, en amnistías e indultos. Desde luego, esta “promesa”, a la cual supuestamente no se puede incumplir, tiene el potencial de arruinar el Proceso de Paz, si le creemos a quienes sostienen que en caso de ganar el ‘No‘ la única opción es continuar la guerra.

La Corte Constitucional no está de acuerdo con esa apreciación, las FARC tampoco y el sentido común menos. Es cierto que la Corte Constitucional en su sentencia C-379/16, según el Comunicado No.30, afirma que si el Plebiscito no es aprobado “el efecto es la imposibilidad jurídica de implementar el Acuerdo Final”... Pero también que “una potencial desaprobación del Acuerdo Final tiene incidencia únicamente respecto de la implementación de esa decisión de política pública en específico, manteniéndose incólumes las competencias de los diferentes órganos del Estado, entre ellas la facultad del Presidente para mantener el orden público, incluso a través de la negociación con grupos armados ilegales, tendiente a lograr otros acuerdos de paz. Dichos acuerdos, a su vez, podrán ser sometidos a refrendación popular si así lo decide el Ejecutivo y el Congreso, siempre con base en las normas constitucionales que regulan los mecanismos de participación”. (Negrillas, mías).

Tenemos entonces que si bien en la hipótesis señalada no es posible jurídicamente hablando implementar el Acuerdo Final sobre todo porque el resultado del Plebiscito es jurídicamente vinculante para el presidente, lo que es sin duda un contratiempo de marca mayor para el logro de la paz establecido por la ley y por la Corte, sí es posible la renegociación de uno nuevo, tanto más cuanto que las FARC a través de Carlos Antonio Lozada ha señalado: “si gana el ‘No‘, no significa que eso tenga que dar al traste con el proceso, porque la paz como derecho síntesis no puede llevarnos a tomar esa decisión de continuar una guerra tan dolorosa”. (El Nuevo Siglo, 29/06/16).

Y no puede ser de otra manera. Firmado el Acuerdo Final entre el presidente y las FARC, éstas renuncian a su Rebelión, es decir, a su intento de derrocar al Gobierno, de suprimir o modificar el régimen constitucional y legal vigente. ¿Cómo pretender que después de esa renuncia podamos continuar la guerra con las FARC, cualquier cosa que pase en el Plebiscito? Parecería que ello no fuera posible por sustracción de materia, esto es, porque los alzados en armas le han puesto fin a la Rebelión en un acuerdo con el Gobierno. Pero esto del Plebiscito y sus efectos es tan absurdo que cualquier cosa puede ser posible, al colocarse la suerte del derecho a la paz con las FARC en manos del electorado, lo que, de paso sea dicho, impide cumplir lo previsto en el punto 6 del “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” en cuanto establece que “La firma del Acuerdo Final da inicio a la implementación de todos los puntos acordados”. Ahora la implementación sólo es posible después del Plebiscito y sólo si triunfa el ‘Sí‘.

Es cierto que el Presidente de la República ha repetido hasta el cansancio y de manera estratégica que si la ciudadanía no apoya con su voto su propuesta plebiscitaria, “saldremos para la guerra”, y hasta ha dicho que las FARC se preparan para la guerra urbana. Esto es sencillamente inconcebible. No es posible llegar a un Acuerdo de Paz después de aproximadamente 5 años de negociaciones, para tirarlo por la borda por cuenta de que la ciudadanía, incompresiblemente, ponga a ganar el ‘No‘. No se puede, de antemano, cerrar, en ese escenario, las vías de la paz. Alguna solución de compromiso tendrá que ser posible. Lo que sí hay que descartar desde ahora es la idea de someter esa seguramente difícil solución de compromiso, si se llega a ella, a otro absurdo plebiscito.

Sorprende también que muchas de las medidas que se han convenido con las FARC, sobre todo en materia agraria y política, como el estatuto de la oposición, que es una asignatura pendiente pues está consagrada en la Constitución del 91, no se hayan abierto paso hasta ahora. Es que el principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado, ha resultado un impedimento, aunque no necesariamente debería serlo, para comenzar la discusión en el Congreso sobre esas materias de las cuales se dice que hay que llevarlas a la práctica con Acuerdo de Paz o sin él. Si ello es así, el retardo en implementarlas no se justifica.

Finalmente, otra sorpresa: Dice la Corte respecto de “la publicación y divulgación del contenido íntegro y definitivo del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” que la ciudadanía debe conocer sus términos “desde el momento mismo en que el Presidente de la República informa al Congreso acerca de su intención de convocar el plebiscito… De esta manera, se garantiza el suficiente y adecuado acceso al contenido íntegro y definitivo del Acuerdo Final desde el acto de convocatoria, lo cual permite un debate democrático e informado, no sólo respecto del Congreso, sino también de la ciudadanía en general y desde el inicio del procedimiento de convocatoria al Plebiscito Especial”.

La idea del Presidente de enviar el informe sobre el Plebiscito al Congreso sin la firma del Acuerdo Final será interpretada en el sentido de que quiere desconocer en alguna medida esta decisión de la Corte que trata del “contenido íntegro y definitivo del Acuerdo Final”, y que no puede ser íntegro y definitivo sin la firma de quienes representan legítimamente a cada una de las partes. Esto termina jugando un papel en contra de la aprobación del Plebiscito y, por ende, de la paz.

* Constituyente 91