La batalla que volvimos a perder

A pesar de las advertencias de organizaciones como la Misión de Observación Electoral y Transparencia por Colombia, otra vez –¡y quizás como nunca antes!– nos quedó grande la lucha contra la trashumancia electoral.

La forma en que el Consejo Nacional Electoral remedió su error frente a la anulación masiva de cédulas, incluidas las legítimamente inscritas, nos puso en el peor de los mundos: terminaron habilitando de nuevo un buen número de cédulas para que no pagaran justos por pecadores con el problema de que en el proceso de reactivación volverán a colarse los que incurrieron en el delito de la trashumancia y simplemente habremos quedado en las mismas.

El bochornoso episodio nos deja la terrible conclusión de que todo lo estamos haciendo mal y que por cuenta de estas chambonadas será posible decir a partir del lunes que en varios lugares de Colombia no existe democracia, porque todo se compra y todo se arregla mientras vemos con impotencia que a nuestras autoridades electorales les quedó grande el problema del trasteo de votos.

Esta es ciertamente una batalla que volvimos a perder pero aún podemos aprender ciertas lecciones de cara a los próximos comicios.

Suena a Perogrullo pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) debería saber que cuando se hacen cruces con bases de datos, la condición obvia es que aquellas estén actualizadas y que reflejen la realidad con la mayor precisión posible. O los honorables magistrados no se percataron de que estaban frente a unas bases de datos obsoletas o –lo que es todavía peor– el Estado no dispone de listados confiables y actualizados que identifiquen los lugares de residencia de los colombianos.

La metodología que están usando en el Consejo Nacional Electoral para comprobar la atipicidad de la inscripción de cédulas (¡acaso otro algoritmo a lo Natalia Springer!) no es para nada seria y se acordarán de mí cuando por cuenta de estas improvisaciones el contratista señalado para esta misión termine demandando al Estado por un desequilibrio contractual, alegando que lo están poniendo a hacer más de lo que se pactó con tanto reverzaso los días previos a las elecciones.

Existe un problema de tiempos que también es grave y que eventualmente alegarán los magistrados del CNE para lavarse las manos pero que es real y merece ser revisado. Por ley, las autoridades electorales sólo disponen de un mes antes a los comicios para revisar la inscripción de cédulas, detectar y castigar la trashumancia. De esta manera los recursos de reposición de quienes creen haber sido excluidos injustamente de la jornada electoral, se acumulan los últimos días y es prácticamente imposible resolver todos ellos. Por eso terminamos en lo que ocurrió en estas elecciones: dos días antes de las votaciones todavía había gente que no sabía si podía votar o no y dónde debía hacerlo. El mismo CNE no tenía claro qué hacer con tanto chicharrón.

Aunque ni la Procuraduría ni el Gobierno Nacional se atreven a cuestionar la transparencia de esta jornada electoral para no generar pánico con sus declaraciones, en las últimas reuniones a puerta cerrada esos comités electorales establecieron que en varios municipios de Colombia nos meterán gato por liebre porque la trashumancia electoral quedó vivita y coleando sin que el Estado pudiera hacer nada de verdad para detenerla.

La organización electoral requiere de una reforma profunda pues no habrá paz si en muchos rincones de Colombia se siguen robando las elecciones por cuenta de la falta de controles efectivos de las autoridades. Otro día hablamos de la responsabilidad de los partidos políticos frente a sus candidatos que promueven la trashumancia. Por ahora, nos tendremos que sentar a llorar por esta democracia a medias y reconocer que esta es una batalla que perdimos otra vez.

Twitter: @JoseMAcevedo