Monsalve, un testigo blindado

Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella contra el expresidente Alvaro Uribe, goza de un blindaje inexplicable y peligroso para encontrar la verdad y hacer justicia. Tanto, que resulta sospechoso para los más suspicaces. El Estado tiene la obligación de protegerlo, eso no está en discusión. Los investigadores aseguran que quieren matarlo. Otra cosa es que pueda hacer lo que le da la gana en su sitio de reclusión. No nos digamos mentiras: Monsalve está blindado porque su testimonio señala a Uribe.

Si fuese contra cualquier otro expresidente, quizá sería tildado de loco o de charlatán. Pero no entraré en esas honduras. Es la Corte la que determinará si Monsalve dice la verdad o no, aunque algunos solo estén dispuestos a aceptar que los magistrados condenen a Uribe con ese testimonio.

Monsalve duerme en una cómoda habitación, sin rejas, cocina sus alimentos, tiene televisor y puede recibir visitas. Ante estos privilegios, el testigo debería cumplir con unas obligaciones mínimas: decir la verdad, no volver a delinquir y tener un comportamiento intachable. Pero eso no parece ser lo que está ocurriendo. En un operativo sorpresa del Inpec en la casa fiscal de La Picota donde se encuentra detenido, le decomisaron un celular, un computador y una impresora. En el área común fueron hallados desde videojuegos hasta whisky. Las autoridades también tienen unas fotografías que muestran al testigo consumiendo licor con su papá, un hermano y un amigo, aparentemente en la visita que le hicieron el 28 de diciembre. Todas las imágenes fueron colgadas en un perfil de Facebook que manejaría Monsalve desde la cárcel bajo el nombre de Daniel Betancur. Este fue cerrado tras la requisa. Otras informaciones de inteligencia hablan de que Monsalve tendría actividades ilegales desde la reclusión. Eso debería ser investigado. Pero ¿quién se atreve, si se trata de un testigo blindado?

Esta columna conoció que Monsalve habría aceptado su falta en el proceso disciplinario que inició la dirección de La Picota en su contra por violar el régimen carcelario. Pero el Inpec tiene las manos amarradas y muchas presiones. Por ser Monsalve quien es (el testigo estrella contra Uribe), no pudo ordenar su traslado inmediato como lo haría en cualquier otro caso. La Corte, que está en tiempo de vacancia judicial, tendrá que definir cuál será la sanción para que el detenido esté seguro, pero que no abuse.

No puedo evitar decirles que me causó sorpresa que en las redes sociales se alzaran voces importantes defendiendo a Monsalve y cuestionando a la ministra de Justicia y al director del Inpec por haber ordenado y ejecutado el operativo. Si tenían información sobre los excesos del testigo, su obligación era actuar, no ser cómplices. No sé si pretendían que se hicieran los locos.

Otros, incluso, cuestionaron a SEMANA por publicar la noticia. Me pregunto si los periodistas que critican se hubieran guardado la información solo por tratarse de Monsalve. ¡Grave! Estoy convencida de que si los abusos fueran de un testigo a favor de Uribe, habría portadas en todos los medios y el debate no habría terminado. Ninguno habría descansado hasta ver su traslado.

Los que están preocupados por los elementos que le fueron decomisados a Monsalve pueden estar tranquilos. La ley dice que se trata de una violación al reglamento carcelario, no de un delito. Así que estos serán devueltos por medio de un tercero que el mismo recluso autorice. Mientras tanto, permanecen en cadena de custodia en el Inpec y nadie puede tocarlos. Me da pena con sus defensores, pero el país sí debería saber qué hay en el teléfono y el computador de Monsalve, con quiénes habla, qué dicen sus correos y cuáles son sus movimientos desde La Picota. Al fin y al cabo, el testigo no podía tener esos elementos en la prisión.

Entiendo que el tema Monsalve es muy sensible, ad portas de la definición de la situación jurídica de Uribe. No se trata de desprestigiar al testigo, que en todo caso no tiene prestigio porque es un delincuente consumado, condenado a 40 años de cárcel. Siempre será un bandido. Tampoco denunciar sus excesos puede ser visto como un distractor que busca ocultar una verdad. Se trata de ser justos, nada más. Los magistrados que han confiado en él deben estar muy preocupados.

Ningún recluso debería tener privilegios. Ninguno. Todos deberían pagar sus penas o afrontar sus procesos simplemente en condiciones dignas. Sin embargo, sé que el sistema carcelario en Colombia fracasó por la corrupción. La plata y el poder lo pueden todo. Cuando escribí esta columna, tampoco habían sido trasladados los compañeros de prisión de Monsalve, Leonardo Pinilla, alias Porcino, procesado por el cartel de la toga y José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana, preso por Odebrecht.

No soy defensora de oficio de Uribe. Pero como he dicho en otras oportunidades, el expresidente tiene que tener todas las garantías procesales, como cualquier colombiano —ni más ni menos— y esto incluye que un testigo como Monsalve, que declaró contra él, no esté blindado y se haya convertido en un intocable. Así, quieran o no, su testimonio genera desconfianza. Si la Corte encuentra que Uribe es responsable de alguna conducta penal, debe responder; eso tampoco está en discusión.