Justicia ciega

Camilo Bula, el único condenado por la corrupción en la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), dijo en una entrevista radial en 2015 que imploraba a los medios de comunicación que no dejaran que la justicia se arrodillara frente a la corrupción de esa institución, y predijo que todos, menos él, quedarían impunes. Esta semana el Tribunal Superior de Cundinamarca declaró inocente a Carlos Albornoz, el exdirector de esa institución. ¿Será casualidad que, en medio de la conmoción generada por la covid-19, los corruptos y sus abogados acumulen tantos éxitos judiciales?

Mientras nuestros ojos están puestos en la covid-19, el virus de la corrupción –esa pandemia moral con la que convivimos– sigue erosionando los cimientos de lo público. Y es el peor momento para atentar contra el fisco, no solo por la pérdida de legitimidad de lo público, sino porque hoy cada peso cuenta para salvar vidas y nuestra economía está en coma. Sin embargo, la declaración de inocencia de Albornoz es una poderosa señal de lo que nos ofrece la justicia: impotencia.

La entidad que estaba a su cargo era fundamental para la política antidrogas del país, pues administraba los bienes objeto de procesos de extinción de dominio por provenir de actividades ilegales, y se encargaba de venderlos en caso de proceder la extinción. Este es uno de los mecanismos más efectivos para enfrentar el narcotráfico, pues pocas personas cometen este crimen por placer; el beneficio económico es la motivación, así que quitarlo es clave en la lucha contra el crimen. Además, la gestión eficiente de estos enormes patrimonios constituye un ingreso importante para fortalecer esa misma lucha y, en tiempos de pandemia, para generar recursos adicionales para el Estado. En 50 años el narcotráfico y sus cómplices tienen que haber acumulado una fortuna, que puede superar los 20.000 millones de dólares.

Pero bajo la dirección de Albornoz ocurrieron innumerables anomalías que enriquecieron a muchas personas, con el agravante de que Camilo Bula, cual Quijote, trató de contarnos lo que pasó hasta que la misma justicia lo silenció. Así mismo, fuentes aún anónimas dentro de la entidad revelaron serias ilegalidades, entre ellas, la desaparición de archivos y la eliminación del registro de más de 14.000 predios y empresas del crimen organizado de las bases de datos del sistema Faro de la DNE; una auditoría que aún no se ha hecho. Otras versiones cuentan cómo los narcotraficantes influían la selección de depositarios para recuperar sus bienes. La selección de administradores (depositarios) de los bienes en procesos de extinción no obedecía a criterio alguno; de hecho, muchos parecen más bien formas de testaferrato. Por ejemplo, las propiedades de Popeye que fueron objeto de incautación quedaron en manos de sus familiares, y su madre vivió en una de ellas hasta hace un par de años.

El caso por el que fue recientemente absuelto Albornoz tiene que ver con las ventas de bienes por parte de la DNE en una fracción de su valor. Las inmobiliarias que acompañaron estos procesos eran parte de las denuncias, y aunque es evidente la subvaloración de los bienes, nadie ha rendido cuentas. Acordémonos que Ambuila, de la Dian, también dice haberse hecho rico con la inmobiliaria de su mujer. Aún quedan varios casos emblemáticos por resolver, como el de los predios de la familia Nasser Arana en el centro comercial Villa Country, en Barranquilla; el inmueble de Rodríguez Gacha de 32.000 metros cuadrados en la calle 175 # 22-10 de Bogotá; y las fincas Cuba y Casablanca, de aproximadamente 780 hectáreas, entre Barranquilla y Puerto Colombia.

Cada uno revela las formas en que opera la captura del Estado en Colombia y la capacidad de nuestros creativos criminales para urdir el entramado. En el caso del predio de Rodríguez Gacha, por ejemplo, se da un juicio posesorio para hacer creer que la venta del predio sería un riesgo para el comprador que generosamente lo asumiría; se altera el avalúo catastral para ocultar que la compra era por un valor muy inferior al comercial; una funcionaria sorprendentemente acuciosa manda un oportuno e-mail solicitando el pago de la supuesta transacción y un ejército de abogados y demandas que le pueden representar al fisco 55.000 millones de pesos. El valor del predio ronda los 100.000 millones, y pretendían comprarlo por apenas 15.000 millones. Detrás de Recibanc, la sociedad que busca quedarse con el predio, está el poderoso agiotista tan mentado últimamente.

• El dueño del balón

Aunque todavía hay otro proceso penal por resolver, la reciente sentencia, que la Fiscalía y la Procuraduría deberían apelar, es sin duda un gran triunfo para la corrupción y un mensaje importante para el país de las sombras.