Justicia por mano propia, violencia desmedida y cada vez más inseguridad

Son cada vez más los casos de delincuencia que se cometen con mayor violencia en las calles de Bogotá, y en general, en el país. Hurtos, extorsiones y otros delitos cometidos por bandas organizadas y delincuencia común que siembran el terror en las ciudades, con personas que han decidido armarse y tomar la justicia en sus manos ante la sensación de desprotección e ineficiencia de las instituciones que deberían protegerlos.

No se puede normalizar la violencia, el homicidio disfrazado en defensa propia. Es una responsabilidad compartida; de los gobiernos, garantizar la seguridad de los ciudadanos y estructurar mejores estrategias para mitigar los índices de delincuencia que se han recrudecido especialmente en las principales capitales del país; y de los ciudadanos, denunciar y permitir que las autoridades cumplan con sus competencias de capturar, judicializar y poner a los criminales tras las rejas, sin acudir a la justicia por mano propia, decidiendo sobre una vida y considerando que la muerte de ese que comete el delito, es la única opción de acabar con el crimen. ¿En qué nos aporta como sociedad este tipo de comportamientos?

Si bien es cierto, las cifras demuestran que los delitos de alto impacto crecen, como por ejemplo en Bogotá, donde el hurto no ha podido lograr una mejora en estos dos años del gobierno y cuando en 2021 se registraron once muertes por linchamiento, resulta inaudito ver cómo se registran en redes sociales, sin pudor alguno y como una supuesta “victoria ciudadana”, los videos y las fotografías desde diferentes rincones del país, de grupos de personas que golpean o linchan a otras, de las que en muchos casos, ni siquiera se ha comprobado su culpabilidad, que simplemente fueron identificados por otros que creyeron que eran responsables, o que siendo culpables, no tienen la oportunidad de ser puestas en manos de las autoridades, porque los afectados asumen, que como suele ocurrir, saldrán en libertad en pocas horas y volverán a delinquir o tomarán venganza contra quienes se atrevieron a aportar las denuncias en su contra.

Y es que no es menor la preocupación cuando tenemos en el país más de 56.820 casos de reincidentes en las cárceles, principalmente por hurto con 12.229 casos y porte ilegal de armas con 8.051. Representa una alerta sobre la que debe poner la lupa y actuar el sistema judicial, además de revisar el hacinamiento en las cárceles, con una sobrepoblación que deja a la mayoría en detención domiciliaria y sin vigilancia efectiva, abriendo la puerta a que sigan delinquiendo como sucedió el año pasado, cuando de los 32.354 condenados que estaban en casa por cárcel, 5.553 resultaron reincidentes en nuevos procesos.

Si la responsabilidad de los gobiernos locales, municipales y del nacional es la implementación de políticas y planes de seguridad, lo es también la del aparato de justicia en mejorar los canales de denuncia, la atención de las víctimas y la efectiva judicialización de los delincuentes, sin excusas, sin demoras. Un ejemplo de ello es que desde 2016, en Colombia, solo el 3,16 % de las denuncias por hurto concluyeron en condena, una cifra que refleja que hay algo que va muy mal.

La crisis se desbordó, sin planes que den alcance a las problemáticas en los barrios, que no logran igualar la inteligencia que sí han aplicado durante la pandemia las bandas criminales en sus operaciones, sin campañas de convivencia que concienticen sobre el no uso de la violencia o sobre el valor de la vida y sin el acompañamiento a las comunidades, nada estamos haciendo por la seguridad.