La “agridulce” política de reindustrialización

La anunciada Política Nacional de Reindustrialización del gobierno de Petro emerge como una propuesta esperanzadora, pero no exenta de cuestionamientos y retos. Concebida tras un extenso periodo de diseño, busca transformar el modelo económico productivo a través de la inversión en capacidades propias del país y del progreso tecnológico. Sin embargo, su enfoque técnico limitado y su ejecución desde la base, priorizando a las pymes y tratando a la gran industria como ciudadanos de segunda clase, plantean interrogantes sobre su viabilidad y eficacia a largo plazo.

El borrador de esta política pública, dado a conocer hace pocos días, delineó estrategias centradas en pilares esenciales como la transición energética, la seguridad alimentaria, la defensa nacional y el desarrollo industrial del sector salud. Estos objetivos, si bien ambiciosos, se enfrentan a una realidad legislativa disonante. La reforma laboral, la paz total y la gota-a-gota reforma agraria, entre otras iniciativas en curso, generan un entorno de incertidumbre que podría estropear la necesaria reindustrialización del país.

La política proyecta un horizonte de desarrollo sostenible y competitivo a través de la innovación y la investigación. Sin embargo, las críticas externadas por varios sectores no deben ser ignoradas. Las preocupaciones por decisiones administrativas sobre la reducción de importaciones, el control de precios, la flexibilización de los regímenes de propiedad intelectual, los incentivos para el ingreso de productos internacionales de baja calidad, entre otras, impactan la confianza de los agentes de la producción en la reindustrialización.

Sin embargo, a pesar de las diversas dudas, la política plantea nuevos enfoques de reindustrialización que aportan una visión diferencial en respuesta a obstáculos importantes para el desarrollo industrial. Le apuesta a fortalecer la capacidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) para responder a las demandas de las empresas ancla y las cadenas de valor, tanto a nivel local, regional como global. Se pretende implementar una acción específica entre 2024 y 2034 para transformar digitalmente a estas empresas y aumentar su competitividad a través de la adopción masiva de tecnologías digitales. Además, se reconoce la limitación de acceso al financiamiento a través de microcréditos para estas empresas.

En cuanto a la gran industria, se ha detectado que las empresas más pequeñas asumen costos logísticos más altos en proporción a sus ventas en comparación con las medianas y grandes empresas. La política propone una estrategia de atracción de inversión con transferencia de tecnología y conocimiento. Se busca aprovechar las capacidades de innovación, tecnología y conocimiento presentes en el sector militar para su aplicación en otros ámbitos no militares, como la salud.

Asimismo, se prevé el fortalecimiento de las Oficinas Regionales de Transferencia de Resultados de Investigación (Otri) para dinamizar el mercado de transferencia de tecnología en el país. Se diseñarán instrumentos específicos para identificar y transferir tecnologías de proyectos de investigación y desarrollo, con un enfoque especial en sostenibilidad y desarrollo empresarial. En diversos sectores como ciencia, tecnología e innovación, educación digital, salud y desarrollo empresarial, se implementarán proyectos específicos para fomentar la investigación, abarcando plazos que varían entre 2024 y 2033.

Ahora, a pesar de estos aspectos destacables, las tensiones entre las diferentes visiones gubernamentales y la realidad legislativa son evidentes. Adicionalmente, los retos estructurales identificados por el Departamento Nacional de Planeación, incluyendo tasas de interés y complicaciones logísticas, son advertencias claras sobre otras posibles dificultades que enfrentará este proyecto.

La esperanza radica en la capacidad de ejecución de las estrategias presentadas en el borrador del Conpes, que buscan un modelo productivo sostenible y una economía basada en la innovación y el conocimiento. De igual forma, la apuesta por atraer inversiones, fortalecer la investigación y la internacionalización de sectores estratégicos como la salud y la energía son pasos significativos hacia un desarrollo económico integral para la industria.

Sin embargo, para que esta política no se quede huérfana, es necesario que se sincronice con el aparato reformista de Petro. En otras palabras, se requiere conexidad entre la pretendida reindustrialización y la reforma laboral, por ejemplo. Porque, ¿quién va a querer invertir en sus capacidades productivas en un ambiente de costos laborales más altos con sindicatos ideologizados fortalecidos? Además, la sinergia entre el sector público y privado, así como entre la pequeña, la mediana y la gran empresa -¡sin excluir a ninguna!- debe ser la melodía clave para orquestar un modelo armónico y sostenible.

La activa participación del sector privado en la Política Nacional de Reindustrialización es esencial para su éxito. El sector privado, con su experiencia y capacidad de innovación, puede impulsar el crecimiento industrial, crear empleo y mejorar la competitividad. Su involucramiento no solamente aporta recursos financieros (como el Gobierno cree), sino también conocimientos en investigación, tecnología y sostenibilidad. La colaboración estrecha entre el Gobierno y el sector privado garantizaría que las estrategias sean realistas y generen un impacto positivo en la economía, creando un entorno industrial más competitivo a nivel nacional e internacional. Pero, desafortunadamente, por ahora estamos lejos de lograrlo.