La amnesia de la Fiscalía en Medellín

A algunos fiscales especializados en Medellín parece que les falla la memoria, desconocen en qué ciudad trabajan o no investigan a profundidad el pasado de algunos miembros de empresas criminales que son capturados tras ingentes esfuerzos de fuerzas especiales de la Policía Nacional y del Ejército. 

Esa amnesia, ignorancia o negligencia, los lleva a plantear preacuerdos con poderosos delincuentes que tienen sobre sus espaldas crímenes de lesa humanidad que reposan, archivados y empolvados, en los anaqueles de despachos judiciales.

Uno de los casos que ya ha comenzado a sonar en la ciudad es el de Freyner Alonso Ramírez García, alias ‘Carlos Pesebre’, un emblemático criminal que intenta beneficiarse con la figura del preacuerdo para ser juzgado por los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión y uso de menores en la comisión de delitos, borrando con ello hechos delictuosos perpetrados en la última década en la zona occidental de la capital antioqueña.

Además, esa impunidad que rodearía el preacuerdo que ya tendría listo la Fiscalía General de la Nación evitaría ligar sus crímenes con sectores de la Policía Nacional destacados en Medellín, con los cuales se articuló para combatir, supuestamente, a la guerrilla, bajo el amparo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a través de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada.

Las decisiones de la Fiscalía alrededor de alias ‘Carlos Pesebre’ dan la sensación de estar procesando a alguien que solo venía delinquiendo en los últimos años, desconociendo por completo el pasado paramilitar de este hombre, quien logró hacerle el esguince a la justicia por mucho tiempo, tal vez con la complicidad de algunos operadores de justicia. 

Hay un caso que bien vale la pena reseñar como ejemplo de lo que significó alias ‘Carlos Pesebre’ a comienzos de la década del dos mil, cuando se apoderaron de las comunas de Medellín el Bloque Cacique Nutibara y, posteriormente,  el Bloque Héroes de Granada.

El hecho está reseñado en el expediente con radicado número 731.787, que contiene el proceso seguido a Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, por los delitos de desaparición forzada, homicidio agravado y desplazamiento forzado, perpetrados por hombres bajo su mando en la comuna 13 de Medellín desde finales del año 2002 y hasta el 2005, una vez las autoridades anunciaron la retoma de este sector de la ciudad tras la llamada Operación Orión.

A ese proceso fueron trasladas las indagatorias que rindió en Medellín el exparamilitar Gustavo León Vera Durango ante funcionarios de la Fiscalía General de la Nación el 4 y el 8 de marzo de 2004, y en las cuales hay un relato de un doble asesinato que revela el carácter implacable de alias ‘Carlos Pesebre’ y sus hombres, así como los nexos con sectores del Gaula de la Policía Nacional.

Vera Durango les contó a los fiscales que el 7 de octubre de 2003 fue testigo de la retención, tortura y muerte de Juan David Isaza y Juan Gaviria Gómez, hechos en los que participaron alias ‘Carlos Pesebre’ y tres de sus más cercanos lugartenientes. La primera de las víctimas era miembro del Bloque Cacique Nutibara y el segundo un amigo de éste. 

“A Juan David Isaza lo mataron, según Carlos Freyner, porque lo estaba entregando al Gaula de la Policía”, narró Vera Durango, quien supo que para esa época ‘Carlos Pesebre’ tenía un sargento del Gaula que le comunicaba lo que pasaba, entre ellos la posible delación que haría Juan David. “Al otro señor lo mataron para que no hubiese testigos del hecho”, precisó el indagado, quien en esos años operó como paramilitar en los barrios Olaya Herrera, Blanquizal, Fuente Clara, El Porvenir, El Paraíso y El Morro, zonas que por varios años, y aún hoy, controlan los llamados ‘Pesebreros’, bajo el mando de alias ‘Carlos Pesebre’.

Según Vera Durango, “yo me enteré a eso de las 5 de la tarde que los iban a matar. Me dijo (Freyner) que me fuera yo a hacer el hueco, que ellos se encargaban de hacer el resto. Fui con otro muchacho que ya es reinsertado apodado ‘Gallina’, cuando terminamos de hacerlo, ya los tenían a ellos en la casa y estaban torturando a Juan David, le colocaron los cables de energía en los pies, pero antes le echaban agua”.

No obstante, no presenció todo el horror. Según le dijo a los fiscales, “estando ahí mandó Carlos a botar el carro en el que ellos (las dos víctimas) iban, era un Renault 18 dos litros, modelo 84, yo lo llevé a un parqueadero que queda en el centro de Medellín; cuando volví a subir, ya los habían enterrado. Me enteré que los habían descuartizado porque los muchachos que lo hicieron eran del frente que yo manejaba y me contaron… A ellos los descuartizaron para que cupieran en el hueco”. 

Cuando los fiscales le preguntaron sobre alias ‘Carlos Pesebre’, lo describió así: “es mono, alto, grueso, tiene de 35 a 40 años aproximadamente, viaja seguido a Cartagena y Barranquilla en avión a hacer negocios de narcotráfico, no se mantiene en Medellín, cuando no está viajando está en Medellín en el barrio El Pesebre, ahí mismo viven sus padres, él es el comandante de los sectores La Soledad, El Pesebre, El Morro, Sapo Tieso, El Paraíso, Blanquizal, Olaya Herrera, Fuente Clara, La Campiña, Cucaracho, El Porvenir, La Pradera, Juan 23, El Coco, La Quiebra, La Divisa. Él es quien ordena todos los homicidios de esos barrios”.

Si las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación hubiesen avanzado de manera técnica, eficiente y sin nexos con la ilegalidad en todo lo acontecido en las comunas 7, 11 y 13, después de octubre de 2002, cuando el Estado le cedió el dominio de esos territorios a las Auc, criminales como ‘Carlos Pesebre’ estarían detrás de las rejas hace varios años, purgando largas condenas, y no habrían perdido la vida cientos de personas inocentes.

Para superar esos niveles de amnesia, ignorancia o negligencia de los operadores judiciales, lo mínimo que deberían hacer sería reabrir los casos archivados, dado el carácter de crímenes de lesa humanidad cometidos por órdenes de este delincuente, imputarle los delitos que correspondan y evitar que el próximo 29 de agosto se concrete el preacuerdo con la Fiscalía. Solo así habrá mayor justicia; de lo contrario, se impondrá la impunidad.

*Periodista y docente universitario