La “aplanadora” de 800 contratos de Roy Barreras

La Ley 05 de 1992, el reglamento del Congreso prescribe dentro de las 12 funciones de los presidentes de las Cámaras, en la número 11: “Cuidar que el secretario y demás empleados de la Corporación cumplan debidamente sus funciones y deberes”. Asimismo, “la Mesa Directiva de la Corporación, en calidad de órgano de orientación y dirección de la Cámara Alta, señala derroteros cuya observancia debe ser acatada por la Dirección General Administrativa” (art. 41).

Por eso extrañé que, al solicitarle al presidente del Senado, Roy Barreras, explicaciones –como servidor público, que lo es– sobre un carrusel de convenios administrativos impresentables, con direccionamiento amañado y sobrecostos, no hubiera respondido solícitamente, sino que esgrimió cuatro bravuconadas de manual: “No tengo nada que ver”, “es falso”, “todo es legal” y matonear al mensajero, con lo que pretende despachar el asunto.

Barreras alega la autonomía administrativa de la directora Astrid Salamanca Rahin, a quien llevó a ese puesto en 2012 y se atornilló, pero a la vez reconoce que él sí fue quien “puso al frente” del Canal y del Noticiero del Congreso a Carlos Moya y a Eduardo López. Es decir, admite en Twitter que unas veces interviene y otras no tanto, en un carrusel con el modus operandi de entregar a dedo y luego subcontratar, como en épocas en la Esap, por lo que la sala de instrucción de la Corte, en el despacho del magistrado Farfán Molina, lo ha investigado por “presuntos actos de corrupción”.

No puede obviarse tampoco que el manejo de “contratos sin los requisitos previos”, “inflar las cotizaciones” o de más de mil “de prestación de servicios personales indirectos conocidos como corbatas o nóminas paralelas”, con recursos del Legislativo, tienen un negativo precedente en el año 2000 (El Tiempo, 02/2000). El fallo condenatorio a varios responsables habló del “deber de cuidado”, aun si hacer nombramientos y la promoción y remoción del personal fuera encargo de otros (CSJ, proceso 17089, 23/9/2003).

Hablar de “nóminas paralelas” guarda relación con los contratos adjudicados del 1.° de agosto al 9 de diciembre, que suman 800, exceptuando los de personas jurídicas o empresas, casi a golpe de diez diarios por 92 días hábiles, una fábrica, y más en septiembre, cuando fueron 406 y, pese a que los empleados de carrera allí son 239, resultan cuatro órdenes por servicios por trabajador de planta (2019, D. Empleo Público). Los hay de todo valor, objeto y tiempo de duración y en muchos es fácil identificar al recomendante, que seguro está entre los 89 votos, incluido el de Barreras, que reeligieron a Salamanca por sexta vez consecutiva.

“Corbatas” al por mayor, por ejemplo el contrato a 40 días de Catalina Mesa Ramírez, esposa del director del Dapre, Mauricio Lizcano, por 13.333.333 pesos, firmado el 22 de noviembre, o el de Luz Adriana Marín, de la rosca de Itagüí del presidente del Partido Conservador, Carlos Trujillo, por 30 millones de pesos y a 92 días; o el de Karen Lizeth Madera, ficha del liberal Fabio Amín, por 28 millones, a cuatro meses; o de Hans Barrios, por 11.600.000 pesos, pastor en Suba del Centro Cristiano Empresarial Fe en Acción; o de Óscar Chaparro, cercano a Barreras en Santander, por 17.600.000 pesos a cuatro meses; o el ilegal, porque debería ser de nómina y da un cargo adicional al total permitido, de una asesora 1 de la UTL a la senadora Gloria Flórez del Pacto Histórico por 37,3 millones y a cinco meses; o del excandidato a la alcaldía de Titiribí, Diego Montoya, de “los paolos” uribistas, por 19.333.333 pesos a 116 días. Todos los partidos con tajada y no faltará quien diga: si siempre ha sido así, ¿por qué no en “el cambio”?

Muchos con objeto repetitivo, transcrito como forma Minerva, “prestar servicios profesionales y apoyo a la gestión” y se cuentan por decenas los de un mes de duración con valores distintos y funciones similares, que ya ni van a cobrar porque les consignan. ¿Es la “aplanadora” de Roy que aprueba la tributaria y demás proyectos? Vuelven a la memoria Teodolindo y Yidis Medina.

¿No ameritó tal avalancha una mirada, ni de reojo, de Barreras? ¿Se acaba de enterar? ¿A sus espaldas o fueron sus derroteros? ¿La doctora Salamanca, además una dinámica y líquida inversionista en finca raíz (ver relación propiedades, Supernotariado), procede a su libre albedrío, pese a que la Ley 05 de 1992 dictamina otra cosa?

El 13 de diciembre, por el correo institucional de SEMANA, la Fiscalía me comunicó que a la denuncia contenida en la columna anterior –por contratación amañada en el Senado– le asignó un número en el seriado de noticia criminal. Esta, de “nóminas paralelas”, complementa los desaguisados ocurridos en el Senado presidido por Roy Barreras y pide 800 explicaciones más.