OPINIÓN
La boda del año
Hay un dato interesante. El padre del novio fue destituído por la Procuraduría antes de la era de Ordóñez
Daniel Coronell, Daniel Coronell
9 de febrero de 2013
El matrimonio de Nathalia Ordóñez, la hija del procurador general de la Nación, ha ocupado todas las páginas sociales. Más allá del cotilleo hay informaciones que deben conocer los ciudadanos. El costo de la fiesta y la presencia de algunos invitados merecen la atención pública. El procurador Alejandro Ordóñez atendió una llamada telefónica que le hice el pasado viernes para hacerle unas preguntas sobre el tema.
La fiesta no fue un ejemplo de austeridad. La celebración para cientos de asistentes ocurrió en el exclusivo y costoso Country Club de Bogotá. El portal KienyKe asegura que “fueron invitadas 700 personas que bailaron hasta la madrugada”. El procurador Ordóñez me precisó que finalmente habían sido 630.
De acuerdo con expertos en planeación de este tipo de eventos una fiesta de matrimonio tipo élite para 200 personas –es decir la tercera parte de los invitados a esta boda– puede costar entre 40 y 50 millones de pesos.
Al parecer el doctor Ordóñez logró un mejor precio. Inicialmente me dijo que la fiesta había costado alrededor de 60 millones de pesos. Eso sí, aclaró que la suma no era exacta porque muchas cuentas estaban aún por llegar.
Unos minutos después recibí un correo electrónico en el que un funcionario de la Procuraduría me pedía comunicarme nuevamente con el jefe del ministerio público. Cuando hablamos por segunda vez, el procurador precisó que la cifra estaba más bien por los 90 millones. En todo caso, es un gran precio para un matrimonio tan elegante y con tantos convidados.
Ha sido tradición extendida la sociedad colombiana que la fiesta de matrimonio sea pagada por los padres de la novia. Sin embargo, el procurador resultó menos tradicionalista de lo que era previsible. Cuando respetuosamente le pregunté de dónde había salido el dinero para pagar la fiesta, me respondió “una parte del yerno, una parte de los regalos de los invitados a la fiesta y otra parte con mis recursos”.
Según el procurador, la financiación tripartita incluyó a los invitados. O por lo menos a algunos de ellos.
Habría que preguntarse, por ejemplo, qué llevó de regalo el presidente del Senado, Roy Barreras, que es al mismo tiempo elector del procurador, potencial investigado y antiguo beneficiario de la nómina de la Procuraduría.
En efecto, la hoy señora de Barreras, la doctora Gloria Helena Arizabaleta, a quien podemos ver en las sociales posando al lado de su digno esposo, fue nombrada por Alejandro Ordóñez como procuradora judicial 119, cargo en el que estuvo hasta que anunció su renuncia para que Roy pudiera reelegir sin ninguna clase de impedimento legal al procurador (ver foto de esposa de Roy Barrreras).
Sin embargo, no fue ese el invitado que más llamó la atención. Ataviado con bufanda de seda negra sobre el esmoquin y de la mano de su esposa la senadora Piedad Zuccardi, llegó el exsenador Juan José García Romero condenado por peculado por apropiación de manera sucesiva. Es decir por robar repetidamente recursos públicos (ver foto de esposa de Juan José García).
La Justicia probó que el ahora invitado del procurador General– que vigila la moralidad– se hacía consignar en su cuenta auxilios parlamentarios, o los hacía girar a una fundación de su mamá o sacaba el cheque a nombre de la empleada doméstica de la casa materna.
El procurador justificó la presencia de esta oveja descarriada diciendo que Juan José García ya había pagado sus culpas y que su amistad es más bien con la senadora Zuccardi (ya habrá tiempo para hablar de eso).
El doctor Ordóñez enfáticamente dijo que, como procurador, pidió la condena del hermano de Juan José, Álvaro García Romero, por la masacre de Macayepo. Tal vez no cayó en cuenta de la relación a la hora de hacer las invitaciones.
Hay un dato final que quizás sea interesante. El padre del novio, el doctor Alfredo José Palis Turbay, fue destituido por la propia Procuraduría.
Hace unos años –antes de que Ordóñez fuera procurador– la delegada para la moralidad pública encontró a Alfredo Palis responsable de faltas gravísimas y decidió destituirlo e inhabilitarlo por cinco años para ejercer cargos públicos (ver documento de destitución).
Cuando le pregunté al procurador General si sabía algo de la grave sanción a su ahora consuegro, respondió: “No sabía pero me lo refirió alguien. No he hablado con él directamente de ese tema, pero alguien me lo contó”.?De haberlo tenido claro, quizás el escrupuloso procurador habría preferido no aceptar los aportes del novio al pago de la fiesta.
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