Las cifras del SITP, una bomba que paralizará a Bogotá

Se estructuró una licitación para adjudicar 13 zonas, 9 sin troncal y 4 con troncal adjudicándose el 5 de noviembre de 2010 a 9 concesionarios la operación en una flota de 10.177 buses zonales, 568 alimentadores y 336 articulados y biarticulados. El sistema entró en operación entre octubre y diciembre de 2012 con contratos vigentes a 24 años prorrogables hasta por la mitad de ese plazo.

La flota a chatarrizar era de 16.000 buses de transporte colectivo que pululaban en la ciudad causando los grandes estragos en movilidad.

En la licitación se estructuraron tarifas para pagar el valor del bus en 12 años a tasa del 10 por ciento, para pagar el costo de operación por kilómetro y unas tarifas diferenciadas dependiendo de cada zona para cancelar los costos de financiación, de chatarrización y las utilidades del concesionario.

La situación actual del Sistema Integrado de Transporte Público está conformada por nueve concesionarios, de los cuales EGOBUS y COOBUS entraron en liquidación ante la Superintendencia de Sociedades, tres se encuentran en Ley de insolvencia ante ese mismo órgano de control societario –SUMA, MASIVO CAPITAL, TRANZIT- y solamente cuatro se encuentran en normal operación.

Los siete concesionarios en operación deberían estar prestando el servicio con 5.800 buses zonales y solo lo prestan con 4.800. Actualmente en la ciudad operan 4.800 buses de transporte tradicional bajo la figura de SITP provisional.

Debido a la situación financiera de los operadores, en la que solamente dos de los siete concesionarios en operación están pagando intereses a los bancos, los otros cinco se encuentran en cesación de pagos y a la fecha ningún concesionario ha podido abonar a los bancos el capital.

Esta situación ha llevado a que se debata la crisis del sistema ante los tribunales de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, teniéndose dos laudos que perfilan un empate entre las pretensiones de los demandantes y el Distrito, y cinco tribunales por emitir fallos entre 2018 y 2019.

Los problemas estructurales del Sistema Integrado de Transporte Público se condensan en que el número de pasajeros proyectados no se cumple causando un déficit en los ingresos de los operadores, las tarifas a los usuarios no son las vaticinadas en los actos precontractuales, la velocidad esperada no se cumple, los patios definitivos no han sido entregados por el Distrito, el transporte colectivo tradicional sigue operando en la ciudad, pues hoy el sistema cuenta con el 50 por ciento del SITP provisional y el 50 por ciento del SITP formal, la tarifa al usuario del SITP provisional es menor que la del formal, además es negociable, existe una invasión del transporte pirata y moto-taxismo, la evasión en el sistema es del 30 por ciento, las tarifas diferenciales facilita la ilicitud con las tarjetas y el sistema de recaudo tiene limitaciones de infraestructura que genera problemas en la disponibilidad y recarga de tarjetas.

Adicionalmente, la situación financiera de los concesionarios a 2018 refleja un endeudamiento generalizado con el sector financiero por 3 billones de pesos, con deudas vencidas por 500.000 millones de pesos con los proveedores, los socios tienen inversiones por $600.000 millones de pesos, las pérdidas acumuladas registradas ascienden a 650.000 millones de pesos, se tienen 10.000 rentas expedidas a favor de propietarios de buses del sistema tradicional, varios concesionarios no pueden pagar sus rentas, la flota de 5.800 buses zonales se está envejeciendo y no cuenta con mantenimiento y la flota que llega a su vida útil no se puede reponer porque el crédito en el sector financiero está cerrado.

El futuro del sistema con soluciones integrales está en salvar los cinco concesionarios que tienen un pronóstico reservado, pero medianamente favorable, a los que se debe redistribuir la flota pendiente de EGOBUS y COOBUS que están en liquidación judicial. Es urgente desmontar y absorber la operación del SITP provisional por el SITP formal. Así mismo, se requiere renovar la flota que ya llegó al final de su vida útil y es importante asegurar la operación de la segunda parte del proyecto a partir del año 2025, fecha en la cual es obligatorio remozar la totalidad de la flota.

Si no se alcanzan estos objetivos para salvar el sistema de la crisis, explotará una bomba monumental en la ciudad, en la que todas las empresas terminarán en proceso de liquidación judicial ante la Superintendencia de Sociedades, la ciudad se quedará sin transporte formal y se volvería a la informalidad y la guerra del centavo retrocediéndose años en la movilidad, algo imperdonable.

Además, la ciudad tendría que asumir el pago de las 10.000 rentas expedidas a los viejos operadores de los vetustos buses que invadían las calles de la capital, el sector financiero entraría en un proceso de castigo de sus carteras de aproximadamente 3 billones de pesos y no se daría la segunda parte del proyecto y de los contratos por falta de flota para operar a partir de 2025.

Si como en los cuentos de hadas la administración le pusiera atención a esta bomba por estallar, todo tendrá un feliz final, mientras tanto, los ciudadanos caminaremos desde los extremos de la ciudad, paralizando el mercado laboral y aumentando los índices de inseguridad en Bogotá.

Sobre esta inminente bomba han advertido tirios y troyanos, pero aquí todos al unísono y en un mismo sentido como cuando en calidad de presidente de Conaltur lo hice. Son muchas las voces que claman porque las autoridades le pongan un freno a algo que puede ser catastrófico para la ciudad.

(*) Abogado Constitucionalista.