La clave está en las regiones

Actualmente, en Colombia estamos viviendo dos situaciones muy preocupantes como son la ola invernal y las numerosas acciones criminales de los grupos armados ilegales. Ambos hechos afectan no solo a la población urbana y rural de varias regiones, sino también al propio Gobierno nacional por la falta de políticas preventivas; lo que ha sido una constante en el país desde hace años, para enfrentar y procurar soluciones reales a ambos problemas.

En el caso de las víctimas de las tragedias naturales, como dramáticamente lo hemos venido observando a través de los medios de comunicación en departamentos como el Chocó, La Guajira, Santander, Antioquia, entre otros; lo mismo que en ciudades como Bogotá D.C., Medellín, Barranquilla, Cali, San Vicente de Chucurí y muchas otras más. Tristemente, tenemos que decir y reconocer que desafortunadamente durante muchos años en Colombia —como también ha pasado en otras partes del mundo— no se le ha dado importancia a las políticas preventivas y por eso el tema de la solidaridad con las personas afectadas por las tragedias, entre ellas, niños, niñas y adultos mayores.

Cada vez le queda más grande al Gobierno nacional, confirmándose así que en los temas de la solidaridad con la población afectada, lo fundamental y menos costoso para el Estado —como lo vienen reclamando varios gobernadores, alcaldes y la propia población afectada— son las políticas de prevención.

Las políticas y acciones de prevención deben adelantarse antes de las tragedias y eso significa, entre otros aspectos, la cero tolerancia con los promotores de invasiones de tierra, incluyendo las de estratos altos, lo mismo que con los negociantes de las basuras y constructores de viviendas a orillas de los ríos y de los mares.

Igual sucede con las acciones criminales que vienen realizando los grupos armados ilegales en diversas regiones de Colombia, entre ellas el absurdo paro armado que ha decretado la guerrilla del ELN contra la población del Chocó y los varios atentados terroristas cometidos en días pasados por las disidencias de las Farc contra la población civil en el municipio de Jamundí y en el corregimiento de El Plateado, en el departamento del Cauca.

Anoto que todas esas acciones criminales de los grupos armados ilegales, además de ser violatorias del derecho internacional humanitario, no se compadecen con el sufrimiento de la población por la ola invernal y menos con los esfuerzos de la política de paz total, que desde principio de su gobierno ha venido buscando el presidente Petro. Todo parece indicar que esos grupos armados, en los diálogos de paz que el gobierno adelanta con ellos, se caracterizan porque saben pedir mucho, pero carecen de la generosidad necesaria para tomar la decisión democrática de cesar la práctica del secuestro y demás acciones violentas contra la población urbana y rural.

Como no todo está perdido, muy fraternalmente le sugiero al presidente Petro y a todo su equipo de gobierno que en la atención a los dos anteriores problemas que vienen afectando la imagen del Gobierno nacional, la clave está en las regiones y en la construcción de una relación más horizontal y de colaboración permanente con los gobernadores departamentales y alcaldes municipales.

Por mi propia experiencia en los asuntos de Estado y sociales, me permito sugerirle al presidente Petro que llame personalmente a los gobernadores y alcaldes de las zonas afectadas y les manifieste que durante la presente y próxima semana una comisión integrada por funcionarios del alto gobierno estarán en el territorio junto con ellos coordinando todas las labores de solidaridad y de esfuerzos conjuntos, no solo en materia de simple solidaridad con las víctimas de la ola invernal, sino también para explorar una tercera vía que permita salirnos para siempre del remolino de la violencia, incluyendo la generada por el narcotráfico.

En ese camino considero de suma importancia la visita que el día de ayer ha hecho el presidente Petro junto con algunos integrantes de su gobierno a los departamentos del Chocó y de la Guajira, como también que el Gobierno nacional, con la colaboración de gobernadores, alcaldes y voceros de las comunidades, exploren la posibilidad de diálogos regionales con grupos armados ilegales, a fin de tratar de volverlos socios en labores de solidaridad con la población, en la protección de las fuentes de agua potable, en la lucha contra la minería ilegal y la defensa de la biodiversidad.

Como de acuerdo a la Constitución Nacional el mandato del presidente Petro terminará el 7 de agosto del 2026, es bueno reiterar que en toda su gestión de gobierno como de las personas que aspiren a reemplazarlo en el cargo, deben primar nortes éticos de cero tolerancia con la corrupción, el despilfarro, la violencia, las desigualdades sociales y los contaminadores ambientales, pero ante todo, de ser conscientes que tanto para la población como para el Estado colombiano son mucho más rentables y menos costosas las políticas preventivas, que las de pronto socorro frente a las diferentes tragedias naturales a las que estamos expuestos los seres humanos.