La comisión accidental, una oportunidad

Tremendo error cometerá el Gobierno y su bancada del Pacto Histórico si no aprovechan la inmensa oportunidad que representa la comisión accidental aprobada por la Cámara de Representantes para replantear la reforma a la salud. La colérica y desproporcionada reacción inicial de la retaguardia progresista y sus bodegueros, lo único que logró fue enviar un mensaje de intolerancia e incapacidad de concertación que no guarda proporcionalidad con los llamados del presidente a un pacto nacional, pero aún es posible corregir el camino.

Cualquier persona, con alguna ilustración sobre temas legales que lea el proyecto aprobado por la comisión séptima, puede fácilmente entender el nivel de incoherencia y los riesgos que representa el proyecto aprobado por dicha comisión: vacíos de fondo y problemas de forma se identifican fácilmente. El texto aprobado es profusamente vago en la asignación de funciones con duplicidades repetidas a lo largo del articulado, carece de forma jurídica y, lo más importante, no tiene coherencia técnica. Las formas políticas se impusieron sobre el mínimo rigor técnico y al final lo que dicho proyecto representa es un inmenso salto al vacío.

Los mensajes afanosos de los recalcitrantes núcleos activistas del Pacto Histórico de “tres días es un tiempo más que suficiente para que la Comisión Accidental logre acuerdos que no violen la esencia de la misma”, representan el llamado al desastre de nuestro sistema de salud y a una crisis de inconmensurables proporciones para la salud de los colombianos. El Gobierno ha pagado un precio muy alto en su aceptación y gobernabilidad por haber seguido al pie de la letra los llamados de esas personas que hoy no tienen la responsabilidad de la salud de los colombianos. Es necesario que - quienes hoy sí tienen esa responsabilidad- no sean inferiores y abran un espacio amplio y suficiente para la concertación.

Es muy importante que la Comisión Accidental abra el espacio a los académicos e investigadores que abundan, tienen estudios muy importantes sobre el sector y sobre las eventuales consecuencias de la reforma sobre la salud de los colombianos. También se deben analizar los riesgos que la reforma retroceda las ganancias en salud de los colombianos, es decir, que sea regresiva y reduzca tanto la protección sobre los riesgos de salud como sobre los riesgos financieros de las familias colombianas, especialmente las más pobres y aquellas que no pueden pagar un seguro.

Es fundamental que la Comisión Accidental escuche y tome atenta nota de las prevenciones y temores de los pacientes a través de las diferentes asociaciones que los agrupan. Más de 8 millones de colombianos con enfermedades crónicas deben ser el objetivo primario de cualquier reforma de salud. Ellos son quienes más demandan en servicios y los más vulnerables si el sistema tiene problemas. La transición y los planes de contingencia para los cambios propuestos deben ser explícitos, trazables y mensurables en su proceso de implementación.

Por último, y quizá lo más importante desde el punto de vista financiero, es la capacidad real de gestión de la ADRES, los departamentos y municipios sobre los recursos de salud. Causa mucha inquietud la urgencia del gobierno de “echarle mano” a los recursos del sistema de salud. La experiencia reciente de la ADRES demostró grandes incapacidades para la gestión de cuentas muy pequeñas como el SOAT y los recobros de servicios no incluidos en el plan de beneficios que sumados no representan más de $500,000 millones sobre un total a manejar de $75 billones. La incapacidad del gobierno para gestionar los presupuestos máximos es también un pésimo precedente, con un hueco que puede estar alrededor de los $3 billones.

Los problemas de sostenibilidad de los sistemas de salud no son exclusivos del sistema de salud colombiano. Desde los Estados Unidos hasta España -pasando por Alemania e Inglaterra- la brecha entre el gasto en salud y el crecimiento del financiamiento público y privado, como proporción del Producto (PIB) de los países dedicados a la salud, ha venido creciendo. El sistema colombiano actual ha sido uno de los más eficientes en el uso de los recursos, pero también es uno de los más limitados en recursos humanos especializados y capacidades tecnológicas entre los países de mediano nivel de desarrollo.

Una reforma que no reconozca el delicado equilibrio que existe en nuestro sistema de salud entre los recursos disponibles y la demanda de servicios de una población que envejece a un ritmo ya bastante acelerado, va a propiciar una crisis de atención de salud donde el gobierno será el principal responsable. En semanas pasadas ya el gobierno pudo verle la cara a ese demonio con el eventual retiro de las tres EPS más relevantes para la integridad del aseguramiento de los colombianos. Hay que reconocerlo, se tomó la decisión correcta de abrir mesas técnicas y sentarse a revisar las cuentas sin tanta estridencia y con mayor pragmatismo.

La Cámara de Representantes tiene la misma oportunidad con su Comisión Accidental. El análisis y la discusión deben tener la altura y profundidad correspondiente a la política social más importante para los colombianos. Ser inferiores no beneficiará a nadie, ni al Gobierno, ni a la población colombiana, que está acusando una gran ansiedad con un proceso tan agobiante como ha sido el de reforma a la salud.