La consulta de la inutilidad

Esta semana, Gustavo Petro arremetió contra la institucionalidad durante la jornada de su minúscula marcha en la Plaza de Bolívar. Trataba de recrear la revolución de los artesanos de mitades del siglo XIX, encabezada por José María Melo, solo que con un desenlace paupérrimo y preocupante para la estabilidad de nuestro Estado. De la misma manera, su plan dantesco de realizar una consulta popular como un último recurso para tramitar sus reformas es una realidad, teniendo en cuenta el reciente hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado de la República. En ese sentido, y teniendo estos antecedentes como base, es imperativo preguntarnos: ¿acaso esta consulta popular tiene futuro o solamente representa un ejercicio para probar la fuerza electoral de Gustavo Petro?

Para dar inicio, es importante entender el régimen legal que regula el funcionamiento de la consulta popular. Está definida por el artículo 104 de la Constitución y la Ley 1757 de 2015. La legislación lo define un mecanismo de participación ciudadana en el cual se convoca a la ciudadanía para tomar una decisión sobre un tema de importancia nacional, municipal, distrital o local. Adicionalmente, el legislador menciona que este tipo de iniciativas, cuando son propuestas por un presidente, necesitan de la aprobación del Senado con al menos la mayoría absoluta. Después se le realizará un examen de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, lo que significa que el presidente no tiene asegurada la aprobación de las demás ramas del poder público.

Ahora bien, en caso de que este sea avalado, la Registraduría Nacional del Estado Civil menciona que el apoyo a la aprobación de las preguntas debe ser de más del 50 % del 33 % de la población apta para votar que participe en la consulta; equivaldría alrededor de 13 millones de personas. Esto implica que se deberían realizar esfuerzos titánicos en términos de maquinaria política para realizarla o impedir su votación, acciones que realizan tanto los allegados a Petro como la oposición. De hecho, la estrategia que implementarán los segundos será una encaminada a desincentivar la votación de la consulta; lo cual terminará en un desperdicio de papel, recursos del Estado, logística y elementos de infraestructura para realizar la votación.

Basados en estos requisitos y posibles supuestos del futuro de la consulta popular, queda claro que no solo es un derroche de dinero, sino un ejercicio electoral por parte de los integrantes del Pacto Histórico para medir su fuerza para las elecciones del año 2026. Numerosos factores contribuyen a esto; sin embargo, la razón principal radica en la complejidad legal de esta medición del poder electoral. Esto se puede determinar considerando el historial electoral de Gustavo Petro, donde obtuvo 8.542.987 votos en la primera vuelta y 11.291.987 en la segunda.

Sin embargo, cabe destacar que el presidente no cuenta con el mismo apoyo que antes, lo que se debe a dos factores bastante importantes. El primero radica en su mal gobierno: a lo largo de los últimos dos años ha puesto en jaque la seguridad del país, el crecimiento económico de Colombia y la institucionalidad de nuestra democracia. Esto crea una insatisfacción en su Gobierno que ronda un 66 %, según la última encuesta realizada. Por lo cual, al realizar una exégesis de esta cifra, podemos intuir que su cantidad de seguidores ha disminuido dramáticamente.

El segundo factor resulta ser uno basado en la estrategia electoral que utiliza el primer mandatario y la crisis que viven los partidos políticos. Esto se debe al ya trillado discurso de odio de clases, que según los autores Richard Gunther y Larry Diamond, es una característica de los partidos de masa, que llaman al esfuerzo conjunto de la clase trabajadora para ganar sus objetivos, mediante la movilización de grandes multitudes ideologizadas. No obstante, al continuar con su estrategia populista y rencorosa, causará que el público afín a sus ideas, por mero aburrimiento de su falta de innovación y conexión con el electorado; lo cual afecta de manera determinante ‘la vibrancia’ o fuerza de un partido político, según indican autores como Juan Pablo Luna.

Tal vez por estas fallas mencionadas anteriormente, el presidente desea presentar esta consulta como un medio para tener más contacto con sus seguidores y probar su fuerza electoral. De la misma manera, las costosas marchas del día cívico son parte de esa estrategia electoral para ganar más adeptos y demostrar su fuerza política ante sus opositores.

En conclusión, la consulta popular de Gustavo Petro no representa ninguna herramienta que tenga como objetivo representar el interés del pueblo colombiano, sino una estrategia electoral utilizada para medir su fuerza y así buscar estrategias para obtener poder político mediante actos públicos que disfraza con un velo de legitimidad; pero que en realidad, son solo un elemento del engranaje populista del actual mandatario, que tiene como objetivo prepararse para las elecciones de 2026.

Referencias:

• Gunther, Richard y Larry Diamond. Types and Functions of Parties. En Diamond, Larry y Richard Gunther (eds). 2001. Political Parties and Democracy, Baltimore: John Hopkins University Press: 3-39
• Luna, Juan Pablo et.al. 2021. Political parties, diminished subtypes, and democracy. Party Politics: 294-307
• Congreso de Colombia. (2015). Ley Estatutaria 1757 de 2015: Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática. Diario Oficial No. 49.565
• Sánchez (2025) “Gustavo Petro reveló primera pregunta de la consulta popular sobre reforma laboral” Recuperado de https://www.larepublica.co/economia/gustavo-petro-revelo-primera-pregunta-de-la-consulta-popular-sobre-reforma-laboral-4086742