La Contrarreforma

¿Por qué el gobierno nos quiere llevar a un sistema regresivo con muy alto riesgo de generar una crisis sistémica de salud con imprevisibles consecuencias? ¿Por qué esa extrema tozudez frente a la argumentación de casi todos los especialistas del sector? ¿Por qué se han expuesto a la recurrente corrección pública de decenas de falacias para sustentar una reforma que se ha escrito a los golpes y cuyo texto no acaba de lograr la coherencia?

Una explicación plausible proviene de la necesidad imperiosa para un gobierno de izquierda de diferenciarse. El presidente ha hecho varias declaraciones en tal sentido e incluso ha llamado a la plaza pública para defender el “cambio”. Hacen parecer incompatible con el proyecto político del Pacto Histórico, la generación de utilidades asociadas a las políticas y programas del sector social. El “lucro” ha sido satanizado, vilipendiado y argumentado erróneamente como el causante de las crisis del sistema.

Se nos presentan los sistemas europeos como el modelo a seguir. Apreciación que contiene profundas imprecisiones en el imaginario que el gobierno parece tener sobre dichos sistemas. No todos los sistemas de salud europeos son públicos, la mayoría son hoy público-privados y algunos como el holandés –muy parecido al colombiano- el suizo y el alemán incluyen diferentes formas de aseguramiento individual, con aseguradores a cargo de la población.

El gobierno debería ver que durante los últimos años no han sido buenas las noticias de aquellos sistemas de salud europeos con mayor componente público. Hoy tenemos crisis evidentes en el sistema inglés, el italiano, el portugués y español. Crisis que tienen como común denominador la falla en sus componentes de atención primaria, precisamente el componente que tiene el mayor énfasis en la reforma propuesta por el gobierno.

Una rápida mirada al sistema español muestra 800.000 pacientes en lista de espera, con un promedio más de seis meses para programación de cirugías y 95 días en promedio para lograr cita de especialista. Pero lo que más debería analizar nuestro gobierno en la crisis de la atención primaria, otrora la mayor fortaleza del sistema español. El promedio de espera para una consulta de medicina general en un centro de atención primaria español es de nueve días, lo que ha generado una saturación sin precedentes en los servicios de urgencias. Esto ha llevado a un crecimiento sin precedentes del aseguramiento privado, que ya cubre a un creciente 25% y ha absorbido el 50% de los médicos del país, llevando a una altísima e inédita inequidad en el “estado de bienestar” español. Ineficiente uso de recursos con médicos sobrecargados, baja financiación pública y salarios menguantes son también el panorama en el Reino Unido y Portugal.

El gobierno debería preguntarse por qué la férrea oposición de técnicos sectoriales y pacientes que ha encontrado para su proyecto de reforma. Puede tener la seguridad que no es la defensa a ultranza de empresas con ánimo de lucro, lo que motiva el rechazo. Es simplemente que quienes hemos trabajado muchos años en los sistemas de salud tenemos la convicción que eliminar los incentivos del aseguramiento individual va a llevar al sistema a la debacle. Algo debería leer de la sorda preocupación que se percibe en la comunidad y se manifiesta en la creciente demanda anticipatoria que se evidencia en los hospitales y clínicas.

No existen en Colombia los médicos generales suficientes para montar un programa de atención primaria como pretende la reforma. En Colombia pasamos de 37.000 médicos en 1990 a 137.000 en 2023 y todos han sido absorbidos por el sector salud. Igual ha pasado con el resto del recurso humano. Crecimos de 234.000 trabajadores de la salud en 2001 a 1.004.000 en 2023. Muchos doblando turnos y en trabajando en varias instituciones. Tampoco existe la infraestructura suficiente para montar programas de atención primaria ni en las zonas aisladas del país ni en las áreas urbanas.

Es la norma en los sistemas de salud, que toda oferta de servicios genera su propia demanda. De manera que fallarán las cuentas alegres que hace el gobierno de reorientar los recursos que hoy se invierten en el primer nivel de atención hacia los Centros de Atención Primaria. Se generará un desfinanciamiento de la atención en los niveles de mayor complejidad, conduciendo irremediablemente a grandísimas listas de espera. Esto con el agravante de que el presupuesto per cápita para gasto en salud de Colombia (US$1.276) es la mitad del español (US$3.600) y casi la tercera parte del promedio de países de la OECD (US$4.087) en 2021.

Ha sido un craso error tramitar la reforma de salud como un proyecto político. En primer lugar, la gente no asume los beneficios del cambio como parte de su agenda personal, cuando reconoce que los voceros no tienen la idoneidad técnica y descuentan su apoyo cuando sienten la debilidad o falsedad de argumentos. Segundo, la constitución del derecho a la salud, el recorrido ha sido largo con ganancias que la gente ya ha introyectado.

Y para completar, el gobierno insiste en buscar río arriba la justificación a la reforma, escarbando los innegables problemas del sector para generar hechos políticos. Ya se le hizo tarde. Lo verdaderamente preocupante es que no mire aguas abajo, hacia el mar de las previsibles negativas consecuencias del monstruo que está engendrando y que la sociedad ya intuye.