La corrupción no le teme ni al coronavirus

La justicia en Colombia les echa tierra a las denuncias de compra de votos y a la red de corrupción y de lavado de activos que destaparon Aida Merlano y los audios del Ñeñe Hernández, pero la Fiscalía le abre una investigación a Claudia López por una contravención administrativa. Si esto no es desproporcionado, ¿qué lo es?

La buena noticia es que el coronavirus ha vuelto a poner la lupa sobre varios de los políticos que han protagonizado esos escándalos que tanto se quieren enterrar.

Acaba de estallar un nuevo hecho de corrupción, que expone el grado de degradación al que han llegado varios alcaldes y gobernadores quienes, según las denuncias, se habrían aprovechado de la emergencia provocada por el coronavirus para hacer negocio con el drama que viven los colombianos más vulnerables; una bajeza que en otro país sería castigada con la destitución y con cárcel. 

Y vaya curiosidad: varios de estos alcaldes y gobernadores pertenecen a los clanes políticos que fueron denunciados por Aida Merlano y que salen retratados en los audios de la Ñeñepolítica. 

Una de las primeras gobernadoras en ser señaladas en este nuevo escándalo fue Elsa Noguera, del Atlántico, puesta por el clan Char. Ella fue denunciada por haber incurrido en millonarios sobrecostos en los contratos que hizo para repartir los mercados a las poblaciones más vulnerables en esta pandemia.

Jaime Pumarejo, el alcalde de Barranquilla, también puesto por los Char, fue denunciado por el concejal Antonio Bohórquez por haber hecho multimillonarios contratos para fomentar el deporte masivo y para posicionar a Barranquilla como marca, en tiempos de coronavirus. “Ambos han aprovechado la emergencia para hacer negocios y ejecutar el presupuesto de manera exprés”, me confiesa una fuente que prefiere no identificarse por miedo a las represalias.

En Charlandia la libertad de expresión solo existe para alabar los éxitos del clan y sus socios y para pagar con jugosos contratos el silencio de los periodistas.   

Lo mismo pasó en el Cesar y en La Guajira, dos departamentos en los que la Ñeñepolítica habría movido votos en favor de la campaña de Duque con políticos tan cuestionados como Lucas Gnecco en el Cesar y Tina Soto y Alfredo de Luque en La Guajira.   

El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, puesto por su mamá, Cielo Gnecco, ha sido denunciado por la celebración de contratos por 14.000 millones de pesos, los cuales habrían tenido sobrecostos del ciento por ciento. Otro tanto le sucedió al gobernador de La Guajira, Nemesio Roys Garzón, del grupo político del representante por la U, Alfredo de Luque. También fue denunciado por sobrecostos en la compra de mercados que nadie recibió y por un contrato de transporte de logística para entregar los mercados.

El hecho de que los denunciados por la Ñeñepolítica y por Aida Merlano sean varios de los políticos que se están lucrando del drama de la gente, solo indica que estamos ante unas organizaciones muy poderosas que funcionan como aves de carroña. 

Es cierto que en esta oportunidad la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía han anunciado la apertura de investigaciones y que en el caso del gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, la Procuraduría ordenó incluso el no pago de esos contratos y la Fiscalía allanó la sede de la Gobernación.

Sin embargo, hasta el momento, no hay peces grandes destituidos y solo han merecido esa sanción el gobernador del Chocó y el alcalde de Calarcá. Ni siquiera el gobernador de Arauca, investigado por haber firmado un contrato en el que compró a 20.000 pesos la lata de atún, ha sido destituido.

Antes de la pandemia, la Justicia prefería no tocar a los peces gordos de la corrupción. Sobre Char pesa una denuncia por haber exigido presuntamente una coima de 2.300 millones de pesos por el contrato del megatanque de Barranquilla que está dormida en la Fiscalía. Junto con los Gerlein, los Char han salido indemnes de las acusaciones que les ha hecho Aida Merlano porque la Fiscalía dijo que no las iba a investigar. Para no hablar de Alfredo de Luque, salpicado en varias investigaciones por el desfalco del ICBF en La Guajira, institución que ha tenido que enfrentar la muerte por hambre de 4.000 niños, una cifra que supera a los muertos por el coronavirus.

Si la justicia no los tocó antes, lo más probable es que en esta ocasión tampoco lo haga.

 Y lo más grave es que hay una justicia que no se atreve a tocarlos pero que sí corre a abrirle una investigación penal a la alcaldesa de Bogotá por una contravención administrativa.