Que les quiten lo bailado

Tenía razón el presidente Julio César Turbay hace 40 años, cuando prometió que reduciría la corrupción “a sus justas proporciones”. Porque la corrupción de los políticos no es solo dañina sino también necesaria, como lo es el aceite para las maquinarias. Lo que pasa es que calculó mal el tamaño de su promesa (y el de sus amigos, etcétera), con lo cual lo que hizo fue aumentarla.

Y entre él y sus sucesores, con la colaboración entusiasta de casi todos los demás colombianos y de la mayoría de las empresas y gobiernos extranjeros, consiguieron traerla hasta las proporciones descomunales que tiene hoy. Que son claramente excesivas, porque no están agilizando la maquinaria, sino destruyéndola.

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La corrupción política y administrativa en Colombia, la corrupción de los funcionarios civiles, militares y eclesiásticos, venía existiendo desde mucho antes del gobierno de Turbay, por supuesto: venía por lo menos desde la conquista, y había continuado, agravándose, bajo la colonia y la república. Miren ustedes –si se me permite el mínimo acto de corrupción periodística de introducir aquí un anuncio publicitario– mi reciente libro Historia de Colombia y sus oligarquías. No me consta, porque al respecto no tenemos relación escrita, que fueran corruptas las variadas sociedades aborígenes de lo que hoy es Colombia antes de la llegada de los conquistadores españoles. Pero de ahí en adelante, con el impulso delincuencial que estos traían, el crecimiento de la corrupción ha sido, para usar una palabra de moda, exponencial, en la medida en que el crecimiento de la riqueza del Estado ha venido permitiéndolo. Acompañado por la expansión territorial a causa de la descentralización del gasto, de la cual es un reflejo el hecho de que no haya una, sino tres docenas de Contralorías. Todas ellas ineficientes, como lo ha denunciado repetidamente el contralor general que hoy está de salida, y como lo prueba el hecho (la cifra es suya) de que de los dineros públicos se roben 50 billones de pesos al año.

Es casi una caricatura el caso recientísimo del fiscal anticorrupción capturado por corrupción, pero a continuación extraditado para que no pueda denunciar la corrupción: un salto triple de campeonato. Y, de contera, extraditado para ser juzgado en el país que tiene el aparato de justicia más corrupto del mundo, que son los Estados Unidos. Es allá donde se inventó el aforismo sobre “the best justice money can buy”: la mejor justicia que el dinero puede comprar. La corrupción de la justicia es, por supuesto, la madre de todas las corrupciones.

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Porque no es problema nuevo ni aquí ni en ninguna parte. Ya lo castigaba –o por lo menos anunciaba que lo castigaría– el código babilonio de Hammurabi hace 4.700 años. En los países en que rige la sharia islámica se les corta la mano a los ladrones. En Irán los ahorcan. En la China los fusilan. Aquí, el Libertador Simón Bolívar dictó un decreto que los condenaba a la pena de muerte. Todo ha sido en vano, en todas partes. Contra la corrupción no vale sino un remedio, que no se aplica nunca: que a los corruptos les quiten la totalidad de lo ganado con su corrupción. Lo único que puede disuadirlos es la certidumbre de que (si los cogen, claro: pero a muchos los cogen) no los estará esperando su dinero a la salida de la cárcel.

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Ahora nos proponen que votemos en una consulta popular para acabar con la corrupción. En principio yo no la votaría, pues los siete puntos considerados me parecen inanes –bajarles el sueldo a los parlamentarios, no dar casa por cárcel, redactar los presupuestos “con participación de la ciudadanía” (¿?), etcétera–, y su costo desaforado –300.000 millones– me parece un enorme despilfarro (que es también corrupción). Pero puesto que ya está decidida y con los tarjetones listos me inclino a salir a votar que sí por una sola razón: que el expresidente Álvaro Uribe, que ha sido el más corruptor del último siglo, se opone a ella. Si a Uribe no le gusta, algo de bueno tendrá.