La corte nunca se equivoca

Tal vez porque otros eran los tiempos –y otros los magistrados–, en las facultades de derecho nos enseñaban que los más altos representantes de la justicia resultaban prácticamente infalibles en sus decisiones y que el órgano de cierre de cada jurisdicción era sabio y justo al poner el punto final de las controversias judiciales. El magistrado José Luis Barceló lleva una semana insistiendo en que la Corte Suprema de Justicia no cometió ningún error y mucho menos una ilegalidad en las interceptaciones al teléfono del expresidente y senador Álvaro Uribe.

Barceló le dijo a Semana.com que en unas nueve ocasiones la Corte remitió oficios al congresista Nilton Córdoba, en los que aparecía mencionado dicho número telefónico y que este último nunca informó al alto tribunal que se trataba de la línea de otro. Sin embargo, Córdoba jura “por su madre y por su abuela” que no suministró ese teléfono, agregando que en una versión libre que rindió, aportó su número de siempre.

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Si es verdad que Córdoba registró correctamente su celular en esa diligencia cuando le preguntaron sus datos, ¿no era deber de la Corte actualizarlos y superar una posible equivocación que se hubiera producido antes? ¿Puede el doctor Barceló asegurarle al país que esa actualización de datos por parte de Córdoba nunca sucedió?

Supongamos que, en medio del maremágnum de documentos que los pobres secretarios judiciales deben tramitar diariamente, se hubiera traspapelado el cambio de número, hay preguntas más de fondo que también deberían ser contestadas con prontitud: ¿por qué si ya habían pasado varios meses desde que se prendió el ventilador del cartel de la toga que implicaba a Nilton Córdoba, solo fue, curiosamente, después de que se abrió otra investigación preliminar por un caso de manipulación de testigos –que nada tenía que ver con Córdoba– cuando se ordenó interceptar al congresista y no antes?

¿Es simple coincidencia que esta última investigación se abriera el 22 de febrero de este año y la interceptación a Uribe sucediera el 7 de marzo, cuando apenas habían transcurrido unos pocos días? ¿Por qué si la investigación por manipulación de testigos se hacía en “averiguación de responsables” sin que hubiera un único personaje con el ojo de la justicia puesto, se interesaron tanto los magistrados en esas conversaciones de Uribe? ¿Ya estaban las cartas marcadas para adelantar una pesquisa que tenía nombres y apellidos determinados?

Además, no estábamos en cualquier momento de la historia del país. Se trataba de los días más duros de la actividad electoral y por eso ordenar unas chuzadas contra el líder de la oposición en Colombia y no darse cuenta de ello, sino cuatro semanas después, parece otra extraña curiosidad. ¿Qué hubiera pasado si el interceptado fuera Gustavo Petro justo en esas semanas determinantes en la política colombiana? ¿No se habría armado un escándalo continental?

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El informe del técnico del CTI revela no solo apartes de llamadas que pudieran tener relación con el caso por el que se investiga formalmente a Uribe, sino que resalta otras conversaciones propias de su actividad política como una con un magistrado del Consejo Nacional Electoral en pleno lío de los tarjetones el día de la consulta en la que resultó ganador Iván Duque. ¿Cuántas más de esas comunicaciones con contenidos políticos ajenos a este caso alcanzaron a oír? ¿Aguantaría eso un examen objetivo del sistema interamericano de derechos humanos sin que, cuando menos, se hablara de una injustificada violación a la intimidad de un político de oposición en plena contienda electoral?

La Corte nunca se equivoca, nos enseñaron, pero en este caso hubiera sido preferible que sí para liberarnos de tantas y tan inconvenientes dudas. Peor que pensar que la Corte Suprema cometió un error en el caso de Uribe es siquiera imaginarse que sabía todo el tiempo lo que hacía y para dónde iba.

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En una sentencia contra el polémico juez Baltazar Garzón, el Tribunal Supremo de España decía: “Nadie discute seriamente que la búsqueda de la verdad, incluso suponiendo que se alcance, no justifica el empleo de cualquier medio. La justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo justicia”. Ojalá los magistrados de la nueva sala de instrucción que retomará el caso lo tengan claro. Si Uribe merece una condena, ¡que lo condenen!, pero respetando todos los procedimientos en el marco de un juicio verdaderamente justo. La Corte, infortunadamente, nos sigue debiendo explicaciones.