La profunda crisis de la Justicia

La justicia en Colombia sufre una de sus más profundas crisis, así lo demuestran las siguientes cifras: De 8,1 millones de necesidades jurídicas declaradas, se resuelven 1,1 millones, esto es, el 13 %; de cada 100 homicidios, se condenan ocho, lo que implicaría un índice de impunidad del 92 %, sin considerar la calidad de las condenas; se estiman 1,6 millones de casos represados en los despachos judiciales, y el sistema judicial tiene una imagen desfavorable del 80 %.

Como si lo anterior no fuera suficiente, se deben recordar las críticas a la llamada “puerta giratoria”, que permitía a algunos magistrados pasar de una alta corporación a otra; el tráfico de influencias o el llamado “roscograma”, donde familiares de magistrados obtenían cargos en los órganos de control u otras corporaciones; denuncias por persecución política formuladas por el uribismo, así como grabaciones ilegales que dan cuenta de los móviles políticos de la Corte Suprema de Justicia cuando se enfrentó al gobierno Uribe; demoras en llenar las vacantes de las altas corporaciones o elegir a funcionarios, como ocurrió con el nombramiento de fiscal general durante los años 2009-2011; el escándalo en la Corte Constitucional por la selección de tutelas que llevó a la suspensión del magistrado Jorge Pretelt, y otras denuncias contra magistrados por uso indebido de vehículos o aceptación a invitaciones a cruceros cursadas por aspirantes a la corporación.

Lo cierto es que en Colombia hay cuatro altas corporaciones de cierre en sus respectivas jurisdicciones: La Corte Suprema de Justicia en la jurisdicción ordinaria, el Consejo de Estado en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la Corte Constitucional en esa jurisdicción y el Consejo Superior de la Judicatura en la jurisdicción disciplinaria. Se trata de cerca de 78 magistrados, cada uno con sus propias interpretaciones y teorías, que deben conciliar con las respectivas salas a las cuales pertenecen; sin embargo, cada una de las corporaciones tiene su propia jurisprudencia que puede no coincidir u oponerse a la de las otras, lo que genera inseguridad jurídica y en ocasiones posiciones encontradas o el llamado “choque de trenes”.

De otra parte, el diseño constitucional de pesos y contrapesos quedó trocado, el Congreso hace control político a los magistrados de las altas corporaciones y estas controlan a los congresistas en diversas esferas: La Corte Suprema conoce de los delitos penales de los congresistas en única instancia (actualmente se tramita una reforma para garantizar la segunda instancia), el Consejo de Estado conoce de la pérdida de investidura y muerte política de los congresistas también en única instancia y la Corte Constitucional conoce de la inconstitucionalidad de las leyes y reformas constitucionales. Así, resulta un Congreso sobrecontrolado judicialmente, mientras que este difícilmente puede adelantar el control político de alguno de los magistrados.

Fueron lamentables el trámite y el hundimiento de la Reforma Judicial, la sola idea de que magistrados negociaran la Reforma para obtener más tiempo en sus propios cargos repugnó y afectó majestad de la Justicia.

Se podría decir que el sistema judicial está aquejado de seis males: Politización de la justicia, judicialización de la política, hipertrofia de la Rama Judicial, congestión, impunidad, y tutelización de las necesidades jurídicas.

Dentro de las muchas reformas que se deben hacer al sistema judicial colombiano está la de fusionar o integrar las altas corporaciones judiciales en una sola y suprimir la jurisdicción disciplinaria, para tener así una sola corporación de cierre que unifique la jurisprudencia, que resuelva el problema de la tutela contra sentencias judiciales y los recursos extraordinarios, que evite el “choque de trenes”, que reduzca el número de magistrados y que recupere la dignidad y majestad de la justicia.