La cuestionada Agencia Nacional de Tierras

Si los colombianos albergaban alguna esperanza sobre el legado del gobierno del presidente Gustavo Petro, esta estaba centrada en su política de reforma agraria, la cual fue una de las principales promesas de su campaña y una prioridad en sus discursos durante los últimos dos años. Sin embargo, hasta ahora, dicha transformación del agro colombiano parece haber quedado sólo en palabras.

Según lo planteado por el mandatario, esta reforma tenía como objetivo una redistribución histórica de la tierra, enfocada en beneficiar a los pequeños agricultores y comunidades rurales. A esto se sumaba un ambicioso programa de formalización de tierras e inversión en infraestructura rural para mejorar la productividad.

Para llevar a cabo esta visión, el Gobierno confió en la exministra Jennifer Mojica y en el ahora muy cuestionado exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega. Durante los primeros años de gestión, salieron a la luz los desacuerdos entre ambos, especialmente en relación con la presentación de cifras inexactas en los programas de formalización. Se descubrió que Vega había incluido terrenos que ya habían sido formalizados o adjudicados en administraciones anteriores.

Lo más preocupante, sin embargo, son las sospechas de posibles actos de corrupción en la ANT durante la gestión de Vega. Estas irregularidades, relacionadas con la compra de predios que no cumplirían con los requisitos de productividad para una verdadera reforma agraria o que podrían ser de uso común, lo han llevado a rendir cuentas ante los organismos de control. Varias denuncias, respaldadas por medios de comunicación y un informe de la Procuraduría General de la Nación, han puesto bajo la lupa la gestión de esta entidad.

Es relevante recordar la compra de predios como la hacienda La Grosería, donde la propia exministra Mojica denunció a su funcionario por haber adquirido esta propiedad que no cumplía con el requisito de ser tierra productiva. Además, se comprobó un sobrecosto en los avalúos. Otro caso similar ocurrió con el predio Santa Fe en Majagual (Sucre), donde los campesinos fueron engañados de manera similar, y se adquirieron tierras que, en parte, podrían estar compuestas por manglares, que son bienes de uso común y protegidos por su importancia ecológica.

Estos terrenos, más que ser comprados para beneficio privado, podrían ser objeto de reglamentación para su uso por parte de los campesinos. Sin embargo, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) parece haberse convertido en un instrumento de negocios, no para el bienestar de los campesinos, sino —como han evidenciado varias investigaciones— para el provecho de altos funcionarios del Gobierno y ciertos particulares que se han beneficiado de las acciones lideradas por el cuestionado exdirector Vega.

También es importante destacar dos contratos que no tenían relación directa con la función de la ANT y que actualmente están bajo la lupa de los organismos de control. El primero se dio a conocer en el marco del escándalo de la UNGRD, en que la Fiscalía General de la Nación reveló que Gerardo Vega, en una reunión con el entonces director de la UNGRD, Javier Manrique, y Olmedo de Jesús López, exdirector de la entidad, acordaron una reducción de 100.000 millones de pesos del convenio entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la ANT. A cambio, se pactó una comisión del 7 % sobre cada contrato que se ejecutara con esos recursos, según la investigación de la Fiscalía.

El otro contrato cuestionado fue la transferencia de más de 600.000 millones de pesos a un fondo de paz para la compra de tierras, una función que estaba reservada exclusivamente para la ANT, lo que ha generado serias dudas sobre estas negociaciones, que ahora son objeto de escrutinio de parte de las entidades de control.

La salida de Vega de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ocurrió en medio de un silencio que levanta sospechas de parte del Gobierno. Esto resulta comprensible, dado que, según investigaciones públicas, los fondos del programa insignia tanto de la campaña presidencial como del Gobierno estaban gravemente comprometidos por presuntos actos de corrupción, los cuales hoy son objeto de indagación por los organismos de control.

Sin embargo, como dice el dicho popular, “salió peor el remedio que la enfermedad” con el nombramiento del actual director de la ANT, Juan Felipe Harman, exalcalde de Villavicencio. Su perfil evidencia una falta de conocimiento en un campo tan especializado, que gestiona gran parte del conflicto agrario en Colombia. Su única experiencia relevante en esta materia es una investigación en curso en la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en la adjudicación de tierras a falsas víctimas del conflicto armado durante su mandato como alcalde.

El senador Miguel Uribe, en una investigación detallada, ha expuesto que los fondos asignados en el presupuesto general de la nación para la compra de tierras y los programas de formalización, funciones esenciales de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), parecen estar siendo desviados para respaldar políticamente al actual director de la entidad. Uribe denunció la contratación de personal que, según mi experiencia como abogado especializado en asuntos agrarios, debería contar con competencias específicas en esta área. Sin embargo, sostengo que gran parte de los contratistas no posee la idoneidad necesaria para las tareas especializadas de la ANT, aunque parece que sí cumplen un papel importante en la estrategia política del Pacto Histórico, que estaría preparando sus bases para las elecciones de 2026.

En su denuncia pública, el senador Uribe destacó: “Esta burocracia ha crecido en un 440 % en comparación con los contratos firmados en 2022″. Además, subrayó que “231 personas trabajaron directamente en la alcaldía de Harman cuando fue alcalde de Villavicencio, en contratos que ascienden a 11.625 millones de pesos”.

Por otro lado, un tema que desarrollaré en una próxima columna es el de las adquisiciones de tierras bajo la gestión del actual director. Estoy recabando información que, de confirmarse, podría generar otro gran escándalo para el gobierno actual. Este asunto involucra la compra de tierras destinadas a comunidades indígenas en áreas de nacimiento de fuentes hídricas, así como la adquisición de terrenos en el departamento del Meta a través de corporaciones campesinas creadas recientemente con este fin. Todo esto contribuye a que la Agencia Nacional de Tierras esté hoy bajo un fuerte escrutinio.