La democracia no admite dueños: entre el periodismo y el derecho administrativo

La relación que puede haber entre el periodismo y el derecho administrativo parte de la intención de mantener el actuar del Estado dentro de un marco legal y normativo que no afecte ni al interés general ni a las demás instituciones que, precisamente, ejercen mutuamente un debido contrapeso necesario dentro del sistema democrático. Mientras que el derecho administrativo establece las normas que regulan la actividad de la administración pública y sus funcionarios, garantizando su permanencia en la legalidad según la teoría de Jean Rivero, el ejercicio periodístico opera como un supervisor de ese ejercicio del poder y custodio de la transparencia que debe haber para con la sociedad. El cuarto poder, le dicen.

En ese orden de ideas, resulta de suma importancia un derecho administrativo sólido cuando desde el poder Ejecutivo de cualquier Estado se toma un papel de menosprecio a las otras instituciones y ramas del poder público con el pretexto de poder gobernar. ¿Acaso es nocivo el carácter ‘administrador’ que impide ejercer el poder como dominio absoluto?

No es tan difícil entender que el derecho administrativo desglosa el poder en instituciones para evitar su uso indebido. El funcionamiento del Estado debe observarse en función de los derechos de los asociados, es decir, la gente, y no en función de quien lo abarca durante el Gobierno de turno. Ningún mandatario en una democracia puede pretender, saltándose el derecho administrativo, que las funciones del Estado dependan solamente de él.

El o la presidente es representante legal del Estado, no dueño, y tanto el derecho administrativo como el periodismo custodian que se viva esa concepción, cada uno desde sus enfoques. Rivero, en su libro sobre derecho administrativo, señala que “la administración, vigilante del interés público, debe estar facultada para asegurar su salvaguarda a pesar de la resistencia de voluntades privadas”. En ese sentido, muchas veces las aspiraciones personales de los mandatarios, rozando con la línea de la tiranía, parecieran ir en contravía de una correcta utilización de la administración pública.

Ahora bien, el periodismo, como actor fundamental dentro de una sociedad democrática, no puede pretender que ese marco normativo esté exento de sufrir arbitrariedades. El periodismo, entonces, tiene la función mediática de visibilizar las ocasiones en las que la administración pública sufra este tipo de atropellos. Su labor permite que la ciudadanía, el soberano verdadero en un sistema democrático, exija responsabilidades a los gobernantes que abusan de sus poderes.

En ese orden de ideas, en un mundo en el que existen constantes amenazas a la democracia y los gobiernos pueden percibirse acorralados por los otros poderes, la vigilancia mediática, junto a la función del derecho administrativo, se convierten en herramientas fundamentales para contrarrestar los abusos que pueden generar la búsqueda del bien personal.

Así como dijo Rivero: “El motor de la acción administrativa, por el contrario, al interés personal, es especialmente desinteresado”. El periodismo debe mantener que dicha acción se mantenga ajena al interés personal.