La desidia de Quintero que complicó a Tigo UNE

Dice el refrán popular que el viejo mal hablado hace al niño desvergonzado y al nieto bandido. El comportamiento del municipio de Medellín, dueño de EPM, con esta empresa, ha sido por lo menos desvergonzado.

El alcalde Daniel Quintero ha abusado en su mandato del gobierno corporativo de Empresas Públicas de Medellín, al punto de enervar en ella una falta de eficiencia y operatividad sin precedentes. Acordémonos inicialmente que el expresidente Iván Duque le dijo al alcalde que seguir improvisando y generando incertidumbre en Hidroituango socavaba la credibilidad de EPM, que ha sido una de las empresas más importantes del país.

Los nombramientos en la cúpula de la empresa de servicios públicos han sido un desastre; al primer gerente, Álvaro Guillermo Rendón, lo declaró insubsistente y renglón seguido, este interpuso denuncia penal contra el alcalde; posteriormente encargó a Mónica Ruiz Arbeláez para después tratar de nombrar en su gerencia a Alejandro Calderón Chatet, quien duró poco menos de dos semanas en el puesto y terminó renunciando por los escándalos ligados a sus títulos, su aparición en los ‘Panamá Papers’ y su muy poca experiencia gerencial para un cargo de esta magnitud.

No nos olvidemos de la terrible gestión del alcalde Quintero en Hidroituango de la cual asegura él haber tomado decisiones acertadas reclamando una póliza de seguros por un valor muy inferior al valor del siniestro y de la cobertura que tenía, haciendo que en este momento el proyecto no se pueda asegurar para la culminación de las etapas posteriores.

Eso sin contar con el pánico interno que por medio de su administración inculcó a su personal de enfoque técnico, a quienes les impidió manifestar sus objeciones: las quejas de los sindicatos y en especial del de profesionales al manejo del alcalde han sido profundas: “la situación de los profesionales de EPM es muy agobiante, pero deben tratar de evitar caer en la desesperanza y hacer todo lo necesario para resistir y mantenerse en los cargos, pues su actividad reduce los daños y es esencial para una rápida reconstrucción una vez que la revocatoria termine con la pesadilla que Quintero Calle representa para la Empresa”, afirman.

Sin embargo, en donde más se refleja el relajo de Quintero es en Tigo UNE. Esta empresa, que tiene mayoría accionaria de EPM (por lo tanto, del municipio de Medellín), y que gerencia la multinacional Millicom como experta en el sector, está hoy en una situación de iliquidez temporal complicada.

La principal causa de las dificultades de Tigo Une, que no es ajena a los demás operadores con participación pública como Telefónica, Movistar y ETB, fue la irrupción de WOM que bajó considerablemente las tarifas móviles en el mercado. Desde el momento de la fusión de UNE con Millicom Tigo, la acción de ETB ha caído de 600 pesos a 80 pesos y la acción de Telefónica a nivel mundial cayó de 16 a 4 dólares, desvalorizaciones que demuestran las dificultades no menores del sector.

La transacción que EPM realizó con Millicom dejó a EPM todas las herramientas para asegurarse del desempeño y la calidad de gerencia en UNE TIGO: miembros de junta, nombramiento del auditor de la empresa, poder de veto a las decisiones importantes, además del poder que tiene el municipio a nivel regulatorio. Sin embargo, por razones políticas, desde un inicio el alcalde Quintero le dio la espalda a la operadora. Uno de sus primeros actos de gobierno fue anunciar un acuerdo con el competidor de Tigo Une, Claro, para montar el piloto de red 5G en Medellín. Una cachetada a su propio hijo, de quien no pareciera tener participación el municipio de Medellín dadas sus acciones.

Posteriormente, el alcalde, en un acto de irresponsabilidad, trató de montar a Alejandro Calderón Chatet como auditor interno de UNE, cargo que no pudo asumir por no tener la experiencia ni las capacidades. De ahí en adelante todo en el alcalde fue desprecio por la compañía de la cual el municipio de Medellín tiene mayoría. La llamó el hijo bobo, dijo que su administrador era un operador de medio pelo y en todos los escenarios en que pudo se fue en contra de ella, hasta que logró que se rompieran las relaciones con Millicom.

Hoy lo que preocupa no es lo que hizo el alcalde por Tigo UNE, sino lo que dejó de hacer. Dejó de ejercer los derechos que tenía EPM a partir de la fusión y su responsabilidad de defender el patrimonio público en esta invertido. No objetó la compra de dos bandas de espectro en 700 MHz en la subasta, claramente un error de la junta directiva en la que sus representantes participaban. Aprobó, por medio de sus representantes, los presupuestos y planes estratégicos por medio de los miembros de junta que él nombró. En otras palabras, es no solo cómplice, sino en gran parte responsable de la falta de liquidez de la operadora, un lunar más de su administración.

Seguramente el alcalde saldrá ahora a echarle la culpa del desenlace a Millicom y a quienes estructuramos la fusión, por medio de la cual el municipio de Medellín recibió más dinero de lo que vale la operadora para EPM hoy en día. La verdad es que su desidia y su intención de sacarle beneficio político a cada acción de su administración hizo que se le olvidara que su primera responsabilidad es administrar.