La desmemoria oficial

Entre las payasadas de este gobierno de opereta trágica que tenemos con el presidente Iván Duque, una de las más graves es la que corresponde a la memoria. Quiere borrarla. Lo muestra en particular el caso –cómico, trágico– del Centro de Memoria Histórica, que durante diez años funcionó al cuidado del historiador Gonzalo Sánchez y publicó decenas de informes narrativos y analíticos sobre los años del conflicto armado que desgarró a Colombia durante las últimas décadas. Para suceder a Sánchez, y después de un par de nombramientos fallidos –el de un periodista que acusaba al Centro de estar infiltrado por la guerrilla, y luego el de un falsificador de títulos universitarios– el gobierno de Duque puso a un historiador cuyo principal mérito consiste en que niega la historia. Aquí, sostiene el profesor (¡de historia!) Darío Acevedo, no ha habido ningún conflicto armado. Y a partir de esa premisa, no hay por qué contarlo. O, si acaso, hay que contarlo desde el único punto de vista de una sola de las partes que intervinieron en él en las últimas décadas: las Fuerzas Militares del Estado.

Pero a la vez, Acevedo niega también, pues es un negacionista de sus propias realidades, que con ello pretenda imponer una “verdad oficial”, ya que tal pretensión –dice– sería “propia de una dictadura”. En lo cual le lleva la contraria el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, quien, por su parte, ha expuesto la teoría de que la única verdad verdadera es “la verdad institucional; es decir, la verdad administrativa, disciplinaria, penal y fiscal”, a la cual solo se llega a través de “las autoridades competentes”, las cuales, en el caso del conflicto armado –suponiendo que semejante engendro fabuloso hubiera existido alguna vez, o incluso siguiera existiendo, como lo vemos en las noticias diarias de la prensa–, serían las autoridades militares. Que son precisamente aquellas a las cuales el sainete gubernamental quiere eximir de toda responsabilidad en las barbaridades que cometieron todos los participantes en el medio siglo del conflicto (que el Centro solo registra a partir del año 1985). Un solo ejemplo: por su lado, la guerrilla secuestró; y por su lado, los gobiernos, al menos desde los años 70, “desaparecieron”; esa forma de retención-desaparición que es una modalidad, sin regreso, del secuestro. Una modalidad, digamos, “institucional”, para usar la definición del ministro de Defensa.

Quiere eximir también a otros: a los llamados “terceros”, que son los civiles implicados en la financiación o la promoción del paramilitarismo: empresarios, finqueros, notarios, jueces, políticos... Gobernadores como el hoy expresidente Álvaro Uribe Vélez, ganaderos como su hermano Santiago, compañías multinacionales como la Chiquita Brands, condenada en Estados Unidos, pero no aquí, donde cometió sus crímenes.

Pero es que para este Gobierno, siguiendo las indicaciones de su presidente eterno y de su asesor ideológico José Obdulio Gaviria, en el inexistente conflicto solo ha habido una parte participante, si es que así puede decirse: la guerrilla. Los horrores de los últimos cincuenta años solo tuvieron un protagonista: el terrorismo dirigido por el comunismo internacional contra un estado democrático sin tacha como el colombiano. Como decía en sus tiempos el presidente Julio César Turbay: en Colombia los torturados se autotorturan para desprestigiar al Gobierno. Como dice hoy el presidente de Fedegan José Félix Lafaurie: los ganaderos nunca han sido aquí victimarios, sino solamente víctimas. Y piensa uno en conocidos ganaderos como Salvatore Mancuso o los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño, o el propio expresidente Uribe, impulsor de las siniestras Convivir, y su hermano Santiago, acusado de haber creado en su hacienda su propio grupo paramilitar, “Los Doce Apóstoles”.

Este Gobierno no quiere que se conozca la historia. Para decirlo con la manoseada frase del filósofo George Santayana, nos está condenando a repetirla. Y eso es un crimen.