La emboscada jurídica contra Bogotá

Con las recientes trabas jurídicas radicadas para paralizar la gestión del Concejo de Bogotá frente al trámite del Plan de Ordenamiento Territorial y el Presupuesto Anual, quedó en evidencia la arremetida de acciones de particulares que buscan frenar el desarrollo de la ciudad, no solo en programas sino, como ya hay antecedentes, en infraestructura y obra social. ¿Qué intereses se esconden detrás?

Hasta el momento, en lo que tiene que ver con el POT van tres tutelas, instauradas el 23, 24 y 30 de noviembre por ciudadanos manifestando su descontento por la falta de participación ciudadana, que acorde a la ley, se tramitaron votando los impedimentos en un proceso que atrasó algunas sesiones. Sin embargo, lo que genera suspicacias por la legalidad y veracidad de esas actuaciones, es la lluvia de recusaciones que han recaído sobre los 45 concejales, en las que los interesados no se identifican, carecen de fundamento alguno o acuden a la suplantación de otros ciudadanos, como ocurrió recientemente con un supuesto militante de Colombia Humana, del que posteriormente se negó su pertenencia a esa colectividad.

Urge la revisión legal y normativa de este tipo de acciones que no solo cursan contra los proyectos de la Administración, sino que desde hace tiempo existe ya el abuso de estas como medidas desesperadas por personajes que tienen el ánimo de paralizar los proyectos de ciudad.

Solo para mencionar: el caso en el que una sola persona ha interpuesto más de 17 acciones populares y tutelas, como argucias jurídicas para dejar en el limbo obras para el beneficio de las comunidades, y así, ha buscado parar la intervención sobre el denominado Parque Bavaria las actividades en el entorno del Humedal Madre de Agua, la Avenida Villa Alsacia y la Avenida Guayacanes, detener el tratamiento silvicultural sobre corredores viales como la avenida 68, entre otros, demostrando un interés evidente por oponerse a cuanto proyecto se adelante para la ciudad.

La Constitución, en su artículo 95, cita que: “El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos, implica responsabilidades”, y que en resumen, es deber de los ciudadanos “respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”, así como ocurre con este tipo de actuaciones. La Fiscalía y los organismos de control deben revisar el abuso de estas acciones, cómo se presentan, qué vacíos hay que llenar y quiénes se aprovechan de esta figura, porque en definitiva, ocasionan perjuicios sociales, dilatan procesos y la discusión que debe darse a proyectos tan importantes para la capital.

No podemos seguir aceptando que algunos que buscan simplemente la satisfacción de sus intereses personales o políticos afecten los legítimos intereses de la comunidad, sin importar las consecuencias que se traducen en la suspensión de obras con inversión de recursos públicos y causando un fuerte deterioro en materia de desarrollo, movilidad o ambiente sano. ¿A quién le conviene que se paralice la gestión de la ciudad?