La energía de hoy… y de mañana

Con motivo de la pandemia, se estableció la “opción tarifaria” para permitirles a los usuarios diferirla y pagarla más adelante, cuando la grave crisis económica fuese superada. Una solución por completo razonable que no generó problemas mayores salvo en el Caribe, en especial en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, que son atendidos por una misma empresa distribuidora. El problema surgió ahora cuando es necesario pagar tanto los consumos actuales como los antiguos. El costo unitario promedio de los últimos 12 meses por KW/h para el usuario final en esos territorios es hoy de $ 1.067, 15.5 % más alto que el promedio nacional.

Varios factores estructurales, que afectan a toda la Costa, y coyunturales, que son más agudos en esa subregión, explican la diferencia.

Los primeros son estos: (i) el consumo en zonas cálidas es más alto que en el resto del país; por ejemplo, en el estrato 1 de Barranquilla el consumo es, en promedio, el doble del consumo para el mismo estrato en el interior del país. (ii) La crónica cultura del “no pago”, una práctica perversa generalizada en diferentes estratos de usuarios. (iii) Las pérdidas técnicas que derivan de la mala calidad de las redes (energía que el distribuidor compra, pero que no le genera ingresos). Para la subregión que mencionamos el costo de estos dos últimos factores es 1,2 veces más alto que en el resto del país.

El problema coyuntural es el pago de la opción tarifaria cobrada en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, que es de $ 220,9 mensuales en esos departamentos, cifra que hoy no supera los $ 60 en promedio para el resto del país. Ese mismo factor les cuesta a los usuarios de Córdoba, Sucre y Bolívar, atendidos por otra empresa distribuidora, mucho menos: $ 87,1. Entiendo que esta diferencia obedece a la velocidad con que los distribuidores en aquellas zonas están cobrando sus créditos. Cabe suponer que una situación de caja estrecha podría estar forzando esa traumática decisión para los usuarios.

De lo anterior, se desprende que el problema está localizado en el sector de la distribución, y, de manera más aguda, en la empresa que atiende el 7 % de los usuarios residenciales del país. Las soluciones que se adopten deben partir del reconocimiento de esta realidad.

Sin embargo, algunos sostienen que el “malo de la película” son las empresas generadoras. Las cifras no validan esta afirmación. El costo de la generación, para los departamentos en donde el problema es más agudo, es 5 % más alto que el nacional, mientras que el diferencial tarifario es tres veces superior. Por eso puede afirmarse que se está “buscando el ahogado aguas arriba”.

A pesar de la ausencia de evidencia empírica, se dice que las generadoras “ganan demasiado”, sin tener en cuenta la magnitud de los patrimonios comprometidos, que son enormes; y que los precios de la electricidad obedecen a las realidades de un mercado en el que vislumbran crecientes dificultades para satisfacer la demanda.

Se afirma también que conforman un cartel. Cierto es que operan en un mercado oligopólico, lo cual no necesariamente significa que entren en colusión. Esta configuración de los mercados es frecuente en sectores intensivos en capital, que requieren amplias economías de escala para ser eficientes. A su vez, demuestra la intensidad de la competencia existente que las diferencias de precios en la bolsa sean reducidas; si fueran sustanciales, resultaría evidente que se incurre en prácticas desleales. De otro lado, las volatilidades de precios demuestran grados altos de incertidumbre, no maniobras especulativas. Quien afirme los contrario tendría que probarlo con sólida evidencia.

Las comparaciones internacionales de tarifas eléctricas no permiten llegar a conclusiones definitivas sobre la justificación de las diferencias en el costo de la energía; ellas dependen, entre otros factores, de las fuentes utilizadas, de la complejidad de las redes de transporte y distribución, y de las cargas tributarias. Sin embargo, en los ejercicios que he visto, Colombia se encuentra un poco por encima del promedio.

Lo anterior no implica que sea imposible revisar las reglas de funcionamiento del mercado primario. Se han realizado varios ajustes desde que se adoptó, en 1994, el marco institucional del sector eléctrico. Cabe hacerlo para atenuar volatilidades en el mercado, no para sustituirlo, y, en todo caso, a partir de que la estabilidad de las reglas de juego es esencial. En la actualidad, la inseguridad sobre posibles cambios en la regulación ha tenido el efecto indeseable de afectar la inversión nueva en generación y transmisión.

Los datos son alarmantes: mientras la demanda está creciendo cerca del 3 % anual, la capacidad instalada lo ha hecho al 0,78 % en promedio durante los últimos cinco años. Por ese motivo, estamos cerca de que se presenten restricciones en el suministro. Bastaría, para que así suceda, por ejemplo, que no se tuviese gas suficiente para generar energía térmica en épocas secas, o de que no se corrijan los rezagos de inversión en líneas de transmisión, hoy atascadas en eternas consultas previas.

Caben algunas conclusiones:

1. Las empresas distribuidoras deben tener la capacidad financiera suficiente para realizar los programas de mejora de redes a las que están obligadas; darles largas demoras y agravar soluciones indispensables.

2. La drástica corrección del robo de energía en la Costa es una tarea de urgente realización.

3. Para no ahogar a los usuarios, como está sucediendo, la empresa distribuidora en la que radica el principal problema debería refinanciar las obligaciones derivadas de la opción tarifaria a más largo plazo. El camino ortodoxo, el mismo que se ha usado con varias EPS, es darle órdenes de capitalización e intervenirlas si las incumplen.

4. Lo anterior no excluye la posibilidad de un préstamo, suministrado o garantizado por el gobierno, para que pueda cumplir con el plan de inversiones, y para aliviar la carga de los usuarios. A fin de cuentas, estamos ante un problema derivado de la pandemia, una contingencia imprevisible y de enormes magnitudes.

5. Como el Estado carece de la capacidad financiera para echarse a cuestas la provisión de energía (tampoco conviene que lo intente), es preciso consolidar el sistema mixto que tenemos. De lo contrario, la crisis que ya vivimos en los años noventa, probablemente volvería a presentarse.

Briznas poéticas. Francisco de Quevedo nos dejó este hermoso testimonio: “Retirado en la paz de estos desiertos, / con pocos pero doctos libros juntos, / vivo en conversación con los difuntos / y escucho con mis ojos a los muertos”.