La estigmatización público-privada

El trino de ayer de Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), posiblemente insinuando una campaña de desprestigio de parte del gobierno de Petro contra las empresas, podría interpretarse como una manifestación de la frustración acumulada que siente el sector privado en su relación con el nuevo gobierno, la cual cambió del cielo a la tierra, desde el 7 de agosto, en comparación con el anterior gobierno.

Aunque el activismo digital empresarial en contra del gobierno, pocas veces sería recomendable, la frustración o inconformidad de la Andi tiene un contexto que conviene entender para visualizar el camino más apropiado para superar la crispación entre el sector privado y el Gobierno nacional.

Regresemos entonces a la campaña que llevó a Petro a la Presidencia de la República cuya impronta, entre muchas otras, fue la estigmatización del sector privado –casi como el enemigo a vencer– durante muchos meses de proselitismo electoral. Ese estigma se instaló casi como elemento doctrinal en el petrismo, generando dentro de ese movimiento un imaginario colectivo antiempresarial.

Esa estigmatización, en principio proselitista, sumada a las diferencias ideológicas de las empresas en relación con el nuevo gobierno, lógicamente produjo sentimientos en el sector privado, y particularmente en los gremios que representan la gran inversión extranjera. Se profundizó la desconfianza, el miedo y el desinterés inversionista. O en el mejor de los casos, se generó una alta incertidumbre. Y aún no se posesionaba Petro.

Posesionado Petro, el 7 de agosto, comenzó una nueva etapa: la cristalización de los sentimientos en conductas de parte y parte. El Gobierno -hay que decirlo- no ha actuado de la misma forma que lo hizo en campaña electoral. Los pronunciamientos públicos de estigmatización se redujeron, pero las actuaciones hacia el sector privado han tendido a ser distantes, desconfiadas y unilaterales. Quizá porque el Gobierno aún se encuentra atribulado por tantas prioridades a atender, quizá porque aún no cuenta con el equipo que necesita para gobernar, quizá porque no han descubierto el espacio que podría ocupar el sector privado en la agenda de políticas públicas, o quizá por la suma de todas las anteriores.

Y a lo anterior se suma, como si fuera poco, la influencia del estigma antiempresarial que impide una relación confiada y fluida con el sector privado, al menos por un buen número de consejeros y ministros del nuevo gabinete. Quizá no todos.

Sin embargo, hay que anotar que Petro, como presidente, ha hecho fuertes pronunciamientos que seguramente predisponen al alto gobierno en su ánimo de abrir espacios de construcción con el sector privado. “La Andi, por ejemplo, nos dice que es muy malo pagar impuestos por 21 billones de pesos, quitándole privilegios tributarios que se han configurado a lo largo de las décadas. Pero el primer punto del acuerdo vale 60 no 21, entonces lo que nos están diciendo es que no se puede cumplir el acuerdo de paz”. (Portafolio, 29 de septiembre de 2022).

El sector privado, por su parte, ha tendido a actuar de la misma forma como actuó con la llegada de gobiernos anteriores, como si el escenario no hubiese cambiado. Ha demostrado altísima ansiedad en relación con su necesidad de interactuar con el nuevo gobierno, aún no ha interiorizado el enfoque social del nuevo Ejecutivo y le cuesta identificar las oportunidades en la nueva visión de Estado que trae el gobierno petrista. ¡Y hay muchas oportunidades!

La vocación reformista de Petro se ha convertido en el principal móvil del inconformismo empresarial. Reformismo que no solamente se expresa a través de los proyectos de ley que avanzan en el Congreso, sino también mediante los ajustes normativos que adelantan los ministerios, las superintendencias y otras entidades del Estado con facultades regulatorias.

Gremios y empresas sienten que muchos de los procesos de formulación legislativa y regulatoria se llevan o se van a llevar a cabo a puerta cerrada, sin la participación de los representantes de la producción y la competitividad. Muchos han enviado cartas, correos electrónicos y solicitudes de reuniones, sin que haya respuesta del Gobierno en un buen número de ocasiones.

Anuncios y políticas en proceso como la reforma tributaria, la política contra la explotación de hidrocarburos, la política de liquidación de las EPS, la eliminación de financiamiento privado en las campañas electorales, la propuesta de aplicación del día sin IVA exclusivamente para productos nacionales y la política de control de precios en varios sectores han impulsado la polarización de la relación del gobierno con el sector privado. No solamente por el impacto financiero en las empresas, sino por la ausencia de un proceso de socialización y decisión suficiente que garantice el derecho de los empresarios a participar de las políticas públicas que los involucra.

Pero los gremios y las empresas tienen también varias tareas pendientes. Deberían realizar sus propios diagnósticos sociales acerca de los temas, áreas y grupos sobre los que influyen desde sus negocios. Y usar esa información para construir una agenda compartida con el Gobierno en beneficio de los más vulnerables. Fallan al querer conversar con el nuevo gobierno sin desarrollar esa importante sensibilidad social que -acertadamente- exige el actual gobierno.

Tienen también que estudiar mejor las oportunidades -y no solamente las amenazas- que está generando el nuevo Ejecutivo. Se equivocan las empresas al calificar como bueno o malo al Gobierno nacional. Esa visión taxativa impide la identificación de oportunidades, que desde luego las hay, en un gobierno que promueve la industrialización, la exportación, el fortalecimiento de los tejidos productivos y competitivos en las regiones, el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, la economía popular, el turismo sostenible y el crecimiento de los sectores de economía verde, entre muchas otras. Si gremios y empresas vieran al Gobierno con sentido de oportunidad, seguramente se abrirán espacios de conversación para construir proyectos público-privados.

La buena noticia es que las dos partes están a tiempo de mirarse a los ojos y construir país. Pero tienen que dejar a un lado el estigma, de lado y lado.