OPINIÓN

La evaluación de una política pública NO es una auditoría

El Gobierno nacional y las entidades territoriales deben continuar articulando esfuerzos para diseñar y fortalecer sistemas de monitoreo y evaluación, que por un lado permitan una mayor capacitación a funcionarios públicos,

26 de febrero de 2021

El interés por evaluar políticas públicas, programas, planes y proyectos sociales y de desarrollo ha cobrado atención recientemente. Ya no es solo una cuestión de las agencias multilaterales de crédito y de agencias de cooperación internacional. Sino que los gobiernos quieren adelantar procesos de monitoreo y evaluación.

Particularmente en las últimas dos décadas, los gobiernos en América Latina han avanzado fuertemente en los temas de monitoreo y evaluación de programas y políticas públicas. México y Chile son los casos más exitosos en la región, han logrado consolidar instituciones técnicamente fuertes y con reconocimiento. En cierta medida, la explicación de este crecimiento está relacionado con diversos elementos. Entre ellos, la situación económica y fiscal de muchos países de la región, a raíz de las crisis de los años setenta y ochenta, donde los gobiernos adoptaron medidas de ajuste estructural con mayores restricciones en el gasto público e implementaron reformas fiscales y financieras en los años ochenta y noventa. Lo que dio lugar a importantes avances, en la generación de instituciones y reglas.

En Colombia, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) tiene la función constitucional, legal y reglamentaria de hacer seguimiento y evaluación de las políticas públicas estratégicas para el país, a través del Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia). El DNP define el proceso de evaluación como una investigación sistemática y objetiva aplicada en alguno de los diferentes eslabones de la cadena de valor (insumos, procesos, productos y resultados), que tiene como finalidad generar evidencia que sirva como insumo para mejorar el diseño, la implementación, la ejecución y los efectos de políticas, planes, programas o proyectos, para tomar decisiones. No solo se usan estrategias econométricas para estimar el efecto causal o los resultados de corto plazo de una intervención, también existen metodologías cualitativas y de algunas ramas de la ingeniería para desarrollar evaluaciones de tipo institucional o de operaciones.

A pesar de los avances, la evaluación de políticas públicas en Colombia sigue siendo un tema casi desconocido para muchas personas. Algunos directores o gerentes de entidades y organizaciones a menudo dejan pasar oportunidades para desarrollar evaluaciones a las intervenciones que lideran, por “temor a ser evaluados”. Tanto así, que muchos ni siquiera lo perciben como un obstáculo tecnocrático a la gestión pública o como una curiosidad de investigadores, como sí ocurría décadas atrás en otros lugares del mundo cuando apenas la evaluación de políticas era un tema ignoto. Peor aún, en la actualidad algunas personas confunden la evaluación de políticas públicas con un proceso de auditoría, ¿a quién le gusta ser auditado? de ninguna manera, nunca, la evaluación de una política pública es equivalente a una auditoría.

¿Por qué es importante evaluar políticas públicas?

Uno entre muchos ejemplos ilustrativos, es el caso de White (2009), sobre un Programa Integrado de nutrición de Bangladesh, el cual también se encuentra ilustrado en la Guía Práctica para la Evaluación de Impacto de Bernal y Peña (2011). El programa entregaba tratamientos nutricionales a niños desnutridos en zonas rurales y educación nutricional a los padres, ¿Quién dudaba de que no fuera un gran programa? Las cifras oficiales mostraban una aparente mejoría en los indicadores antropométricos de los niños, por lo que El Banco Mundial, con base en esta evidencia incompleta, decidió incrementar la inversión al programa. Sin embargo, tiempo después, la primera evaluación realizada al programa arrojó que la mejoría en los indicadores también ocurrió en niños que no eran beneficiarios del programa, se encontró que las capacitaciones sobre nutrición suministrada a los padres eran de poca utilidad. En conclusión, la evaluación aportó evidencia objetiva en la que se demostraba que la percepción de los administradores y financiadores del programa, eran erradas y surgieron recomendaciones que permitieron mejorar de manera sustancial dicha intervención.

La evaluación de una política pública debe hacerse bajo métodos sólidos y con todo el rigor científico que proveen las herramientas cuantitativas y cualitativas disponibles en la literatura. Su importancia radica en que, a través de los resultados de una evaluación, se generen recomendaciones que permitan mejorar la intervención e incrementar la eficacia y la eficiencia de la inversión de un gobierno u organización.

El Gobierno nacional y las entidades territoriales deben continuar articulando esfuerzos para diseñar y fortalecer sistemas de monitoreo y evaluación, que por un lado permitan una mayor capacitación a funcionarios públicos para fortalecer la cultura de evaluaciones y a su vez faciliten la toma de decisiones con evidencia, no solo para la reactivación económica del país, sino también para incrementar la eficiencia del gasto público en estos tiempos de crisis.

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