La explicación pendiente

Me cuesta mucho trabajo escribir esta columna. He pasado días y noches enfrentando el dilema de si hacerlo o no. Por un lado, tengo enorme gratitud con la revista SEMANA, que durante 14 años ha publicado mis investigaciones y opiniones. Particularmente tengo mucho que agradecerle a Alejandro Santos, que en el año 2005 me invitó a ser parte de este equipo y quien siempre me ha brindado respeto y apoyo en estos años duros en los que mi familia y yo hemos sufrido persecuciones, amenazas y campañas de desprestigio. Alejandro ha estado firme y SEMANA jamás me ha pedido matizar una opinión u omitir una publicación.

Sin embargo, como periodista siento la obligación de preguntar públicamente –no en privado, ni en una llamada telefónica– ¿por qué SEMANA no publicó las directrices del comandante del Ejército de Colombia que ordena a sus subalternos duplicar las bajas y capturas, si esas evidencias eran conocidas por la revista desde febrero?

¿Por qué Colombia y el mundo solo supieron por The New York Times que las órdenes incluían la instrucción de no “exigir perfección” en el momento de efectuar operaciones militares?

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¿Por qué SEMANA no pudo concluir en tres meses la verificación de autenticidad de los documentos que pudo hacer el periódico estadounidense en unos días?

En un artículo publicado en La Silla Vacía queda claro que SEMANA tenía los mismos documentos y las fuentes con los que contó The New York Times.

De acuerdo con la nota de Juan Esteban Lewin, el tema fue llevado al consejo de redacción de SEMANA desde febrero por Ricardo Calderón, uno de los periodistas más respetados de Colombia. Ricardo ha sido el principal autor de investigaciones periodísticas como las chuzadas del DAS, la parapolítica, las realidades de la negociación de Santa Fe de Ralito y la tristemente célebre reunión en “la Casa de Nari”, entre muchos otros temas que, desafiando poderosas presiones, han conocido la luz con el apoyo activo del director Alejandro Santos.

Un periodista sólido con documentos auténticos –los que ya se conocen y algunos más– y el testimonio de altos oficiales sobre la instrucción del general Nicacio Martínez eran, en mi criterio de viejo jefe de redacción, suficientes argumentos para consultar las versiones del comandante del Ejército y del ministro de Defensa... y proceder a publicar.

Sin embargo, SEMANA emprendió un camino más largo y, a mi juicio, más relacionado con la conveniencia política que con el deber periodístico de dar a conocer un hecho de innegable interés público.

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La fuente gubernamental que consultó SEMANA no es un militar, sino el saliente secretario general de la Presidencia, Jorge Mario Eastman, quien ha sido uno de los funcionarios más cercanos al presidente Iván Duque.

El director Alejandro Santos, de acuerdo con el artículo de La Silla Vacía, explicó que Eastman fue enterado de la existencia de esas órdenes y su opinión consultada por su “experiencia en asuntos de seguridad y defensa”.

La triste verdad es que “el experto” Eastman no era el adecuado para opinar como tal, ya que sobre él pesa su cercanía con el presidente. Es obvio que hay personas con experiencia equivalente, o superior, que podían dar concepto con independencia, y también es obvio que al gobierno Duque no le convenía que estos hechos se conocieran.

Es inevitable que una parte importante de los lectores de SEMANA se haya quedado con la sensación de que la historia fue engavetada para ayudarle al Gobierno.

El director Alejandro Santos –en cuya honestidad creo– me dijo que SEMANA ha tenido una posición crítica frente el Gobierno, que puede verse reflejada en recientes publicaciones, y que bajo su dirección se han destapado múltiples abusos de militares a lo largo de su historia. Es cierto que en los últimos 10 años, 24 generales han caído por las denuncias de SEMANA. Él asegura tajantemente que la dilación en la publicación no tenía como propósito favorecer al Gobierno, pero admite que hubo mucha demora en el tratamiento de una investigación tan relevante.

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Alejandro también le dijo a La Silla Vacía que la investigación sobre las instrucciones del comando del Ejército no fue publicada porque a SEMANA no le alcanzaron tres meses para hacer verificaciones y contrastes que los exigentes editores de The New York Times sí pudieron hacer en siete días.

Con mucho dolor debo decir que las explicaciones resultan insuficientes.

Los lectores tienen derecho a saber si faltó diligencia periodística, si hubo un error de criterio o si –en el peor de los casos– SEMANA privilegió su relación con el gobierno sobre su deber de informar a los ciudadanos.