La falsedad de Sandra Morelli

Afirmar un hecho falso en un documento oficial que pueda servir de prueba es un delito llamado falsedad ideológica en documento público. Lo cometió Sandra Morelli cuando fue contralora general de la república. La mentira aparece en el fallo 0011 de febrero 11 de 2014, en que Morelli confirmó una decisión de primera instancia sobre la responsabilidad fiscal de Saludcoop, Carlos Palacino y otros empleados de la EPS. Sobre el vicepresidente Eugenio Mejía Serna, Morelli señaló que no había acreditado la póliza de seguros que cubría la responsabilidad de los directivos.

En la página 131 del fallo escribió que los investigados deben ocuparse de esa gestión, “situación ésta que para el caso del señor Mejía Serna, no se observa al interior del plenario solicitud oportuna para hacer el llamamiento en garantía”. Es falso. Mejía Serna sí hizo la solicitud dentro del expediente, en memorial de diciembre 18 de 2012. Además, las pólizas aparecen a folios 16910 y siguientes. Las solicitó la propia Contraloría, que las incorporó debidamente a la investigación. De modo que la contralora Morelli consignó varias falsedades. Que Mejía Serna no actuó como debía y que las pólizas no formaban parte del expediente. Mejía Serna trabajó 13 años en Saludcoop y se retiró como vicepresidente comercial. Las pólizas fueron expedidas por Seguros La Equidad.

El exfuncionario hizo uso de un derecho que le da la ley: pedir que si se decreta responsabilidad fiscal pague la aseguradora, no él personalmente. Para eso son las pólizas sobre responsabilidad de directivos de empresas. Una tercera mentira de la contralora fue afirmar que los investigados deben acreditar las pólizas. La ley dice que la propia Contraloría debe buscarlas, porque el fin de sus investigaciones es indemnizar el daño fiscal. Si la contralora no hubiera falseado los hechos, Mejía Serna no tendría hoy embargadas sus dos únicas propiedades, pues la aseguradora habría pagado. Pero la falsedad de la contralora tuvo el efecto de acorralar a Mejía Serna, de aniquilarlo, de embargarlo, de iniciar contra él el cobro coactivo. El detrimento fiscal lo causó Morelli por no cobrarle a la aseguradora.

La contralora no solamente violó el derecho de defensa de Mejía Serna, sino que violó el Código Penal al falsificar un hecho del cual hay constancia en el expediente. ¿Qué credibilidad puede tener ese fallo fiscal cuando se fundamenta en un delito? En un delito y en una persecución inmisericorde. “Hierve la sangre de solo recordarlo”, dijo Mejía Serna. “No puedo pedir un préstamo ni hacer un pago por PSE. Me tiene bloqueado todo el sistema financiero. Estoy en todas las listas de los delincuentes más peligrosos de este país. Me habría ido mejor si hubiera sido miembro del secretariado de las Farc”. Agrega: “No pude volver a trabajar porque nadie me da trabajo. Esto es un acto de violencia al que hemos estado sometidos. Nadie nos escucha. Es la impotencia. Tengo 52 años y desde los 40 años estoy viviendo esta persecución con mi familia, caminar por la vida con una etiqueta de corrupto, sin haberme robado dinero alguno. Si bien el doctor Palacino es la persona visible en esta historia, otras personas hemos sufrido mucho”.

Eugenio Mejía Serna recuerda que varias veces acudió a la Contraloría para hablar con Claudia Medina Siervo, una de las funcionarias encargadas de la investigación. En una visita vio en el piso de la oficina el expediente, que al comienzo tenía unos 500 folios, y observó que la primera hoja era una columna de Daniel Coronell. Es correcto. El expediente se inicia con columnas cargadas de afirmaciones no probadas del pionero de las falsedades sobre Saludcoop, del protagonista de una de las páginas negras del periodismo colombiano, de ese periodista que muchos creen que habla siempre con pruebas en la mano y que en cuanto a Saludcoop logró engañar a todo el país y distorsionar la realidad. No solamente no sustentó las acusaciones, sino que distorsionó los hechos de otra forma. Saludcoop era, con 34.000 empleados, el mayor empleador del país y llegó a ser una organización avaluada en 300 millones de dólares y construida de la nada en solo 15 años con el esfuerzo del sector cooperativo.

La contralora Morelli debe afrontar todas las consecuencias jurídicas del gigantesco falso positivo que se inventó en Saludcoop. Los ciudadanos necesitamos conocer todos los detalles de la gestión arbitraria y antijurídica del Morellato. Tenemos derecho a preguntar si los abusos de poder cometidos fueron posibles porque hubo asentimiento culpable en altas esferas del poder público.