La Fuerza Pública: Entre la Política y la Constitución

En Colombia la paz es un bien constitucional de orden superior, como lo expone el artículo 22, no solo en cuanto derecho, sino también como deber. Dicho esto, también es cierto, que, en Colombia, bajo el manto de este mandato constitucional, históricamente se ha negociado toda ingeniería institucional, e incluso de cualquier manera, que ha venido poniendo en riesgo, paradójicamente, la misma supervivencia de la carta política. Sin ir más lejos, baste recordar los procesos de sometimiento y de negociación a lo largo de los últimos gobiernos; para citar casos, en el gobierno Gaviria con el decreto 2047 de 1990, durante la elaboración de la carta actual; se intentó con el exfiscal Orlando Vásquez durante el gobierno Samper para atajar el caos de inconstitucionalidad de los jueces sin rostro después de la publicación del informe Klatz – Nieto del año de 1996 por violación flagrante del artículo 224 de la constitución; posteriormente el proceso de paz del Caguán con la ley 418 de 1997, seguido a esto, el periodo de gobierno de Uribe con la ley 782 de 2002 inició el proceso de paz de Ralito en el que se otorgó un carácter político a las Autodefensas. En síntesis, hasta acá, los ajustes o interpretaciones sobre el fin constitucional de la paz han tenido de fondo la generación de confrontaciones institucionales.

Me reclamo institucionalista, por lo que valoro la entereza del fiscal general de la nación por solicitar claridad y no prestarse a nuevos arreglos con repuestos usados contra la constitución como marco político que garantiza el desarrollo de la democracia. No pretendo entrar en una discusión jurídica, soy solo un doctor y profesor de Ciencia Política de Teoría del Estado; este debate jurídico, para el que no tengo competencias académicas, llevaría a la argumentación desde el artículo 4 de la Constitución, lo que se escapa a mí, comprensión técnica. En lo que me quiero centrar es sobre el rol de la Fuerza Pública durante la “Paz Total”. Estoy tratando de ponerme en los zapatos de un comandante de una unidad militar o policial que se debate entre la omisión y el prevaricato, o un proceso por insubordinación por incumplir una orden presidencial. En este momento, poco importa la poca competencia del ministro Velásquez, en este escenario el riesgo es mayor a la grandilocuencia por Twitter.

Revisando el Manual de Derecho Operacional de ejército MEF 6-27, aun vigente, explicita: “Las FF. MM. están instituidas con el fin primordial de defender (…) la integridad territorial y el orden constitucional, tanto de amenazas internas como externas, siempre bajo el control civil, ejercido por mandato constitucional por el presidente de la República como Comandante Supremo”. Si bien el manual advierte la extensión de las hostilidades en el territorio y en el tiempo, y el criterio den limitación operacional determina la responsabilidad del comandante militar en todos los niveles del mando, lo que queda claro, es que los comandantes no saben como actuar, lo que es un síntoma de nueva desinstitucionalización. Los casos de “cerco humanitario” en el Meta, patrullajes en Policarpa -Nariño y Balbo Cauca, continuidad de homicidios colectivos y asesinatos de líderes, el desmantelamiento de la Fuerza de Tarea Omega que pasó de tener 11 brigadas con 4 batallones y soporte helicoportado, a tener 11 brigadas con un batallón sin helicópteros (cabe recordar que operacionalmente controla la zona de influencia de las disidencias con alta densidad en cultivos de coca), de la inteligencia tecnológica de la Inteligencia Militar, por decir algunos factores, muestran dos fenómenos;

1) pérdida del control territorial por inoperancia; 2) incertidumbre en los lineamientos para la seguridad por el intento del gobierno de meter a los comandantes de las fuerzas en una dinámica política, lo cual infiere a que sus subalternos no toman decisiones sobre el terreno; 3) el papel oculto del ministro del interior como un ministro de defensa adjunto (la figura de un pequeño Lavrenti Beria tropical, del que no descarto ocupe la cartera de defensa en el inmediato futuro); 4) La presión al congreso con movilizaciones sociales como nueva “legitimidad” política, bajo el pretexto deformado de un poder constituyente de una hipotética y erróneamente malentendida democracia directa; hacen patente, que estratégicamente, al carecer de claridad los comandantes, se pierde “mando y control” de las Fuerzas y, con ello, el imperio de la constitución en el territorio, el cual naufraga.

Al ministro actual se le olvidó que el proceso de profesionalización que dijo iba a comenzar con él, inició en 2011; a pesar de su tono burlón al referirse por Twitter: ¿y qué pasó con el ejército más profesional y capacitado? Supone hoy la pregunta que él mismo, en un soliloquio, debería hacerse, junto con otra, ¿qué quiere el gobierno con claridad para proteger a la población civil?, ante la imagen engañosa de tener control de los territorios y una aparente estabilidad institucional. El ministro del Interior y el de Defensa parecen Teletubbies que se chocan en un episodio de incomprensiones sobre dónde ir. Lo oculto, y esta es mi hipótesis ante estos hechos, es que la negociación de la “Paz total” pasa por dos preacuerdos;

1) Una nueva constitución so pretexto de la paz como “finalidad superior” de orden constitucional, de la que tantas reformas son un abrebocas, que aquello que realmente se negocia, de espaldas a la sociedad, es una nueva estructura institucional de cambio de poderes regionales y fortalecimiento de otros afines ya existentes (mermelada); 2) Que la inexistencia de política pública de seguridad esconde una reforma oculta del sector defensa, que sumado a lo anterior, los futuros excombatientes del ELN y disidencias de FARC, serán institucionalizados como Fuerza Pública a la manera de Guardia Civil (Pretoriana) del actual gobierno, con pretensiones de quedarse o de proyectar a sus prospectos políticos. Solo me resta recordarles a los comandantes, que involucrarse en los juegos de políticos ponen en riesgo la seguridad jurídica operacional de sus tropas, y es mejor que tengan presente, que en todos los políticos no se debe confiar.

Pdta.: espero, paradójicamente, que el documento dirigido por el doctor Carlos Medina Gallego en la universidad Nacional, gran historiador del ELN, le otorgue dirección por fin a este caos en defensa nacional.