Opinión
La gran mentira de Petro en materia pensional
La reforma, tal como está presentada, afectará el ahorro nacional al obligar al 80 % de los cotizantes que hoy están en los fondos privados a migrar al régimen público.
En medio del pobre debate electoral que hubo en el país en las pasadas elecciones a la Presidencia, una de las pocas propuestas que se discutió de forma reiterativa fue la promesa de Gustavo Petro de darles un bono pensional por medio salario mínimo a tres millones de personas de la tercera edad que hoy no tienen pensión en el país. Según el entonces candidato, lograr este objetivo costaba 18 billones de pesos al año. Los recursos de los bonos prometidos se obtendrían a partir de la implementación del sistema de pilares que se propone en la reforma pensional y que, por medio del pilar solidario, redirigiría los aportes que hoy llegan a los fondos privados a Colpensiones.
Varias críticas surgieron a esta propuesta. Una de ellas -mencionada por reconocidos economistas- señalaba el peligro de usar los ahorros de millones de colombianos para pagar esta promesa pues convertiría los aportes en impuesto. Otras como la del candidato Sergio Fajardo señalaron la falta de claridad en las matemáticas del actual presidente para cumplir con este propósito. A pesar de esto, Petro siguió adelante y durante toda la campaña le vendió la idea al país de que iba a lograrlo, rechazando de forma vehemente las críticas que en ese momento surgieron.
Con Petro en la Presidencia comenzó a ponerse en evidencia que esta propuesta no había sido otra cosa que un buen discurso de campaña con el cual lograron ganar la contienda electoral. La semana pasada, el presidente admitió en el congreso de Asofondos en Cartagena que había realizado un mal cálculo -tal y como varios se lo dijeron en los debates electorales- y que esa idea “se le despiporró”. Prometió cosas imposibles basado en cifras erradas sabiendo que estaba equivocado; mintió para ganar.
En el articulado de la reforma pensional radicada al Congreso de la República ya no se habla de darle media pensión a tres millones de personas, sino que en el pilar solidario planteado se establece una Renta Básica Solidaria de aproximadamente 230.000 pesos mensuales para un millón y medio de personas que se encuentran en la extrema pobreza y vulnerabilidad. La inversión ya no será de 18 billones de pesos como se dijo en campaña, sino de 6,8 billones al año.
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La reforma tal como está presentada afectará el ahorro nacional al obligar al 80 % de los cotizantes que hoy están en los fondos privados a migrar al régimen público, dándole un golpe al mercado de capitales en el país y a la financiación del sector privado y generando un aumento en la deuda pensional del Estado al incrementar la demanda de personas que accederán a los subsidios que se otorgan en Colpensiones. Esta advertencia ha sido realizada públicamente por el mismísimo Ricardo Bonilla, nuevo ministro de Hacienda.
En materia pensional hasta ahora el país solo ha recibido mentiras y discursos baratos de parte del presidente. ¿Cuántas personas de la tercera edad hubieran decidido no votar por Petro si este “error de cálculo” se hubiera conocido durante la campaña electoral? ¿Por qué no cuestionamos los regímenes especiales que desangran los recursos del erario o el monto del pasivo pensional? Fedesarrollo prevé un aumento de este último en 30,2 puntos del PIB: “Por un lado, el Ministerio de Hacienda no incluye en el costo de la reforma el valor del pilar solidario, que es el más costoso de todos. Este valor debe incluirse porque lo relevante para la sostenibilidad fiscal es el costo fiscal del nuevo sistema de protección en la vejez, no solo el de uno de sus componentes”, plantea el informe. Incluso en el mejor de los escenarios el Ministerio de Hacienda pretende alcanzar un 55,2 % del PIB para cubrir este pasivo.
Los colombianos, y no solo la oposición, quienes siempre supimos las estrategias populistas del actual presidente, debemos estar muy atentos a esta reforma que se tramita de forma silenciosa y que es muy peligrosa para la estabilidad misma del país.