La Guajira, capital financiero y la vocación teatral de Petro

Estados Unidos, Alemania, Portugal y otros países tienen los ojos puestos en la energía eólica en La Guajira. Es, decididamente, el de mayor interés de inversión en Colombia. Se trata de un programa base para producir y exportar hidrógeno verde. La Ocde, el BID y el Banco Mundial han escrito voluminosos documentos sobre la materia.

El exministro Diego Mesa dijo en 2020 que “la inversión es de 2.525 millones de dólares y las iniciativas están en Uribia, Maicao y Riohacha” y el Gobierno de Petro desarrolla esa senda trazada por el de Duque, no la cambió. El monto puede llegar a 12 billones de pesos, pues vale un millón de dólares cada megavatio instalado. Detrás de esa inversión hay un entramado financiero internacional. Empezó en 2019 con el préstamo de 1.000 millones de dólares del BID a Bancóldex para apalancar iniciativas de distintos operadores. Es de destacar que, por tratarse de “economía verde”, dichas inversiones son vigiladas por los fondos de capital en cuanto a la observancia de rigurosos estándares ambientales y ecuánimes códigos sociales en la relación con las poblaciones locales.

Una lección: el parque Windpeshi, el proyecto que paralizó la italiana Enel. La ONG ReCommon de Italia (recommon.org) denunció decisiones arbitrarias que contrariaron la licencia ambiental otorgada por la Anla e impactaron a varias de las 12 familias Wayuu de 70 miembros cada una.

La empresa CJR, contratista de Enel para las obras de construcción de ese parque, mediante contrato tercerizado con Operaciones y Montajes La Guajira, ha hecho y deshecho con bienes esenciales del territorio. Fue aberrante que, contra la obligación pactada de traer el agua para su uso, la tomaran de las plantas del acueducto rural de Uribia que surten las rancherías (hay fotos que lo muestran) (Indepaz, pág. 117); que adaptó la carretera de penetración para Windpeshi sin consultar a las autoridades ancestrales y, por si fuera poco, el trazado estropea el cauce de arroyos, secados en verano, pero que en invierno se desbordan en perjuicio del hato ganadero de La Guajira, de caprinos y bovinos, que es el más numeroso del país, con 700.000 ejemplares.

A los mercados “verdes” tales trasgresiones no les parecen nimiedades (como dicen ciertos opinadores). Desvalorizan las posiciones especulativas de financiación, restan posibilidades de expedir “bonos verdes”, aumentan el precio de las pólizas de seguros y reaseguro y encarecen los planes, así funciona. ¿Le pasaron factura a Enel con el parque Windpeshi y bajó la factibilidad? ¡Que se sepa la verdad total!

No son los únicos conflictos, los hay en 21 de los proyectos (Indepaz, pág. 218) y el ambicioso programa eólico de Colombia luce manchado en el mapamundi de proyectos verdes. ¿Fue este estigma el que provocó la presencia de Petro una semana en Alemania y otra en La Guajira para garantizar la confianza inversionista, que se enmendará con “Un pacto para la transición energética justa”?

“Asegurar la viabilidad de los proyectos en sus respectivas etapas” es el segundo punto relevante del plan operativo pactado. Declaraciones de Irene Vélez en Portugal aclaran en qué consiste: “Estamos solucionando unos inconvenientes de licenciamiento ambiental y lo que quiere la empresa de Portugal es que cuando estemos listos, ellos puedan entrar a negociar. Nosotros tenemos el capital natural y ellos el capital financiero, sería el complemento perfecto”. Más claro no canta un gallo (El País, mayo 7 de 2023).

De remate, miren esta obra teatral: se integran al escenario expertos en insidias como Daniel Quintero: “EPM decide que Jepírachi, parque eólico de 19,5 MW en La Guajira, pasará a un esquema de propiedad con comunidad (…)”, dijo en coro con la ministra Vélez (5/7/23). Jepírachi se inició en 2004, fue el primero, sus aerogeneradores caducan la vida útil en 2024 y EPM ya libró lo invertido en él con ingresos todos estos años por venta de energía, subastas de “bonos verdes” y “certificados de reducción de emisiones”, es un activo depreciado.

Por tanto, la asociación público-popular propuesta es un “cementerio-chatarra” en Jepírachi, con embarazos como el reciclaje de las palas, fabricadas de material compuesto, no resuelto por la industria. ¿Ignoran eso Vélez y Quintero? ¡Un escarnio a los Wayuu!

Hay apenas en construcción dos parques eólicos en La Guajira, pese a que la Anla ha licenciado seis. ¿Los destrabará la confianza inversionista de Petro, que aspira a 3.000 MW instalados? ¿Cuál es el alcance de la asociación público-popular? ¿Basta dar agua, comida, salud y educación a los 300.000 Wayuu a lo cual tienen derecho constitucional?

Sin respetarlos es imposible y no son positivas las puestas en escena de consultas amañadas y pactos manipulados, carentes de consentimiento previo, libre e informado, como debe ser.