La hora de las garantías

No creo que Álvaro Uribe o Álvaro Hernán Prada se jueguen tanto su pellejo y su reputación como los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que pasan por su prueba más ácida.

Después de haber sobrevivido a la desvergüenza de tener integrantes de este alto tribunal que recibían regalos de mafiosos y de que algunos de sus miembros se encuentren hoy bajo investigación y juzgamiento por el dichoso cartel de la toga, le llegó la hora a la corte de demostrar que todavía puede pronunciarse en derecho y que las tentaciones políticas son cosa del pasado.

Por eso no basta con preciarse de tener el récord de haber llamado por primera vez a indagatoria a un expresidente de la república que es a la vez senador y que además muchos consideraban intocable. Su verdadero reto consiste en darle todas las garantías al todavía congresista Álvaro Uribe para demostrar que el proceso al que lo han sometido es verdaderamente justo.

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Dicen que por el desayuno se sabe cómo será el almuerzo, pero en el caso contra Uribe y el representante Prada, más vale que la corte tome correctivos para transparentar sus procedimientos y blindarse de las suspicacias que han generado sus actuaciones iniciales. Desde que comenzó la investigación formal, lo que han hecho no parece ni reservado –¿qué me dicen de las filtraciones selectivas?– ni suficientemente garantista.

Me pregunto ¿por qué a pesar de que Uribe pidió a la corte ser informado el 4 de mayo de 2018 de los procesos a los que estaba vinculado, el 8 de mayo le contestaron ocultando el proceso que estaba abierto desde el 22 de febrero de 2018 y cuyo número de radicado es 52240? ¿Por qué, en el caso del representante Prada, quien el  24 de mayo de 2018 solicitó a la corte lo propio, tampoco se le informó de la existencia de este proceso?

¿Por qué a pesar de que fueron llamados a testimonio el polémico y contradictorio Juan Guillermo Monsalve y su esposa, Deyanira Gómez, no le permitieron a la defensa de Uribe estar presente como dicta la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la ley de procedimiento penal en este caso?

Ha despertado la sorpresa de algunos abogados el hecho de que la sala, liderada por el magistrado José Luis Barceló, que encontró que había mérito para compulsar copias contra Uribe, sea la misma que ahora esté adelantando dicha investigación. ¿No viola esto objetivamente el principio de imparcialidad?

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Pero en otras materias las suspicacias parecen también razonables y deberían ser subsanadas de aquí en adelante. Por ejemplo, los magistrados han podido pedirle ayuda al cuerpo técnico del CTI para mejorar el audio y video de unas grabaciones sensibles como las que realizó la esposa del testigo Monsalve en febrero de este año. En cambio, prefirieron encomendarle la tarea a RTVC, una entidad que depende del gobierno de turno, que ya se sabe que es enemigo de Uribe y que no tenía la capacidad de preservar el sigilo y cuidado que tales pruebas requerían. ¿No era más responsable y menos dudoso encomendar esa labor a los laboratorios de la Fiscalía, como suele hacerse?

Nunca es tarde para evitar que otras preguntas como estas sigan rondando el ambiente. Vienen decisiones cruciales como la de definir si la corte sigue siendo competente en caso de que la renuncia de Uribe se concrete y cuyo examen debería darse con absoluta rigurosidad. También está la fijación de la fecha de la indagatoria que tendría que hacerse dándole el tiempo suficiente a la defensa para que tenga acceso a las pruebas y al farragoso expediente compuesto por cientos de folios. Ni hablar de la determinación de una posible detención preventiva que requiere todavía de más responsabilidad en su análisis y justificación.

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Esta es la hora de las garantías, y si la corte demuestra con acciones concretas que es capaz de superar toda duda y adelantar un juicio serio, no importa cuál sea su resultado final, la solidez de sus procedimientos y la observancia de los plenos derechos de sus investigados pueden devolverle la respetabilidad perdida. Amanecerá y veremos.