Opinión
La hora negra de las telcos
Lo mejor que puede hacer el Estado colombiano es seguir dejando que funcionen los mercados en competencia.
Lo peor que le puede suceder a uno en una tormenta es que la embarcación en la que uno se desplaza esté defectuosa y con problemas en su timonel. Esa escena describe muy bien la situación de las empresas de telecomunicaciones (telcos) a nivel mundial, pero especialmente en Colombia.
Las telcos atienden a más del 70 % de los colombianos a precios realmente baratos; estamos entre los diez países con tarifas celulares más bajas del mundo. Esto es el resultado de la estrategia de regulación del mercado ejercida por el Gobierno colombiano, a través de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, la Agencia Nacional del Espectro y el Ministerio de Comunicaciones. Estas entidades, cuyo objetivo principal es garantizar un servicio de calidad a precio asequible, lo han cumplido a cabalidad.
Por un lado, han ido eliminando uno a uno los obstáculos para que el mercado viva una competencia despiadada entre los operadores. Primero, acabaron con el mercado de voz, que con aplicaciones como WhatsApp terminó desapareciendo como ingreso para las telcos. Segundo, eliminaron las limitaciones que tenían los usuarios para cambiar de prestador de servicio al separar el negocio de la venta de equipos y las cláusulas de competencia del mercado. Por último, facilitaron operativamente el cambio de proveedor de servicios móviles por medio de la portabilidad, haciendo muy fácil para los clientes buscar mejores promociones de otros operadores.
Paralelamente, no solo promovieron, sino que permitieron, la entrada de nuevos operadores como Wom, que para entrar al mercado tardíamente, a semejanza de lo que hizo OLA en los 2000, capturó mercado por medio de precios más bajos que los de las telcos establecidas, y empezaron a extirparles fondos como se desgrana una mazorca. Los altos precios de las nuevas bandas de espectro subastadas, un IVA superior al de los demás productos, las contribuciones al fondo de telecomunicaciones, entre otros, impactaron la rentabilidad de las operadoras.
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La pregunta que le surge a cualquier persona con formación económica es ¿por qué los operadores, ante esta avalancha de medidas, no incrementaron sus precios? La respuesta tiene que ver con la estructura del sector. Los demás sectores de la economía que hacen grandes inversiones iniciales, como el sector eléctrico, el de gas o el de agua, y que reciben su remuneración explotando esas inversiones, tienen ingresos garantizados por la regulación. En estos sectores los operadores reciben como contraprestación la devolución de sus costos eficientes más un retorno generoso y pactado sobre su inversión.
El problema con las telco es que una vez realizada la inversión son expuestas a una competencia que las lleva a cotizar sus servicios marginalmente, lo cual implica que pagan sus gastos, pero no generan en la mayoría de los casos un retorno apropiado sobre el dinero invertido en la red.
Las empresas que participan del sector, la mayoría con parte pública de su patrimonio, tampoco han sido bien manejadas. Muy lenta ha sido su reacción de controlar los costos y hacer los recortes de personal necesarios para operar eficientemente, en un típico ejemplo del conflicto de agencia, en el que el objetivo de la administración pasa primero para pagarse atractivos bonos y contratar conocidos en puestos bien remunerados, en vez de ofrecer buenos retornos a los accionistas. En los últimos diez años, las acciones de las empresas del sector telecomunicaciones han caído más de 60 %, mientras el promedio del mercado casi que se ha triplicado.
Como consecuencia, según los estados financieros de 2023, Tigo Une tuvo pérdidas cercanas a 1,1 billones; Wom, de 800 mil millones, y Telefónica Colombia, de 700 mil millones de pesos, una situación complicada que las administraciones de la compañía han debido prevenir.
Algunos funcionarios de las telcos han puesto el grito al aire con respecto a la necesidad de actuar del Gobierno colombiano, dada la supuesta correlación entre el crecimiento del Producto Interno Bruto y la inversión en telecomunicaciones. Nada más incierto. A pesar de que la banda ancha ofrecida puede ser utilizada para educación, salud y otros objetivos loables, hoy, en gran parte, es utilizada por los colombianos para jugar, apostar, surfear en redes sociales y acceder a contenidos de baja reputación. Lo cierto es que las empresas telco ofrecen es un servicio de entretenimiento de bajo costo.
A futuro, lo mejor que puede hacer el Estado colombiano es seguir dejando que funcionen los mercados en competencia, asegurándose de que las redes de telecomunicaciones instaladas sigan operando, independientemente del operador que las maneje. Lo que no debe aplicar es que, basados en su influencia política, ciertos operadores logren conseguir más fondos públicos para mantener su ineficiencia.