La hora de la reforma

En medio de una de las más severas crisis institucionales de que el país tenga memoria, se hace más imperativo que nunca el abrir un debate serio y profundo sobre lo que será una de la más trascendentales tareas que tendrán el nuevo Gobierno y Congreso: la discusión de la reforma política.

Ya el Gobierno se jugó sus primeras cartas con la presentación del proyecto de referendo, el cual hace un especial énfasis en el desmonte de ciertos privilegios de que gozan algunos servidores públicos y en cambios en el Congreso, mediante la reducción del Parlamento y el paso a un sistema unicameral.

Si bien es cierto que dichas propuestas pueden traer aspectos positivos, no hay que llamarse engaños: el problema de nuestra desprestigiado Legislativo no radica en su tamaño sino primordialmente en las reglas de juego existentes para su conformación y el desarrollo de su labor. Por eso, mientras exista un marco institucional que sea alcahueta con fenómenos como la operación avispa, la fragmentación y la indisciplina partidista, el clientelismo y la "política al menudeo", serán pocos lo cambios reales que el sistema político puede esperar de la reforma.

El país necesita un cambio profundo en su sistema electoral y de partidos y no simples retoques de maquillaje. De ahí que sea necesario cuando menos garantizar unos elegidos más representativos, unos partidos más fuertes y cohesionados, una oposición a la que se le den los espacios reales para disentir y una relación entre Ejecutivo y Legislativo que sea dinámica, constructiva y que erradique las prebendas clientelistas como única forma de interlocución.

Por eso llama la atención que el proyecto calle sobre muchos temas, que sin lugar a dudas son los verdaderamente sustanciales, así no resulten tan taquilleros. Nada se saca con eliminar suplencias, limitar los salarios y honorarios de los altos dignatarios del Estado y los miembros de las corporaciones públicas o aún endurecer las causales de pérdida de investidura para los congresistas, si no se toca el marco institucional que crea incentivos perversos para el desarrollo de la actividad política. No hay que olvidar, por ejemplo, que Colombia tiene uno de los sistemas políticos más personalistas del mundo. Tampoco hay que pasar por encima de circunstancias que deben preocupar como el hecho de que en teoría los terceros partidos y las minorías deberían beneficiarse del sistema electoral, aunque en la práctica son los partidos tradicionales los que lo hacen. Igualmente, es dañino para el sistema la ausencia de espacios para que se ejerza una oposición política real. Y eso por no hablar del inmenso perjuicio que le causa a una democracia tener cincuenta y tantos partidos o movimientos de garaje y ninguno real, capaz de aglutinar importantes segmentos de la sociedad.

De ahí que la propuesta de referendo necesariamente se deba acompañar de otro paquete de reformas que toquen temas de fondo y que ayuden a construir en el país una política más representativa y legitima. El Gobierno no debe desaprovechar su capital político en ese propósito pues correría un inmenso riesgo: el de desgastarse jugándose por unas medidas que si bien pueden ser necesarias no son suficientes si lo que se quiere es hacer una verdadera reforma política de alto impacto.

Retomando la expresión del politólogo Giovani Sartori, lo que se necesita es emprender un verdadero ejercicio de "ingeniería constitucional". El cual, no está de más recordar, debe hacerse con toda la seriedad del caso pues de lo contrario puede terminar dando lugar a un remedio peor que la enfermedad. Al respecto, no es sino ver lo que ha pasado con los últimos esfuerzos de reforma que se han hecho para ver cómo la falta de un liderazgo claro del Gobierno y la intención de los congresistas de crear normas a la medida de sus necesidades produjeron verdaderos engendros que afortunadamente se terminaron hundiendo.

¿Cómo garantizar un esquema de partidos fuertes que a su vez permita el surgimiento de tercerías y le dé representación a las minorías? ¿Cómo lograr un sistema electoral que garantice una equitativa representación de las regiones? ¿Cómo conseguir que los congresistas ejerzan el derecho y el deber que tienen de ser voceros de sus electores sin que ello implique las consabidas prácticas clientelistas? ¿Cómo articular la reforma política del orden nacional con las transformaciones que se hacen necesarias en el nivel territorial? ¿Cómo dotar al Parlamento de reales instrumentos de control sobre el Gobierno sin caer en el obstruccionismo? ¿Cómo lograr una mayor responsabilidad de los elegidos frente a sus electores?

En fin, son muchas las preguntas que están latentes y a las que cuanto antes el Gobierno, el Congreso y la sociedad civil deben buscarle respuestas. Afortunadamente, el mandato que comienza tiene a su favor una alta legitimidad, credibilidad y apoyo tanto de la ciudadanía como de la clase política. Estas circunstancias hacen que el momento sea excepcional para lograr hacer de la reforma política una realidad y no una frustración más. Lo cual implica ir mucho más allá de lo que se ha ido con los temas contemplados hasta ahora. Ojalá el Gobierno así lo entienda, para que en unos años el episodio del referendo no sea recordado con la famosa frase de Lampedusa: "cambiarlo todo, para que todo siga igual"...

* Abogado y politólogo.
rafamerchan@hotmail.com