La JEP es un lastre para la paz

El premio Nobel de Economía, James Robinson, y el colombiano Javier Mejía, profesor de la Universidad de Stanford, hallaron en un estudio que la razón de la persistencia de la violencia en Colombia se encontraba en el derecho de gentes consagrado en la constitución de Rionegro, donde quien se rebelara contra el Estado utilizando la violencia, tendría un tratamiento político y no coercitivo. Un error fatal que legitimó la violencia dentro de nuestra democracia y que ha producido millones de víctimas.

La constitución del 63 solo duro hasta el 86, pero ese derecho tácito a la violencia nos ha acompañado desde entonces, y en tiempos modernos se ha afianzado con la narrativa falsa de la izquierda, de que el único camino hacia la paz es el diálogo, como si ese no fuera el camino que hemos transitado desde hace más de un siglo. Así pues, cada bárbaro que ha asesinado en nombre de supuestos ideales políticos en Colombia, ha tenido derecho a su indulto y a ciertos privilegios, y cada indulto ha deslegitimado al Estado y ha producido incentivos perversos, sembrando así las semillas de nuevas violencias que brotan con mayor furor cada vez; es el espiral de violencia que nos ha envuelto por más de un siglo.

Pero el proceso de paz con las Farc del gobierno Santos fue más lejos, no solo indultó criminales de lesa humanidad y narcotraficantes, y les regaló curules, sino que les permitió tener una justicia paralela denominada Justicia Especial Para la Paz (JEP). Este falso tribunal no solo le ha dado un blindaje de impunidad a las Farc, sino que ha demostrado ser su instrumento de venganza, donde tienen que comparecer aquellos que las combatieron a confesar su culpabilidad bajo la amenaza de años de cárcel. Eso los ha convertido en un agente político de la izquierda muy eficaz, porque valida y refuerza las narrativas que los llevaron al poder.

Hoy, 8 años después de firmarse el acuerdo de paz, anda la JEP en busca de nuevos relatos para golpear políticamente al presidente Álvaro Uribe, que ha sido uno de los pocos en la historia que se ha rebelado contra el statu quo de la violencia y ha optado, con evidente éxito, por buscar la paz desde el ejercicio legítimo de la autoridad. Quieren falsear la historia haciendo pasar la operación Orión, en la comuna 13 de Medellín, como un crimen de Estado. Y la prueba, según la JEP, son dos cadáveres que encontraron en la escombrera, sitio donde precisamente arrojaban los cadáveres las organizaciones criminales que controlaban a esa comuna antes de que la institucionalidad, a través de la operación Orión, restituyera allí la vigencia del Estado de Derecho.

Por el bien de la paz de Colombia, la JEP se debe acabar. Un aparato político de represión y de propaganda a la vez, financiado con dineros públicos, como es la JEP, solo puede ser un nuevo factor de perturbación social y nuevas violencias. Pero, además, es una infamia que un Estado que no tiene recursos para los créditos del Icetex, se gaste más de medio billón de pesos para sostener a unos políticos disfrazados de jueces.