La JEP: ¿juez o cómplice?

Los opositores del acuerdo con las Farc no tuvieron que sabotear la justicia especial para la paz, ni siquiera cumplir con su palabra de hacerla trizas para que la JEP solita se desprestigiara. A los líos administrativos de esa jurisdicción, se suman las disputas por el poder entre magistrados y una serie de sucesos que se convierten en una vergüenza para la institución encargada de contarnos la verdad judicial de estas más de cinco décadas de conflicto armado y terrorismo en Colombia.

El anuncio de la Fiscalía de investigar a tres miembros de la Jurisdicción Especial es el hecho más reciente que encendió todas las alarmas de quienes todavía creemos en el Estado social de derecho, pese a que ciertos opinadores y políticos lo llamen una “obsesión” de Néstor Humberto Martínez en contra de la justicia transicional. ¿Qué pretenden acaso? ¿Que ni la Procuraduría ni la Fiscalía se pronuncien teniendo evidencias de que lo que ocurre en las zonas de reintegración (y por fuera de ellas) es una verdadera “guachafita”, como dijo el jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo? ¡Pues, por fortuna, todavía quedan servidores públicos dispuestos a hacer cumplir la Constitución, incluidas las reformas para implementar el sistema de la JEP!

Le sugerimos: El problema es la dosis máxima, no la mínima

¿O es que tendría que parecernos muy normal que los funcionarios de esta última institución tengan diálogos permanentes –y por fuera de los canales regulares– con los abogados de las Farc? Es ese el caso, según la Fiscalía, de Luis Ernesto Caicedo, un contratista de la Jurisdicción Especial que en ejercicio de sus funciones aparentemente entablaba conversaciones con el abogado Diego Martínez, asesor legal de la exguerrilla, para hablar de algunos asuntos procesales de carácter confidencial y quien tuvo que ver irregularmente –dice el ente acusador– con las cuestionadas salidas del país de excombatientes de la guerrilla, como el bochornoso episodio del viaje de placer a la isla Margarita de Fernando Arellán, autor del atentado del Club El Nogal.

El fiscal del caso también le sigue la pista a otra contratista: July Milena Henríquez. Aunque la investigación apunta a delitos como el de fraude procesal, el solo hecho de que esta abogada sea una asesora en temas claves de la JEP, pero haya hecho parte en el pasado de la Fundación Lazos de Libertad, que manejaba los casos de personas señaladas de pertenecer a las Farc y coordinadora de la Comisión Jurídica de la ‘Coalición Larga Vida a las Mariposas’, para la excarcelación de excombatientes de la guerrilla, rompe el principio de neutralidad que debería tener la justicia especial y genera razonables dudas sobre su imparcialidad.

Le recomendamos: Timochenko: ¡ábrasele a Iván Márquez!

Finalmente está la acusación más grave: la de la secretaria ejecutiva de la JEP, Martha Lucía Zamora. La Fiscalía asegura tener evidencias de que esta importante funcionaria “pudo haber colaborado en la preconstitución de pruebas” para que no prosperaran los incidentes de incumplimiento contra los miembros de las Farc ausentes desde hace unas semanas. Será importante conocer el sustento de semejante señalamiento, pero fuentes de la entidad dicen que las pruebas con las que cuentan son muy sólidas y que además se apoyan en la eficaz colaboración del exsecretario de la JEP, Néstor Raúl Correa, quien ha aportado importantes revelaciones al ente investigador en el marco de estas y otras pesquisas.

Queda la sensación de que si no es por la presión del fiscal o del presidente Iván Duque o de algunos medios de comunicación, la JEP seguiría mirando para otro lado a la hora de exigirles cuentas a los miembros de las Farc, como ¡por fin! hicieron al terminar la semana.

Le sugerimos: Una sentencia que preocupa

Ojalá, los honorables magistrados y los auspiciadores de la ‘paz de Santos’ se dieran cuenta de que la mejor manera de ayudar a implementar los acuerdos es honrando su cumplimiento y repudiando cualquier burla a lo pactado. De no hacer lo que les toca, será muy difícil creerle a la JEP su cuento de que son respetables jueces y no cómplices vergonzantes de quienes tanto daño hicieron en Colombia.