La lucha contra el reclutamiento

El reclutamiento forzado, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes es uno de los crímenes más abominables que se han cometido y se siguen cometiendo en el marco de la violencia armada en nuestro país. La participación de los más jóvenes en las atrocidades de la guerra y el crimen organizado, vulnera su derecho a llevar una vida digna y a desarrollarse de manera integral.

El reclutamiento no solo afecta a las generaciones más jóvenes. Su práctica rompe el tejido de una sociedad que ha hecho importantes esfuerzos para superar la violencia y la pobreza; afecta de forma especialmente grave a las comunidades indígenas y afrodescendientes que ven amenazadas su pervivencia y la continuidad de su identidad cultural; y genera un daño diferenciado y agravado a las niñas, que no solo son involucradas en las hostilidades, sino que por regla general sufren además diversas formas de violencia sexual.

La magnitud del daño que la práctica nefasta del reclutamiento de niños y niñas ha traído al país es algo que aún no hemos dimensionado; pero sin duda es un enorme precio el que hoy debemos pagar por no haber logrado evitar que varias generaciones hayan dedicado su infancia y juventud a la violencia. Sin duda, este crimen no solo afecta el presente, sino que condena el futuro de toda una nación, y por ello es necesario insistir en el inexorable deber de todos y especialmente de las entidades del Estado en proteger de cualquier forma de violencia a la niñez y a la juventud.

Como defensor del Pueblo y ciudadano colombiano, me duele profundamente ver que nuestros niños y niñas siguen siendo víctimas del reclutamiento forzado. Es desolador, que quienes son los tejedores de nuestro provenir, se vean obligados a dejar sus hogares, abandonar las aulas y cambiar los libros para empuñar las armas, someterse a los dolores de un conflicto armado y perpetuar en sí mismos y en otros los horrores de la violencia.

El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha identificado riesgo de reclutamiento, uso y utilización en 157 alertas tempranas, desde que fue puesto en marcha este sistema en 2017. Solo en el año 2020, emitimos un total de 45 alertas tempranas que advierten sobre esta problemática en 238 municipios, entre otros, en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander.

Lejos de reducirse el número de riesgos advertidos y de víctimas de reclutamiento, uso y utilización se han mantenido luego de la firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto suscrito en 2016. La práctica criminal se adapta ahora a las nuevas dinámicas, actores y formas de uso y utilización. Adicionalmente, durante la pandemia generada por la covid-19 se han presentado circunstancias que aumentan el riesgo de reclutamiento, uso y utilización, como el cierre de colegios, la deserción escolar y el empobrecimiento de las familias que devengan su sustento de la economía informal. La falta de oportunidades representa el caldo de cultivo perfecto para que los Grupos Armados y Delincuenciales Organizados desarrollen sus actividades de reclutamiento entre los niños y niñas más vulnerables.

Así las cosas, y a pesar de la inexistencia de registros oficiales o de sistemas de información que den cuenta del número de víctimas, de marzo a septiembre de 2020, época en que las medidas para contener la pandemia fueron más restrictivas, la Defensoría tuvo conocimiento de 83 casos de reclutamiento forzado, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes. Esto resulta alarmante, si se tiene en cuenta el enorme subregistro que, por distintas razones, tienen los casos de reclutamiento forzado.

En este orden, es mi deber hacer un llamado contundente a las entidades del Estado y a todos los actores de la sociedad, para que de manera colectiva enfrentemos este problema. Es necesario llegar a los territorios más afectados por esta conducta para implementar estrategias efectivas de prevención, que respondan a las realidades territoriales y a las necesidades de los niños y niñas y sus familias, y que sobre todo estén basadas en la premisa de que los niños y niñas involucrados en el conflicto y la confrontación armada son víctimas y no victimarios.

La infancia y juventud rural, indígena o afro y recientemente la migrante y refugiada son, tristemente, quienes se encuentran en mayor riesgo de ser reclutados. Es un riesgo que el Estado, la sociedad y la familia están en capacidad de prevenir si emprendemos, al tiempo con las medidas de seguridad para combatir, perseguir y sancionar a los responsables y desarticular estos grupos ilegales, una lucha frontal contra el hambre, la pobreza y la ausencia de oportunidades.

Esta semana, durante una visita humanitaria que realicé a Buenaventura, un joven líder comunitario me indicó que los jóvenes están en búsqueda de oportunidades y que lastimosamente, en muchos casos, la oportunidad que se presenta no es la de educación y posibilidades de empleo digno, sino la que falsamente ofrecen los grupos ilegales. Ofrecerles la oportunidad de construir un futuro a nuestros jóvenes es una lucha que no nos puede ganar la criminalidad.

Con este compromiso, este 12 de febrero, en el marco de la conmemoración del Día de las Manos Rojas, nuestra Entidad lanza la Estrategia Defensorial: 2021 Año contra el Reclutamiento Forzado de Niños, Niñas y Jóvenes, a través de la cual articularemos acciones institucionales concretas para visibilizar esta problemática y hacer seguimiento a la política pública de prevención que fue expedida por el Gobierno Nacional. La Defensoría trabajará en cumplimiento de su mandato, con un enfoque de curso de vida, género y de derechos humanos.

Este es el inicio del liderazgo defensorial en un tema que afecta el futuro de nuestra sociedad. Por ello, hago un llamado a todos los sectores, a que convirtamos la causa del rechazo al reclutamiento en una causa nacional, en favor de la protección de la niñez y la adolescencia. Es tiempo de convertir en realidad la prevalencia de los derechos de niñas y niños, de castigar con la mayor firmeza a los criminales que atentan contra sus derechos y de trabajar sin descanso para prevenir que sigan siendo víctimas de toda forma de violencia y en particular del reclutamiento forzado.

*Defensor del Pueblo