La mafia que le gana a la justicia

Songo sorongo, el escándalo de la Di-rección Nacional de Estupefacientes, va camino a la impunidad. Ninguna investigación ha avanzado en estos dos años: ni la de los funcionarios investigados en la Fiscalía, ni la de los congresistas en la Corte Suprema de Justicia, ni las que unos y otros tienen en la Procuraduría y en la Contraloría.

Después de haber pasado por dos fiscales generales, Mendoza Diago que la empezó con bríos, Viviane Morales que la enrutó hacia los peces chicos haciéndonos creer que eran los grandes -su padre además, según lo reveló La W, era depositario de la DNE-; después de dos fiscales coordinadores, uno bueno, Ana Margarita Durán, quien fue sacada por Morales y otro mediocre, Juan Carlos Acevedo puesto por ella y todavía en el cargo, la Fiscalía de Eduardo Montealegre ha prometido que va a dar resultados. Sin embargo, por el momento sus promesas no se han traducido en hechos.

La verdad es que hasta hoy la Fiscalía no ha podido desar-ticular la empresa criminal que saqueó a la DNE denunciada por Juan Carlos Restrepo el director de la DNE que destapó esa olla. Y la justicia está en mora con el país que aún no sabe quiénes fueron los funcionarios, los congresistas y los narcos que se lucraron de este saqueo al Estado.

Las cosas estarán tan mal, que ni siquiera la Fiscalía ha podido hacer la audiencia de imputación contra Camilo Bula, un depositario, que al parecer habría vendido bienes de las sociedades del clan Nasser Arana por cerca de 20.000 millones de pesos. Bula  firmó contratos aparentemente innecesarios a nombre de dichas sociedades por montos exorbitantes. Bula no es cualquier depositario: es un hombre que se mueve como pez en el agua en la Fiscalía, porque fue director de la Unaim de donde salió por no poder demostrar las calidades necesarias para el cargo, además de que fue pública su estrecha relación con Carlos Alonso Lucio, esposo de la fiscal Morales. (Ver columna sobre caso Bula)

Si este caso se hubiera investigado con todas las de la ley, hoy el país sabría los nombres de quienes urdieron esta operación criminal. Pero la Fiscalía ni siquiera ha podido acusar a Bula ya que ha sido más eficaz la estrategia dilatoria de sus abogados que la del ente acusador.

Tampoco se han investigado asesinatos como el de un señor que compraba carros incautados y a quien le cobraron 1200 millones por debajo de la mesa, para luego matarlo. Su asesinato, perpetrado por mafias internas de la DNE, quedó grabado en un video que la Fiscalía tiene en su poder. ¿Qué ha pasado con los casos de funcionarios que ayudaban a los mafiosos en los procesos de extinción de dominio para que les devolvieran los bienes incautados? ¿Por qué no hay ni una acusación contra el exdirector de la DNE, Carlos Albornoz, quien estuvo al frente de la entidad durante el tiempo en que se habría consolidado esta organización criminal (2005-2009)? ¿Qué ha pasado con las investigaciones disciplinarias que se abrieron contra 11 congresistas, en su mayoría senadores conservadores, quienes hoy fungen como los jefes de campaña de la reelección del procurador? Si es cierto que hace más de seis meses dos magistrados que ya iban a terminar su periodo dejaron listos tres proyectos de apertura de investigación contra senadores, ¿por qué el nuevo presidente de la sala penal, Leonidas Bustos, no las ha estudiado? ¿Será que anda tan ocupado en la reelección del procurador que no ha tenido tiempo de estudiar el tema? ¿Habrá pensado que esta no es la hora de investigar a ningún conservador porque necesitan de sus votos antes de que se vayan para la cárcel?

Como vamos, lo mas probable es que todos los investigados terminen absueltos como de hecho acaba de suceder con uno de los dos directores de la DNE envueltos en el escándalo, Omar Figueroa, a quien la Procuraduría acaba de absolver en una investigación que se le abrió porque su padre habría pedido una plata para influenciar la entrega de un bien a un conocido suyo cuando su hijo era director de la DNE.

La mafia se nutre de los pactos de silencio para crecer al amparo de la impunidad. Y es deber de la Justicia romperlos. Si no lo hace, las empresas criminales como la que saqueó al DNE seguirán creciendo, arrasando con nuestro Estado de derecho sin que nadie se atreva a denunciarlas.