La mala fe de Mario Cortés Mahecha

El magistrado Mario Cortés Mahecha afirma en la sentencia que condenó a nueve años de prisión a Carlos Palacino que en 2010 estaban vencidas el 71 por ciento de las obligaciones de Saludcoop. Pero calla que ese incumplimiento se debía al Gobierno. El Fosyga estaba en mora de girar los dineros que correspondían a Saludcoop. Solo una persona de mala fe afirma una verdad a medias. La verdad completa consiste en quela mora de la EPS se debía a la mora del Gobierno. El fallo soslaya que en la resolución de intervención consta que las cuentas por cobrar de Saludcoop al Fosyga ascendían a 484.000 millones de pesos. Esa suma sobradamente cubría la deuda de 271.530 millones y de plano desvirtúa la existencia del delito que se inventó el magistrado. Pero la mala fe va más allá. La imputación contra Palacino solo cubría los años 2000 a 2004. No cabía referirse a hechos ocurridos en 2010. O sí cabía si el propósito del magistrado era, como lo fue, dictar una sentencia arbitraria y caprichosa.

Adicionalmente, señala Cortés Mahecha que en el momento de la intervención en 2011 Saludcoop se encontraba en un “colapso económico y operativo.” Es falso. Si así hubiera sido, la empresa habría cerrado poco después de la intervención. En realidad, el Gobierno la administró durante cuatro años y medio más, sin inyectarle dinero, y la empresa siguió operando con la fuerza financiera y operativa que traía de atrás, pese a la gestión de interventores bandidos como Guillermo Grosso.

Cita el magistrado la resolución de intervención, pero oculta que la razón fundamental invocada para esa medida fue la “inminente afectación” de la prestación del servicio de salud y oculta también que el superintendente nacional de Salud que firmó la intervención, Conrado Adolfo Gómez Vélez, se retractó bajo juramento el año pasado. Dijo Gómez Vélez: “Yo quiero ser muy claro que en la visita de auditoría no se encontraron problemas de prestación de servicios”. Es inexplicable que el Tribunal Superior de Bogotá le otorgue credibilidad a una resolución que se basa en una falsedad reconocida bajo juramento por el funcionario que la dictó.

Afirma Cortés Mahecha: “Es una realidad incuestionable que Saludcoop tuvo que ser intervenida y liquidada por las malas prácticas contables y financieras al interior de la compañía”. Aquí hay una irresponsabilidad manifiesta al mezclar la intervención y la liquidación. La intervención se decretó en mayo de 2011, siendo Palacino el presidente de Saludcoop; la liquidación se dio cuatro años y medio después de la intervención, en noviembre de 2015, y se decretó cuando Grosso, nombrado por el Gobierno, era la cabeza de Saludcoop. Es una flagrante arbitrariedad en materia penal combinar la gestión de Palacino con la de Grosso. En mayo de 2011, Saludcoop no estaba en causal de liquidación. Lo dice la resolución de intervención. La entidad fue intervenida para administrarla.

Según la sentencia, Palacino “manipuló los estados financieros”. Pero el magistrado oculta que una vez intervenida la EPS el Gobierno no corrigió esos estados financieros, pese a que estaba facultado para ello. Oculta o no conoce el oficio 2-2015-123625 de la Supersalud: “La Superintendencia Nacional de Salud no autorizó modificar y cambiar los estados financieros de la EPS”. La resolución de intervención tiene 40.045 palabras. Ninguna es manipuló, manipulación, adulteró, falsificó o falseó. La manipulación de la justicia sí corrió a cargo del inverecundo Mario Cortés Mahecha.

Este es un fallo monstruoso basado en sofísticas maromas jurídicas. Es nauseabundo el espectáculo que ofrece el Tribunal Superior de Bogotá al país. Se postra en posición genuflexa para alcahuetear un falso positivo de Juan Manuel Santos, que en mayo de 2011 aparentó un desfalco como pretexto para apoderarse de SaludCoop en una maniobra de corrupción que consistió en inventar falsos hechos de corrupción. Dios nos guarde del nefando Tribunal Superior de Bogotá. Mario Cortés Mahecha y los otros magistrados que firman la sentencia –Javier Armando Fletscher Plazas y Juan Carlos Garrido Barrientos– son miembros consagrados del cartel de la mala fe. ¿Qué se fizieron los magistrados honorables y respetables como Miguel Lleras Pizarro, Alfonso Reyes Echandía, Enrique Low Murtra, Carlos Ernesto Valencia, Carlos Galindo Pinilla y Humberto Mora Osejo, entre otros? Los reemplazaron hordas de anónimos oficinistas del Poder Judicial.