La minga

Una nueva movilización indígena se dirige hacia Bogotá desde el suroccidente del país. Organizaciones que representan a distintos colectivos y grupos étnicos acuden a su más poderosa y efectiva estrategia para reclamar derechos, exigir el cumplimiento de compromisos por parte del Estado y, claro, hacer política. Otro ejemplo más que evidencia el incremento exponencial de la manifestación pública y la protesta social en los últimos años.

La amplia agenda de inconformidad sobre múltiples temas que se viene planteando de tiempo atrás se complejiza ahora con las dinámicas derivadas de la pandemia. Ya venía el país convulsionado por expresiones ciudadanas que se tornaron violentas a fínales del año pasado y la conversación nacional con la que el Gobierno intentó darle un orden al debate púbico se vio interrumpida por las restricciones y cuarentenas. Además, la crisis económica ha agudizado muchos de los problemas que las organizaciones sociales han resaltado siempre en sus planteamientos. Y, para completar, el recrudecimiento de la violencia ha golpeado sobre todo a quienes representan a sus comunidades en los territorios más necesitados.

En Cali se hizo un intento por establecer una comunicación de alto nivel entre el Gobierno y los promotores de la movilización, pero, más allá de la inasistencia de los representantes indígenas, el fracaso de la reunión evidencia una gran desconexión entre las instituciones y un amplio sector de la sociedad. Mirando las próximas protestas y paros que se han convocado, no es un tema que se limite a los pueblos indígenas. Hay cada vez más colectivos sociales, organizaciones rurales, expresiones ciudadanas más empoderadas, haciendo valer su voz, que no se sienten representadas en la política, los gremios o en los medios.

Ahora bien, es cierto y preocupante que en estas marchas muchos grupos ilegales encuentren oportunidad para cometer crímenes, generar violencia y miedo. Y también debe generar rechazo aprovechar estas movilizaciones con fines clientelistas para gestionar intereses particulares, como muchas veces también queda evidenciado en estas dinámicas. Es imposible generar confianza en escenarios de participación ciudadana permeados por los peores males y vicios que nos han impedido alcanzar mayor progreso y justicia social.

En Colombia necesitamos avanzar en la cultura del diálogo social, fortalecer la institucionalidad para la interlocución entre las autoridades y la ciudadanía, profundizar la democracia.

En memoria de Álvaro Gómez Hurtado, los colombianos tenemos que lograr ponernos de acuerdo sobre lo fundamental. Y para eso se requiere una actitud favorable al diálogo, con respeto por el interlocutor y por las diferentes formas de entender el mundo. Así lo demostró él mismo muchas veces, particularmente en la Asamblea Constituyente.

El Estado también tiene que revisar su institucionalidad para la participación ciudadana. Muchas propuestas se han hecho en este sentido y actualmente el Departamento Nacional de Planeación se encuentra estudiando la efectividad del complejo sistema que gobierna el tema en el país. Siempre vale la pena destacar el ejercicio del Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia en esta materia pues ha logrado construir confianza entre muy diversos actores a través de metodologías que han permitido generar propuestas de mucho valor. Por ejemplo, la creación de una agencia nacional para el diálogo social, que le permita al Estado desarrollar capacidades y método a sus funcionarios, hacer seguimiento a los compromisos y rendir cuentas a la ciudadanía.

Se trata de evolucionar desde una democracia representativa cada vez más ineficaz, hacia una participación más incidente en la agenda pública, que trascienda los tradicionales procesos electorales y dé respuesta institucional a una ciudadanía cada vez más activa y diversa.

La Procuraduría General de la Nación, entendiendo este fenómeno, ha venido convocando desde octubre de 2018 a distintos sectores del país a una Cumbre de Diálogo Social con el propósito de generar un espacio que permita lograr consensos y acercar posiciones y distintas visiones. El primer acuerdo fundamental que se acogió desde aquella reunión en Cerrito, Valle del Cauca, fue el rechazo a la violencia como método para resolver diferencias y privilegiar el diálogo para tramitarlas.

Posteriormente, en reuniones que se adelantaron en el oriente antioqueño, en Paipa, Boyacá, en Bogotá y en Cartagena por última vez en diciembre de 2019, se presentaron y debatieron visiones y propuestas en torno al diálogo social por parte de los partidos políticos, del sector empresarial, las organizaciones sociales y las instituciones del Estado. Todas las sesiones se destacaron por la heterogeneidad de los participantes, el respeto y un ambiente de confianza que permitió, casi siempre, producir declaraciones de consenso sobre las temáticas que fueron abordadas.

La pandemia y las consecuentes restricciones de reunión y movilidad no han detenido este esfuerzo que congrega a un variado y amplio grupo de personas preocupadas por el bien común. Desde el mes de abril se vienen coordinando sesiones de trabajo virtuales, propiciando discusiones sobre temas que vienen de atrás y problemas que han surgido a raíz de la crisis. La reactivación económica, particularmente la atención al campo y el sector rural, la necesidad de instrumentos para atender las necesidades de los más vulnerables, los hechos de violencia, las limitaciones a la participación ciudadana son los ejes temáticos que han orientado estos diálogos en medio de la pandemia. Incluso, se ha innovado con la implementación de nuevas herramientas tecnológicas que han facilitado llevar esta conversación al ciudadano del común.

El próximo 29 de octubre se llevará a cabo, de forma virtual y semipresencial, la Cumbre de Diálogo Social “Tejiendo consensos por la vida digna y el bienestar”, evento que permitirá compartir esta experiencia y ojalá, seguir contribuyendo al cambio cultural que se requiere, que privilegie los argumentos y la conversación sobre la violencia y la agresión. Un encuentro en defensa de la dignidad de la vida, para promover el bienestar social y el cierre de brechas, un ejercicio para reconocer y valorar a una ciudadanía cada vez más activa. Enhorabuena.

Entretanto, avanza la movilización indígena del suroccidente hacia la capital. Se convocan nuevos paros y protestas para los próximos días. Se promueven foros de discusión desde las instituciones, la academia, la política y el empresariado. Una minga, entendida como una tradición de trabajo comunitario o colectivo con fines de utilidad social, es lo que estamos viviendo. Y por lo que se evidencia, será un ejercicio sostenido que continuará sin pausa y con muchos matices hasta 2022. Lo mejor es entender esta dinámica, adaptar el Estado y definir el rol que cada ciudadano deba tener.