Opinión
La ministra de Agricultura tendrá que responder penal, fiscal y disciplinariamente
Toda acción tiene su repercusión.
La semana pasada, Argentina fue condenada a pagar US$16 mil millones de dólares como consecuencia de la muy mala decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de expropiar en el año 2012 el 51% de las acciones de YPF, petrolera que se encontraba bajo el control de la española Repsol.
El fallo sancionatorio fue emitido por una jueza del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, quien fue enfática y dura en la sentencia, al criticar las palabras del viceministro de Economía de la época, Axel Kicillof, pues al efectuar la expropiación afirmó que “son tarados los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según el estatuto de YPF”.
Las palabras de Kicillof me recuerdan mucho a las salidas en público de algunos miembros del Gobierno y de su coalición, que de manera desatinada atacan a la propiedad privada y blasfeman contra las empresas.
Sin darse cuenta, estos politiqueros ignorantes con ínfulas de tecnócratas y pose de intelectuales, están generando un escenario similar al que hoy atraviesa Argentina, que tendrá que pagar $64 billones de pesos, aproximadamente unas 4 reformas tributarias, a sus demandantes.
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Argentina -evidentemente- no tiene cómo pagar, pues la mala gerencia de gobiernos populistas como el de Cristina Fernández la tienen en la ruina. El presidente del país, Alberto Fernández, ha manifestado que apelará el fallo. Sin embargo, lo más posible es que este sea confirmado, pues Estados Unidos es un país garante en el que se respeta la propiedad privada.
Traigo este ejemplo a colación pues no es un escenario lejano el que algo así suceda en Colombia. El desconocimiento técnico y desprecio por la ley de algunos miembros del Gobierno les pasará factura no solo a ellos, sino a todos nosotros. La expropiación exprés a la que pretenden someter a los propietarios legítimos de predios generará una ola de demandas que tendrán que ser pagadas por el Estado colombiano y -por ende- por nosotros, los contribuyentes.
La resolución a través del cual el Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural pretende declarar zona de producción de alimentos a la provincia cundinamarquesa de Sabana Centro es un despropósito en cada una de sus líneas. Esta región, calificada por investigaciones académicas como la más sostenible y competitiva del país, podría dejar de serlo, justo por el talante expropiatorio del actual Gobierno.
La región de Sabana Centro tiene un PIB del orden de los US$15 mil millones de dólares, cifra similar a la que Argentina adeuda a sus demandantes como consecuencia del fallo emitido recientemente en Estados Unidos. El detrimento patrimonial que promete la irresponsable resolución del Ministerio de Agricultura será gigantesco.
La inseguridad jurídica que crean estas normas alejan por completo la inversión, y ya vimos cómo nuestro mercado, uno de los más sólidos de la región, por cuenta de decisiones como esta podría pasar de emergente a ser de frontera, de acuerdo al reputado banco estadounidense JP Morgan.
El Gobierno aún puede recapacitar y buscar consensos, está a tiempo. De lo contrario, espero que los funcionarios responsables de emitir este tipo de decretos y resoluciones, sepan que tendrán que responder con su patrimonio y serán sancionados fiscal y disciplinariamente por desconocer pilares elementales de nuestro ordenamiento legal.
También espero que recuerden que en este Gobierno los ministros no duran; si les va bien, quizás un año. Al mejor estilo de María Isabel Urrutia o Cielo Rusinque, la ministra de Agricultura no tendrá quién la respalde. Tampoco creo que sepa tanto como Laura Sarabia para que la premien.
Al mejor estilo de Alex Kisiloff, la ministra cree que somos tarados. Veamos al final quiénes realmente lo son.
