JORGE HUMBERTO BOTERO

Opinión

La muralla constitucional

Los discursos del presidente y sus alfiles permiten vislumbrar una amenaza para nuestro Estado de derecho.

18 de octubre de 2022

Nuestro presidente está lleno de enemigos. El sistema capitalista encabeza la lista por ser responsable de la deforestación, el cambio climático y las economías ilícitas. Otro enemigo es la desigualdad en el ingreso, que es causa de la violencia que padecemos, afirmación que suena bien, así no exista correlación estadística significativa entre ambos fenómenos. Desde la óptica presidencial, es tan grave la desigualdad que no es posible desarrollar las políticas de fortalecimiento del agro y la industria, los únicos que, según el nuevo discurso oficial, generan riqueza. Nuestro mandatario se pregunta: “¿Nosotros, con la desigualdad social que tenemos, podemos industrializar el país?”, la misma que se responde de manera negativa. Consecuencias obvias de esta visión son el énfasis en la distribución; y que no haya estrategias para aumentar el empleo formal, que en épocas arcaicas fueron concebidas como indispensables para combatir la pobreza.

Otros enemigos son los operadores privados del sistema pensional. Las cotizaciones que administran “ya han sido expropiadas en parte por los dos banqueros más ricos de Colombia”. La noción petrista de expropiación es incorrecta: los fondos de pensiones son propiedad colectiva de los aportantes, no de sus administradores. El presidente sabe que dice una falacia, pero en ella persiste porque su propósito es estatizar, tanto como pueda, los servicios públicos. También han sido identificados como parásitos las aseguradoras del sistema de salud, tan necesitado de las reformas que los dos gobiernos precedentes debieron acometer y no lo hicieron. Y para qué hablar del sector de hidrocarburos que es imperativo marchitar en bien del planeta. No importan cuales sean los costos económicos para Colombia.

Todo esto es terrible. Recién descubrimos que nuestro sistema eléctrico, que era considerado exitoso en términos de calidad y cobertura, en realidad es un fiasco. Con voz airada, la ministra de Minas clama por “justicia tarifaria”, una noción de vaguedad absoluta. Mientras no se sepa cómo garantizarla, y una nueva regulación sea adoptada, el flujo de inversión en el sector puede verse menguado. Grave porque los proyectos de generación y transmisión requieren periodos amplios de maduración.

Los medios de comunicación recién ingresan en su condición de malos de la película. La circunstancia de que algunos de ellos sean propiedad de grandes conglomerados no es suficiente, como lo hace Petro, para descalificarlos. Entiendo que sus accionistas saben que sus ingresos dependen de su credibilidad, y esta, a su vez, de que los manejen con imparcialidad. No olvidemos que la libertad de prensa es el aire de la democracia.

En este catálogo de fuerzas del mal se encuentra también el Banco de la República, que se obstina, como tantos otros bancos centrales, en subir la tasa de interés para combatir la inflación. El Gobierno argentino, que piensa lo contrario, carece de una política monetaria independiente; cree que la dinámica alcista de los precios no es un problema monetario, sino que obedece a la avaricia de los empresarios. Que las cifras de inflación se acerquen al 100 % anual demuestra la magnitud de su error. Moviéndose en la misma dirección, AMLO, en México, está tratando, con éxito, de destruir la autonomía del emisor. Los ataques de Petro al Banco de la República y las propuestas gubernamentales de controles de precios son parte de la tendencia ‘progresista’ (así se la llama) que impera en algunos países de la región. Tomemos nota.

Toca mencionar, por último, al “enemigo interno”, que, según el presidente, es “el acumulado de normas… para defender intereses particulares poderosos”, o sea mero “fetichismo legal, como complementó el senador Cepeda. Tal vez no advierten que esa descalificación podría incluir la Constitución, que es el eje de nuestro Estado de derecho.

Quizás tampoco se han dado cuenta de que el modelo constitucional de la economía reconoce la libre competencia como uno de sus pilares, así proceda su acotamiento eventual, siempre mediante leyes del Congreso, en función del interés social, el ambiente y el patrimonio cultural, entre otros objetivos. Esas leyes son distintas de la que contiene el Plan Nacional de Desarrollo, que es un mecanismo de vigencia transitoria para ordenar la inversión pública y adoptar las reglas para facilitar su cumplimiento. No sería el PND idóneo para instaurar las visiones estatistas planteadas por el gobierno. Tampoco es verdad que los resultados de las consultas regionales que se ha decidido poner en marcha sean obligatorias. La instancia constitucional de participación es el Consejo Nacional de Planeación; el Gobierno hace bien en consultar las regiones, pero de ellas no resulta obligación jurídica ninguna. Como siempre sucede con esos mecanismos, que no se materializan en votaciones formales, los resultados son interpretados por el caudillo que los propone con amplia discrecionalidad.

Dice la Carta política que los servicios públicos pueden suministrarse tanto por el Estado como por los particulares. Este puede reservarse, mediante ley que requiere mayorías elevadas, actividades estratégicas siempre que indemnice, de manera plena y previa, a las personas “que queden privadas del ejercicio de una actividad licita”. Apenas hay que recordar que la provisión de energía, la gestión de ahorros pensionales y el aseguramiento en salud son servicios públicos. Clausurar, o restringir de manera sustantiva las funciones que esos agentes privados realizan, crearía una onerosa contingencia fiscal. Otra más…

Colombia tiene una Corte Constitucional independiente y de alta jerarquía intelectual. Si los asuntos aquí mencionados no se resuelven en los debates políticos, esta tendrá que hacerlo. Al ejercer esa función no le parecerá adecuado que el sometimiento al sistema jurídico sea calificado como “fetichismo legal”. Cuenta también con un banco central autónomo al que, desde su instauración en 1991, no le ha faltado coraje y rigor para garantizar la estabilidad monetaria, un bien público esencial.

Briznas poéticas. Vicente Gerbasi, inventa otra realidad: “Y los fantasmas / en la oscuridad / pasan por el patio / enterrando luces azules. / El tiempo del naranjo / mueve sus lechuzas. / Se levanta en el aire / la ropa tendida / como nube de lluvia / en un abismo / de lentas antorchas”.

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