La paz en Guaviare: ¿La disidencia definirá todo?

Guaviare es uno de los lugares menos desarrollados del país, donde asombrosamente existen pocos kilómetros de vía pavimentada; una sola línea de teléfono fijo es a menudo la única forma de contacto de los caseríos y donde el narcotráfico, el conflicto armado y la lucha por la presencia efectiva de Estado han sido constantes, casi desde su colonización durante los años 1970. Ahora cuando la guerrilla ha ido hacia las zonas veredales para luego dejar las armas y que el acuerdo se tendrá que implementar, el departamento se enfrenta con otro serio problema: la disidencia que se desprendió del primer frente de las FARC. Una pregunta clave para Guaviare es: ¿Cómo influirá la presencia de la disidencia en la toma de decisiones sobre la implementación del acuerdo?

Dos recientes hechos en Guaviare han prendido las alarmas sobre esa facción de las FARC que no se ha acogido a la paz. El primero fue el asesinato de Herlin Reyes Triana, ganadero del municipio de Calamar, el 30 de enero. El segundo fue el asesinato de un miembro de la policía por un francotirador, también en Calamar, durante labores de erradicación manual. Aunque en ninguno de los casos se ha confirmado que el autor de los hechos pertenezca a la disidencia del primer frente, es una hipótesis, especialmente en el segundo hecho, y ha generado preocupación.

Esa preocupación es bastante válida pues gira alrededor de si Guaviare conocerá en realidad la paz o no. Adicionalmente, la capacidad que tendrá el Gobierno (y en menor medida las FARC) y la manera como se implemente el acuerdo de paz se verán afectadas por la presencia de esta facción armada, al menos en cuatro maneras. En primer lugar, la inseguridad que genera será un factor que fácilmente puede llevar a que el acuerdo no se implemente en su totalidad en el departamento, o en algunos lugares sí pero en otros no. En segundo lugar, es probable que la erradicación forzada de la coca sea más fuerte que la sustitución, pues se buscará quitarle la fuente de financiación a la disidencia. En tercer lugar, la efectividad de cualquier intento de sustitución se enfrentará con sus intereses. Finalmente, los derechos de las víctimas de las FARC en Guaviare, especialmente a la verdad y la justicia, se pueden ver afectados si perpetradores de crímenes graves no dejan sus armas y nunca llegan a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

A pesar de las dificultades generadas por la disidencia, es importante que no sea el factor principal durante la toma de decisiones alrededor de la implementación de los acuerdos en Guaviare; va a ser uno de ellos, pero no puede ser el más fuerte. Por ejemplo, si por tratar de quitarle recursos financieros se opta por la erradicación forzada generalizada en el departamento, se puede terminar por fortalecerla, ya que pueden argumentar que tenían razón al creer que el Gobierno no iba a cumplir con el acuerdo y que ellos son los únicos que pueden proteger del Estado a los campesinos. La disidencia ya se ha presentado frente a las comunidades en la región como un “mal necesario”, y un escenario en el que la erradicación forzada prima, para muchos pobladores, tendría razón. Cualquier problema con la implementación del acuerdo o incumplimiento por parte del Gobierno será aprovechado por esa facción para argumentar que su existencia es justificada.

Por lo tanto, a pesar de los riesgos que representa y la falta de previsibilidad frente a su accionar, el Gobierno tendrá que encontrar cómo implementar el acuerdo de paz en la zona, mientras se enfrenta la disidencia militar y políticamente. El costo de no hacerlo no solamente es la continuación de la violencia, sino es perder una oportunidad dorada para aumentar la legitimidad del Estado en el departamento. Mostrarles a las comunidades que el Gobierno es capaz y tiene la disposición de mejorar las condiciones de vida de Guaviare, a pesar de los riesgos creados por la disidencia, mandará un mensaje fuerte. También mitigará el poder de influencia de ésta sobre las comunidades.

Tal aproximación implica reconocer que la disidencia del primer frente no solamente tiene intereses económicos, sino una mirada, estrategias y argumentos políticos, lo cual se confirma a través de diferentes fuentes en el departamento y trabajo de campo en el 2016. Además, según una alta fuente de las FARC, Gentil Duarte argumentaba que el Gobierno no iba a cumplir y que las FARC habían traicionado las ideas de Manuel Marulanda. Aunque esta facción tiene un claro interés en seguir manejando el negocio de la coca en la zona, al hacerlo toma una decisión política extremadamente clara: rechazar el acuerdo de paz. Esta posición tiene que ser justificada frente a las comunidades donde hace presencia, o simplemente no podrá contar con el apoyo necesario para poder sobrevivir. La violencia jugará un papel importante en garantizar su existencia, pero en el contexto actual y futuro de la paz, no será suficiente por sí sola.

Con este argumento, la estrategia contra la disidencia en Guaviare tendrá que tener un elemento político claro, además de uno basado en lo económico y lo militar. Habrá que quitarle su justificación política, y la mejor manera de hacerlo es realizar un esfuerzo fuerte y sincero de implementar el acuerdo de paz en el departamento, a pesar de los riesgos. Al hacer lo contrario no solamente se fortalecerá a la disidencia, sino se garantizará que el departamento, después de tantos años de conflicto y tanta falta de desarrollo, difícilmente pueda gozar de los beneficios de la paz.

*Analista senior en Colombia de International Crisis Group
@KyleEnColombia