La paz total, necesidad apremiante

El presidente Gustavo Petro ha venido señalándole al país un horizonte claro en el que el objetivo de la paz total se ha hecho visible. Sus acciones cotidianas refrendan ese propósito: ya fueron reactivados mecanismos de diálogo político en La Habana y los grupos armados de distinto origen y motivación han recibido una oferta abierta hacia una desmovilización o sometimiento jurídico, en condiciones razonables.

Sin embargo, la respuesta inmediata no ha sido la esperada. Varias de esas organizaciones han incrementado en los últimos días sus mecanismos de intimidación, como la extorsión y el confinamiento de comunidades, y los han combinado con masacres y más ataques indiscriminados.

En contravía del loable propósito gubernamental, extremistas y delincuentes de distinta laya buscan sembrar desesperanza y se burlan del clamor nacional por la paz negociada.

Es un contrasentido que los violentos respondan con desparpajo y saña al discurso conciliador del jefe de Estado, que con mensaje inspirador para el país les ha tendido la mano desde el primer minuto de su ascenso al poder.

“(…) Que la paz sea posible. Tenemos que terminar, de una vez y para siempre, con seis décadas de violencia y conflicto armado. Se puede”, dijo en medio de la ovación de la multitud reunida en la Plaza de Bolívar el pasado 7 de agosto. Lo dijo con el convencimiento propio de un firmante de la paz, que desde hace 31 años es testimonio vivo de que creer en la democracia y la legalidad es la más rentable de las empresas.

En los primeros 20 días de la era Petro el péndulo de la paz se ha movido con fuerza, con hechos contundentes como las declaraciones del ELN, que dice estar dispuesto a reiniciar las negociaciones en Cuba; el apoyo irrestricto de la comunidad internacional; el levantamiento de las órdenes de captura que obraban sobre aquellos que ahora irán a la mesa, y las manifestaciones de los gobernadores y alcaldes favorables a ese proceso.

El país, hay que decirlo con franqueza, ha dejado atrás la prevención y ha arropado al presidente entrante. Hay evidencia clara de que apoya sin reservas su compromiso con el fin negociado de un conflicto armado, que en las últimas décadas ha dejado más de nueve millones de víctimas, más de quinientos mil muertos, miles de desaparecidos y masacres, y una larga lista de hechos que han marcado con sangre la historia de Colombia.

El anuncio de cumplir a plenitud los acuerdos de La Habana ha sido recibido con mucho optimismo y es, en esencia, un punto central de la agenda del Gobierno nacional.

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas. Los intolerantes siguen lubricando la máquina de la muerte. Es repudiable el atentado a la caravana de escoltas del presidente Petro por parte de desconocidos armados en la vía a El Tarra, Norte de Santander. También lo es la escalada criminal que sacude varias ciudades del país. La movilización ciudadana parece ser parte del antídoto para frenar a los violentos, a aquellas que no valoran una paz total que habrá de devolverle a la democracia la condición básica de una convivencia libre del lastre de la violencia.

La Federación Nacional de Departamentos está comprometida con la paz total del presidente Petro. Por eso no solo ha expresado su solidaridad a todas las víctimas, sino que trabaja de la mano con el Gobierno nacional y la sociedad civil para ayudar a aclimatar la reconciliación y la convivencia en las regiones. Su apoyo al diálogo social es irrestricto. Así se lo ha hecho saber al presidente en dos encuentros institucionales. Y así lo cumplirá.

Los gobernadores del país ya están actuando en esa dirección: están abriendo espacios de encuentro para que la comunidad participe, con plena libertad, en la construcción colectiva del país que necesitamos. Los mandatarios territoriales aplauden el arrojo del presidente y su tenacidad para lograr las metas propuestas. Por eso repudian la violencia en todas sus expresiones y hacen un llamado a los irregulares armados a responder positivamente el ofrecimiento del Gobierno nacional. Aguardan que la respuesta refleje el cese de asesinatos de líderes sociales, de miembros de la fuerza pública y de ciudadanos inermes.

Ese apoyo sin ambages se hace extensivo a la agenda legislativa para la paz y a la creación de una nueva institucionalidad para la reconciliación.

El momento histórico que vivimos exige grandeza, desprendimiento, compromiso y unidad. Los gobernadores del país le dicen sí a la paz y se enfundan la camiseta de liderazgo en un proceso colectivo y participativo. Están listos para darles vida y sustancia a los diálogos regionales y a impulsar la construcción de consensos sin exclusiones. En esos nuevos escenarios será escuchada con fuerza la voz del pueblo, para que los violentos entiendan que hoy tienen una nueva oportunidad para vivir en paz y que no pueden dilapidarla.