“La paz total”

El gobierno entrante ha realizado una apuesta de enorme complejidad: desmantelar la totalidad de los grupos armados que azotan varias regiones: unos, por dudosas razones políticas, otros, por móviles de lucro que se disfrazan como proyectos altruistas de cambio social.

Imaginemos que sea factible establecer una nítida frontera entre ambas modalidades delincuenciales; que en la primera categoría solo cabe el ELN y que, en la segunda, la ley que se expida, cuya necesidad es dudosa, establece criterios objetivos para diferenciar cuáles bandas merecen tratamientos de excepción en materia penal, que no son, por cierto, las de ladrones de ganado y celulares. No es tarea sencilla.

Dicho esto, ocupémonos de los compromisos con los Estados Unidos en materia de extradición. El tratado vigente establece que, cumplidos ciertos requisitos, el Estado requerido se obliga a conceder la extradición con una muy importante excepción: “cuando el delito por el que se solicita sea de carácter político o tenga conexión con un delito de carácter político…”.

Un elemento esencial del acuerdo con las Farc consistió en que ese grupo armado ilegal era un actor político, y que el narcotráfico, en ese contexto, es un crimen conexo. Los Estados Unidos respaldaron ese proceso. Fue entonces posible que los militantes de esa guerrilla, que se acogieron al Acuerdo Final, no fueran extraditados.

Una adecuada gestión diplomática podría dar lugar a que las autoridades de ese país acepten que el ELN también se inspira en un noble anhelo de reformas sociales.

Si ya creyeron, o fingieron creer, el relato de la paz de Santos -”el fin del conflicto armado”-, puede que crean tambien este nuevo discurso de “la paz total”. Y, en consecuencia, le metan dinero al proceso conscientes de que nosotros somos los que ponemos los muertos, soportamos el deterioro de las instituciones y padecemos daños ambientales irreversibles en una guerra que libramos sin esperanza alguna.

Resuelto este escollo sería necesario sostener que los otros grupos generadores de violencia -clanes y disidencias- son de la misma estirpe que las antiguas Farc y los Elenos; que sus operaciones de narcotráfico, minería y deforestación ilegales igualmente son delitos políticos por conexidad: el costo que la sociedad tiene que pagar para que puedan promover su noble modelo de sociedad.

Por tal razón, -apreciados amigos estadounidenses- ustedes deben comprometerse a no solicitar a sus integrantes en extradición, o a diferirla indefinidamente, a fin de que nuestro gobierno pueda adelantar el “perdón social”, que es parte integral de la “política del amor”.

Si esto fuere posible, por una vía indirecta Colombia dejaría sin efecto sus compromisos internacionales de lucha contra las drogas.

Modificarlos, sin duda alguna, debe ser un elemento central de la administración Petro, que tal vez no puede lograrse mediante una interpretación audaz de las normas contenidas en ese tratado.

Por esta razón, resulta poco factible ofrecerles a los delincuentes comunes que hoy adelantan el plan pistola un paquete de beneficios penales que incluya la no extradición que, para ellos, es la nuez del negocio; otras gabelas quizás no les interesen.

Aunque si decidieren acogerse a un régimen penal ad hoc, lo probable, como siempre, es que los protagonistas cambien, pero la película siga siendo la misma. Desde Carlos Ledher a Otoniel cuando salen de la escena pronto son sustituidos por nuevos y entusiastas actores.

Centrémonos ahora en las posibles negociaciones con el ELN y, antes que nada, en los requisitos que deben cumplirse antes de instalar una mesa de negociaciones con ese grupo.

Estas preguntas demandan respuestas claras: ¿Quién fue responsable del aleve ataque a la Escuela de Policía General Santander? ¿Qué garantías ofrecen de que crímenes de lesa humanidad como ese no se repetirán? Y si la respuesta fuere que ese evento fue cometido por un grupo que no hace parte del denominado “Comando Central”, ¿qué garantías tendríamos de que el equipo negociador que propongan representa a todos los frentes y puede, por lo tanto, asumir compromisos vinculantes sin excepción alguna?

Si estas cuestiones previas fueren resueltas, habría que afrontar otras dos de la misma naturaleza.

La posibilidad de una tregua bilateral mientras la eventual negociación se adelanta, es una.

En las circunstancias actuales esa posibilidad es remota; el ELN está en guerra contra el Estado, pero tambien con grupos rivales en la frontera con Venezuela y por eso diría, con cierta razón, que no puede detener sus acciones bélicas.

Además, acuerdos de tregua bilateral no verificables, como los que ese grupo criminal siempre ha ofrecido, de nada valen. En la práctica, sería la Fuerza Pública el único actor armado que dejaría de actuar.

Si diéramos este paso, otra vez cometeríamos un error parecido al despeje del Caguán, que mucho le sirvió a las Farc para fortalecerse.

El protocolo de salida es otra cuestión que debe zanjarse ex ante. Consiste en el compromiso pactado con los negociadores de esa guerrilla, real o ficticia, para garantizarles que podrán regresar a los lugares estipulados si no hubiere acuerdo.

Haciendo un daño enorme a la credibilidad internacional del Estado, la administración Duque desconoció ese pacto, que estaba avalado por el grupo de países que acompañaron la negociación. Habría que restablecerlo.

Ya sobre el fondo de la negociación se precisa decirle al ELN que el Acuerdo Final con las Farc no puede ser modificado, por ejemplo para concederles curules parlamentarias, sin una reforma constitucional, un proceso dilatado y de incierto resultado que implicaría reabrir dolorosas heridas…. Mediante ley del Congreso, lo único que podría hacerse es extenderles los beneficios penales y sociales establecidos para los antiguos farianos.

Hace parte de los rituales propios de la transición política, en especial si el gobierno que llega es de izquierda, que los actores violentos recrudezcan sus acciones para intimidar al nuevo presidente.

Esta situación explica los asesinatos de policías indefensos y los conatos de toma de tierras en el departamento del Cauca. Boric, en Chile, está aprendiendo que mostrarse débil con los violentos es inútil.

México ha seguido la línea opuesta. Una institución seria -el Wilson Center- ha escrito hace pocos días: “México padece un interregno inédito… producto de una dinámica de correlación de fuerzas que progresivamente ha inclinado la balanza a favor de la criminalidad organizada… Con capacidades exhaustas y al límite, el Estado mexicano luce derrotado”. ¿Qué hará nuestro presidente?

Briznas poeticas. De José Manuel Arango: “En dónde alienta ahora / qué afanes la gastan / a quiénes entrega sus rostros / de asombro, de alegre ironía / de hastío / qué ajenas voces la solicitan / a ella, la mía, la marcada / con el vivo tatuaje de sangre / que la boca voraz / dejó en su garganta.”