La pobrecita Deyanira

Más que una audiencia judicial, parecía una telenovela venezolana. Según los dos exfiscales autoproclamados víctimas y varios abogados, la pobrecita Deyanira no hace sino sufrir desgracias a causa de una ristra de malvados que la persiguen con saña. Entre todos los martirios que ha sufrido la frágil dama, su defensor citó uno que debía encontrar espantosamente cruel: perder la propiedad de La Veranera, que la Fiscalía incautó tras el descubrimiento que hizo SEMANA.   

Cada día me convenzo más de la ira que les causa el que la revista les dañara el caminado. Hasta que SEMANA publicó todo el expediente y descubrió esa famosa finca, Juan Monsalve se daba la gran vida en La Picota, mientras engordaba a distancia su patrimonio. Deyanira Gómez, por su parte, jugaba a Mata Hari de la Corte y compraba y vendía bienes a su antojo.

Nadie los inquietaba, creían que seguirían aumentando felices su fortuna bajo el cobijo de los magistrados, de Iván Cepeda, la ONU y otros poderosos aliados.

Jamás pensaron que destaparíamos poco a poco una trama que aún esconde muchos secretos. Sigo viendo un inquietante paralelismo con el montaje del hacker que hundió a Zuluaga.

Lo que cabe preguntarse es si en represalia por dejar al descubierto que la Corte Suprema ayudaba a encubrir las mentiras y vacíos de Monsalve, la Sala Laboral del citado alto tribunal haya dictado una sentencia condenatoria contra Vicky Dávila. Además de que supone un ataque directo a la investigación periodística y que afecta a todo el gremio, resulta sospechoso que justo la emitan en estos momentos. ¿Tanto les duele que la revista que dirige los haya dejado en evidencia? ¿Creen que van a silenciarnos?

Prueba de la futilidad de su acción, que solo parece patadas de ahogado, es lo que publicamos en este número sobre la mina de oro.   

Y aunque todos sabemos que al final el proceso volverá a la Corte y la verdad será la única víctima real, es evidente que no les conviene que sigamos desnudando las auténticas identidades de Monsalve y su ex.

Si la señora no hubiese jugado un papel relevante en la última etapa del proceso, su extravagante pasión por los criminales, sus propiedades o contratar un abogado para la herencia de su padre, pertenecerían al ámbito de su vida privada y no sería ético exponerlas al público. Pero operó como agente de la Corte Suprema, encargada por los magistrados de grabar conversaciones para adjuntarlas al proceso, además de desempeñar un papel decisivo en un caso con unas particularidades que justifican que sus bienes y algunos pasajes de su pasado sean relevantes. ¿Acaso no quedan en entredicho las ayudas humanitarias que Cepeda otorgaba?

No puede pasar inadvertida su relación con un alto mando del frente 21 de las Farc. Sabía quién era y a qué se dedicaba el subversivo, que viajó a Bogotá para un tratamiento médico. Y colaboró con su causa. No se trataba, por tanto, de un exguerrillero arrepentido, sino de un asesino que seguía matando ciudadanos.  

Tampoco resulta creíble que sus nexos con el coronel Juan Pablo Prado solo fuesen producto de una entrañable amistad de juventud que aún perdura. Según el portal digital El Expediente, Deyanira le vendió un inmueble en Bogotá en $400 millones. Corría el año 2014, gobernaba Santos y el oficial era jefe de inteligencia.

Otro aspecto que ha salido a relucir y que muestra, de nuevo, de qué pie cojea la ONU en Colombia, son los detalles sobre el asilo-exprés que relató el abogado de la doña. Para la ONU, Álvaro Uribe y su abogado Cadena pensaban asesinarla y debían mandarla a una nación lejana con todos los gastos pagos. No tenían pruebas sobre el presunto crimen, solo suposiciones delirantes de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, que ya sabemos a qué tipo de criminales apoya, y de otras personas y entidades. El organismo internacional corrió a buscarle refugio en el exterior para, supuestamente, ponerla a salvo.

Esa rápida intervención con Deyanira contrasta de manera dolorosa con la respuesta a una petición que hizo en su día la Fundación País Libre. Suplicamos a la ONU ayuda para una familia amenazada de muerte por las Farc, que ya habían secuestrado y matado a dos de sus miembros. Corrían un riesgo verificable, pero a la ONU no le importó.

“Viajen por su cuenta a Brasil y cuando estén allá, se instalan y nos avisan. Y vemos cómo les ayudamos a conseguir el asilo”, contestaron. Sin garantías de nada, sin apoyo de ningún tipo.  

En todo caso y al margen de ese organismo, creo que si Deyanira Gómez se fue es porque convenía quitarla de en medio y convertirla en un testigo aislado. Así solo concede entrevistas a quienes la tratan entre algodones y no inquieren sobre los innumerables agujeros negros que dejan las pruebas sobre sus bienes, sus relaciones peligrosas y sus declaraciones falaces.

Otra semana me referiré al otro circo, al de las Farc y el magnicidio de Álvaro Gómez.