La polémica, pero desconocida, reforma política

La reforma tributaria se está comiendo el debate público que deberían tener otras importantes reformas que el Gobierno está liderando, como la reforma política, que en esencia es la plataforma de Petro para avanzar en su proyecto político. Los medios, la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil y los representantes de la inversión privada están tardando en entrar al debate, que es necesario para promover una reforma que apunte realmente a los problemas de nuestro sistema político y electoral, y que no sirva solamente a los intereses del gobierno de turno.

El Gobierno y sus aliados en el Congreso de la República le están dando prioridad a la reforma política, en trámite paralelo y silencioso en relación con la reforma tributaria, porque de su éxito dependen las grandes reformas que Petro quiere hacer en 2024 y 2025, incluyendo una posible reelección. Pero también el Gobierno empuja desde ya ese proyecto porque es el más largo de los trámites legislativos que le interesan, al requerir ocho debates legislativos -versus cuatro de la tributaria-, por tratarse de una reforma que contiene importantes modificaciones a la Constitución de 1991.

Habiendo surtido apenas el primer debate, la situación es clara: para el Gobierno y sus aliados es una prioridad en la que intentarán avanzar para evitar la asfixia del proyecto, que requiere cumplir cuatro debates este año y cuatro el próximo. El Gobierno ha acertado en retirar del proyecto algunas propuestas que amenazaban la democracia, como la facultad de destituir e inhabilitar a funcionarios de elección popular de parte de la Procuraduría General de la Nación, o el polémico artículo que apuntaba a reducir la edad para ser congresista a partir de los 18 años.

Si el proyecto queda vivo este año, el Gobierno apostará todo por lograr su aprobación el próximo año. Por ello resulta imprescindible que la sociedad deje de ver este proyecto como la reforma del Gobierno y de los políticos, a verse como la reforma que nos impactará a todos, incluyendo a los agentes de la producción y la competitividad.

Puntos claves: se incluyen las listas cerradas y bloqueadas con alternancia entre hombre y mujer; se fortalece la democracia interna de los partidos; se establece la posibilidad de conformar lista de coalición; se garantiza el servicio de transporte gratuito para la jornada electoral; el financiamiento de las campañas electorales será prevalentemente estatal con participación privada; se limita a cuatro periodos consecutivos la posibilidad de ser elegido; se crea un mecanismo para que, aprobada la reforma, los congresistas se puedan cambiar de partido (¡ojo!); se abre la posibilidad de que los congresistas renuncien y al siguiente día puedan ingresar al Gobierno (¡ojo!); y se establece el voto obligatorio para todas las elecciones (desde presidente hasta Asambleas).

Estamos entonces ante una eventual reforma que nos pondría a vivir -política y electoralmente hablando- en un escenario muy diferente al que tenemos hoy. Hay cambios muy positivos, como la garantía para que las mujeres tengan mayor representatividad, o para que los partidos pequeños puedan aliarse con otros para participar en las contiendas electorales, lo que beneficiaría a las minorías. Pero preocupan otras ideas como la posibilidad que tendrá el partido de gobierno de conquistar a miembros de la oposición, que se quieran cambiar de partido, o de premiarlos con puestos en el Ejecutivo tras renunciar como congresistas. Suena a que el Gobierno juega a conquistar a los que más pueda en el Congreso para lograr aprobar las siguientes reformas.

La financiación estatal prevalente de las campañas y el voto obligatorio son mecanismos aún más controversiales. El primero, podría estar encaminado a reducir el apoyo de los empresarios a las campañas de derecha, que suelen apoyar más en comparación con las campañas de izquierda; y el segundo, a asegurar un volumen de votos de los grupos más vulnerables que no tienen cultura de sufragar voluntariamente. Grupos que son la principal prioridad -y así debe ser por la sostenibilidad de nuestra nación- del gobierno actual. Pero que, obligados a votar, no dudarán en hacerlo por el gobierno actual, si les cumple.

Además, lamentablemente, la propuesta de reforma no hace referencia a la relación clientelista que impera en la política, a las irregularidades en la financiación de campañas, a la financiación ilegal que ha acabado con la institucionalidad de los partidos políticos, a la corrupción política que domina la mayoría de las regiones, a la convivencia de la política y el narcotráfico, o a las presiones de la subversión sobre los partidos. Nada de eso se aborda en esta reforma que claramente está hecha a la medida de unos intereses particulares.

Por ahí he escuchado que el gobierno de Petro nos está llevando a todos a hacer política. Incluso a aquellos que se resisten. Y así lo veo en esta ocasión, en la que la ausencia de los actores en el debate podría determinar el éxito de la reforma política que promueve el Gobierno. El sector privado, por ejemplo, tiene mucho en juego, pues un sistema político con más elementos clientelistas, como el que podría emerger, amenaza la seguridad jurídica y la modernización política que requiere la inversión.