La política educativa de Petro es hacer lo que la Ocde ordena (caso Universidad de Antioquia)

Esa orden es aumentar la demanda sin respaldar la oferta. El ejemplo de la Universidad de Antioquia lo demuestra. Mientras avisaba que no habría pago de la nómina de docentes y personal administrativo para la primera quincena de mayo –insuceso sin antecedentes en 50 años–, el rector John Jairo Arboleda, reelegido con los votos del Gobierno en el Consejo Superior en contradicción con el gobernador, explicó que están “como todas las universidades públicas, en crisis” (El Colombiano, 21/5/24). A su vez, elviceministro de Educación, Óscar Sánchez, decía que “tendríamos cubierta (…) en 2043, 80 por ciento de educación superior” (Blu Radio, 12/6/24). Deberíamos estar tranquilos.

Informes oficiales verifican las críticas finanzas de la Udea entre 2019 y 2024. Mientras los ingresos crecieron en ese lapso 43 por ciento, los gastos de personal lo hicieron al 53, y de funcionamiento, en general, al 57. Sin embargo, los recursos por esfuerzos propios de la universidad, con matrículas, extensión, contratos y varios, crecieron 58 por ciento, y las transferencias de los Gobiernos nacional y departamental, apenas 33. Por ahí se ve el hueco.

La inflación ocurrida en este periodo fue del 40,21 por ciento, y el índice de costos de la educación superior subió 67,29 puntos (Dane), el doble de las transferencias, y los estudiantes disminuyeron desde 41.462 en 2018 a 39.872 en el primer semestre de 2024. Esa avería se corrobora con el documento “Lineamientos para la recuperación financiera” de la Vicerrectoría Administrativa de la Udea del 14 de junio de 2024.

Estima que entre junio y agosto del año en curso el flujo de caja acumulado tendrá saldo en rojo de $58.253 millones y que 11 unidades académicas tendrán disponibilidad de caja negativa. Se suma que los ingresos fruto del esfuerzo propio en pesos reales son inestables y que el “apretón” requerido es de $76.884 millones. Dramático.

Contrario a esta evidencia, es insólita la propuesta del documento para solucionar la crisis, enfocada en el gasto en profesores de cátedra, que casi se ha doblado de 2019 a 2023 y cuyo valor subió 40 por ciento en salarios reales de 2014. Como estrategia exige reducirlos al máximo y ordena que sus horas de clase se reemplacen por profesores de planta, que en adelante comprometerían en sus planes de trabajo dictar no 7, sino 12 horas semanales, con lo que, al suprimirse cerca de un tercio de las horas cátedra en pregrado, se ahorrarían $20.995 millones. Bajaría el costo por estudiante.

El documento omite que la cuarta parte del gasto en horas cátedra se da en el componente de regionalización, el mecanismo como la Universidad de Antioquia –en cumplimiento de lineamientos oficiales– amplió la cobertura en ocho subregiones del departamento de Antioquia y en el Valle de Aburrá, 12 sedes alternas y un centenar de programas que tiene en Urabá, oriente, suroeste, Bajo Cauca, Magdalena Medio, entre varias.

La Asociación de Profesores afirmó que el desfinanciamiento es por “inadecuada planeación del gasto y endeudamiento de la institución” (11/6/24), y Pablo Cuartas, representante profesoral, dijo que “si solo se contara con los profesores vinculados no tendría como atenderse a la totalidad de estudiantes”.

Está demostrado que el germen de la crisis de la Udea es la política educativa de la Ocde de incentivar la demanda, a todo nivel, sin la contrapartida suficiente en la oferta, que es la misma idea que inspiró desde su presentación a la ley estatutaria de Petro. Declara un derecho universal sin presupuesto.

La reforma era mala y se dañó luego del tercer debate, algo que gremios profesorales, organizaciones estudiantiles y congresistas no habían reparado sino hasta que fue evidente tras los acuerdos de senadores de oposición con los del Pacto Histórico y la ministra Vergara. Bueno, más vale tarde que nunca.

El aspecto principal del hundimiento de la ley fue la derrota a Petro, pero sigue vigente la política de cobertura con sistema mixto terciario, que abarca prestadores “de garaje”, y con escasos recursos para las instituciones públicas. La ministra Vergara resalta como gran logro 64.729 nuevos cupos universitarios, de 500.000 prometidos en campaña, y cobertura del 55,4 por ciento, apenas superior al 54,43 de 2017.

¿Cuál es la garantía para 23 universidades nuevas inscritas en el Plan de Desarrollo si los eventuales aumentos de transferencias no sumarían en el incremento de la base presupuestal para los años siguientes?

Está pendiente la conquista de una educación democrática por la soberanía, con rigor científico, libertad de cátedra y autonomía escolar, como ha propuesto el profesor José F. Ocampo Trujillo, y, dado que Petro persiste en la nociva política educativa de la Ocde, el reclamado triunfo sindical aún es pasajero…